Secuestran autopartes ilegales por alrededor de 120 millones de pesos

Decenas de miles de autopartes ilegales y de dudosa procedencia fueron secuestradas en el marco de 17 allanamientos realizados ayer a la mañana a desarmaderos y locales de venta de ese rubro en distintos barrios de la ciudad. Fuentes allegadas a la operativo valuaron inicialmente el material incautado en más de 120 millones de pesos.

El procedimiento se concretó en el marco de una causa iniciada cuatro meses atrás por el fiscal de Investigación y Juicio Fernando Rodrigo, que trabajó con apoyo de la Dirección Nacional de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese sentido, más de cien efectivos de la Policía Federal (PFA) trabajaron en los allanamientos en los cuales se demoró, en principio, a quince personas cuya situación procesal es irá definiendo en las próximas horas.

Papeles

El origen de los allanamientos responde a una investigación iniciada hace cuatro meses en distintos locales de venta de autopartes de la ciudad. Así, mediante un trabajo de inteligencia previa de la Policía Federal, el fiscal Rodrigo ordenó allanar 17 puntos de venta de material que podría estar fuera de la ley.

Los allanamientos se concretaron durante la mañana. Varios fueron en la zona sur de la ciudad, donde se realizaron procedimientos en Ovidio Lagos al 6700, Cabildo al 700 bis, Battle y Ordóñez al 1600, bulevar Oroño al 3800, dos lugares en Cereseto al 6100, Ayacucho al 4400, Dinamarca al 500 y dos domicilios de Oroño al 5000. Asimismo, en la zona oeste se inspeccionaron locales en avenida Presidente Perón al 7000, Provincias Unidas al 2500, Mendoza al 4700, Pellegrini al 6000. En la zona norte se allanaron galpones en Olavarría al 1000 bis y Génova al 2600. Asimismo, se indicó que un procedimiento tuvo lugar en Cervantes y Santiago del Estero, en Villa Gobernador Gálvez.

Según el fiscal Rodrigo los allanamientos tuvieron el objetivo de constatar si se cumplía o n con la ley 25.671 que regula la actividad de los desarmaderos en el país. En ese sentido explicó que los locales tienen que estar habilitados en el Registro Unico de Desarmaderos y Actividades Conexas y de los sitios allanados sólo uno contaba con ese permiso, por lo cual "una presunción de ilicitud respecto de las actividades que desarrollaban".

Los 17 locales de autopartes fueron inspeccionados por 102 agentes que se encargaron de cotejar, entre otras cosas, si la mercadería ofrecida al público cumplía con los requisitos legales. Y en caso de detectar material ilegal se comenzó a trabajar en detectar cómo llegaron a esos puntos de venta.

Inspecciones

"La investigación comenzó hace cuatro meses y todavía continúa", sostuvo Rodrigo ayer al mediodía en una conferencia de prensa brindada junto con el director de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes de la Nación, Luis Alberto Fernández, y el comisario inspector de la PFA Marcelo Farías.

"Primero realizamos un punteo de los lugares de comercialización de autopartes, luego nos adentramos a observar cómo trabajaban y establecimos que en algunos casos no cumplían con la ley. Entonces el fiscal ordenó los allanamientos y hoy (por ayer) fuimos a profundizar. Así se estableció que muchas de las autopartes vienen del desguace de automotores robados. Y como se sabe, en el robo de vehículos suele emplearse muchas veces una inusitada violencia porque suelen robarse a mano armada", explicó Fernández, quien calculó el material incautado en "decenas de miles" de autopartes.

Los responsables de los operativos señalaron que la gran mayoría de las autopartes provenían del desguace de autos robados. Que fueron cortadas en desarmaderos y puestas a la venta como si fueran repuestos comunes. En ese sentido, se aclaró que uno de los locales allanados contaba con habilitación del Registro de Desarmaderos pero ofrecía productos sin el debido sticker, lo cual denota su carácter ilegal. Luego se rastrea cómo llegaron a esos puntos de venta.

El operativo fue tan grande que al cierre de esta edición todavía se estaba procesando la información recabada. En ese sentido, al preguntársele sobre el valor económico del material incautado, los voceros consultados realizaron una estimación inicial en el orden de los 120 millones de pesos, aunque había que terminar de establecer si todo el material secuestrado era mal habido.