“En términos de violencia interpersonal, Rosario es una de las ciudades
menos inseguras de América latina”. Quien pronunció esta afirmación es el abogado y
criminólogo rosarino Enrique Font, designado ayer secretario de Seguridad Comunitaria de la
provincia.
Esta dependencia desarrolla políticas y programas de participación
ciudadana para prevenir delitos. Para tal fin el funcionario designado cree que son claves las
acciones de los municipios.
Font ya colaboraba con la gestión del gobernador Hermes Binner. Desde el
año pasado supervisa un proyecto de intervención para el abordaje del delito en la ciudad de Santa
Fe, en el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Ahora reemplaza en el cargo a Ubaldo Modarelli, que fue designado para
coordinar el programa de titularización de viviendas sociales, en la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo. Font tomará el cargo en agosto.
—¿Qué implica el trabajo en seguridad comunitaria?
—Implica ser coherentes con la concepcion que piensa la seguridad
como un fenómento multifacético complejo y que como tal requiere abordajes de corto, mediano y
largo plazo. Ser coherentes supone reconocer que el fenómeno de la seguridad, más o menos serio o
lesivo, requiere ser abordado por un conjunto de intervenciones que complementan las tradicionales
policiales o punitivas. Y tienen que ver con vincular otras áreas del gobierno, de las politicas
públicas, al abordaje de los problemas de seguridad. La idea de comunitario no se limita a la
participación de la sociedad civil en la materia: hay que sumar a eso la articulación de políticas
públicas.
—Qué otras areas del gobierno deberían participar en esta tarea?
—Depende del problema para involucrar a distintas áreas. Por
ejemplo, si existe una cuestión que involucre violencia interpersonal con armas entre jóvenes pero
que no está vinculada con una economía delictiva, deberá tener un abordaje que implique políticas
hacia el tiempo libre, la inclusión y la exclusión social en clave no sólo material, sino también
simbólica y cultural y que tenga que ver con reducir una economía de armas.
Acá existe una lógica mucho más de desarrollo social y de cultura. Cito
otro ejemplo: el robo de ciclomotores, donde hay una fuerte victimización entre la persona que
transita en el ciclomotor y quien lo roba. En este caso, aparecen otros aspectos además de la
intervención policial. Se debe operar sobre un mercado ilegal de compraventa de motos. Para eso hay
que controlar las habilitaciones municipales de comercios donde se venden (los rodados), verificar
si los vehiculos tienen patente y arreglar con las concesionarias para que las motos nuevas se
vendan patentadas.
—Suele sostenerse que la seguridad es competencia de la policía.
¿Qué opina de esto y de la decisión de algunos sectores de la sociedad de garantizar su propia
seguridad?
—Hay aspectos importantes de la trayectoria del fenómeno de la
seguridad que tiene que estar en manos de la policía. Por algo (la fuerza) cuenta con 17.500
empleados, funciona la 24 horas y los 365 días del año, pero hay cuestiones en las que tienen mucha
incidencia y otras —lo reconocen los policías— escapan a su órbita de intervención. Por
ejemplo, la violencia interpersonal por conflictos vecinales.

































