Una abogada de 32 años fue sancionada con tareas comunitarias consistentes en donaciones económicas y tareas comunitarias para entidades de bien público, además de ser suspendida durante dos años para el ejercicio de la profesión. Es que la profesional fue hallada culpable de un intento de estafa procesal por manipular datos de expedientes judiciales con los cuales se intentó desapoderar de un inmueble a su verdadera heredera. En ese contexto otro abogado, para quien trabajaba la acusada, también quedó involucrado como sospechoso de haber sido el ideólogo de las maniobras investigadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En el requerimiento acusatorio los fiscales Fernando Dalmau y María José Bertotto, de la unidad de Investigación y Juicio del MPA, realizaron la formal acusación contra Paula C. por la comisión de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa, defraudación por mutilación de expediente judicial, uso de documentación pública falsa y sustracción de documentos de prueba.
Según los investigadores, la profesional trató de obtener de forma fraudulenta una decisión favorable en el expediente Nº 876/12, por el cual Víctor M. accionó contra Ernesto L. con el fin de lograr a nombre del primero la escrituración de un inmueble de la zona norte. La maniobra incluyó la presentación de una demanda de escrituración en el juzgado Civil y Comercial Nº 9, "a sabiendas de la falta de derecho del actor", dice la acusación.
El objetivo era lograr la inscripción del inmueble a nombre de Víctor M., un supuesto cliente del estudio donde trabajaba Paula C. En tal sentido la abogada —no se descarta que haya sido manipulada por quien era su jefe— presentó un boleto de compraventa apócrifo con fecha del 1º de octubre de 1986 donde figuraban los originales titulares como vendedores y una mujer como compradora. A ese documento se agregó otro, fechado el 19 de octubre de 2009, por el cual la falsa compradora realiza una cesión de derechos y acciones del inmueble a favor de Víctor M.
Con el objeto de consumar la estafa, según comprobaron los investigadores, en octubre de 2013 la abogada se apoderó de documentación original del expediente donde se tramitaba la herencia, lo cual fue oportunamente denunciado por el entonces juez Marcelo Bergia, ya retirado.
Sospechas
La estafa se desbarató cuando la verdadera heredera del inmueble, Silvana L., se presentó en el juzgado y le comentó a Bergia sobre las irregularidades y trabas que encontraba en la tramitación de la causa. En ese sentido, aportó documentación que respaldaba sus sospechas sobre un supuesto fraude.
De los registros del juzgado surgió que esa presentación de Silvana L. fue incorporada al expediente el 9 de septiembre de 2013. Sin embargo, un mes después, la abogada Paula C. retiró el expediente y cuando lo devolvió le faltaban fojas, documentación y decretos.
El ardid comenzó a develarse cuando la denunciante contó que comenzó a recibir cédulas de notificación que luego se determinarían que eran falsas (así lo acreditó un oficial notificador), ya que los dueños del inmueble habían fallecido y el domicilio era inexistente.
También se le tomó declaración a Bergia, quien dio cuenta de la denuncia que radicó en el MPA cuando detectó la irregularidad. El magistrado contó en esa oportunidad las circunstancias en las que la abogada Paula C. se presentó en su despacho junto con otro profesional, identificado como David F.
En ese encuentro quedó en evidencia que la abogada pudo ser manipulada por el profesional para el que trabajaba. Es que en la reunión, según recordó Bergia, era David F. quien tenía conocimiento absoluto de los detalles de la causa civil. Ese abogado manifestó que eran sus clientes y que había derivado la tramitación del expediente a Paula C.
Cuando el juez los interrogó sobre la documentación que había desaparecido del expediente, ambos profesionales dijeron desconocerla. Sin embargo, hubo una propuesta de David F. que llamó la atención: dijo que hablaría con su cliente para que devolviera el inmueble, si eso fuera útil para solucionar la grave situación que salió a la luz.
En la causa además figura la declaración de la damnificada, que ratificó que jamás firmó un boleto de compraventa de la propiedad ubicada en Washington y Valentín Gómez —barrio La Florida— antes del 17 de marzo de 2014. "No conozco ni he conocido a la persona que figura como compradora de ese terreno en el boleto de 1986 (Adelma J.), tampoco a Víctor H. M. (quien aparece recibiendo derechos en el boleto falso) ni tampoco a la abogada", narró la heredera.
Asimismo, un perito calígrafo designado por la Corte Suprema de Justicia corroboró algunas de las irregularidades. Entre ellas, que la firma que figuraba en el boleto no era de la damnificada; que la firma del poder de cesión de derechos y acciones atribuida a Víctor H. M. también era apócrifas. Y que algunas firmas atribuidas a Paula C. en los expedientes era propias y otras no.
A juicio
Con todas esas evidencias y la investigación concluida los fiscales Dalmau y Bertotto elevaron formularon la acusación y el pedido elevación de la causa a juicio contra la abogada, que fue imputada de los delitos intento de estafa procesal y de defraudación por mutilación de expediente judicial, uso de documentación pública falsa y sustracción de documentos de prueba.
"Debe destacarse que la profesional utilizó su titulo de abogada y el conocimiento de la práctica judicial en atención a dicha circunstancia, con pleno conocimiento de los hechos. A ello debe sumarse adicionarse la modalidad de comisión de los hechos, su reiteración, los diversos bienes jurídicos afectados, la violación de toda norma ética y buena fe procesal, lo que denota la palmaria intencionalidad de su conducta defraudatoria al imponer un abuso y manipulación del derecho y del proceso", remarcaron los fiscales en el escrito acusatorio.
Sin embargo, la investigación tampoco desvió la atención sobre el supuesto ideólogo de las maniobras, el abogado David F., quien quedó sometido a proceso y ya fue acusado de las maniobras.
Con esa carga probatoria los fiscales solicitaron para la abogada la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, accesorias legales y costas del proceso. Sin embargo, tras una serie de tratativas y consideraciones entre las partes (la acusada fue defendida por el abogado Marcelo Argenti) el caso se cerró en un procedimiento abreviado con la aplicación del instituto de la probation como pena.
La homologación del acuerdo se selló en Tribunales en una audiencia pública celebrada semanas atrás y presidida por la jueza Hebe Marcogliese, donde las partes manifestaron su acuerdo. En ese contexto, finalmente se decidió que la acusada fuera suspendida del ejercicio de su profesión y cumpliera con una probation (ver aparte) consistente en donaciones y tareas comunitarias.
El abogado para el que trabajaba la profesional también es investigado como presunto ideólogo de las maniobras
