Revelan una fuerte falta de control sobre la venta legal de balas en Rosario

En mayo pasado, mediante un agente infiltrado, tres fiscales de Rosario descubrieron la actividad de una banda comercializadora informal de armas poderosas en la ciudad, en la que tenían participación policías de la Unidad Regional II. Los regentes del negocio se dedicaban a estos asuntos en zonas sometidas a los rutinarios estragos de las balaceras. Solamente en una mañana se encontraron diez pistolas en un depósito de barrio Saladillo. Dos armerías quedaron en la mira.

Este martes por la mañana, en la audiencia donde debía revisarse la prisión preventiva de uno de los acusados, surgió la nítida evidencia de que en una ciudad cruzada por violencia con armas en manos de civiles el control oficial sobre las armas y municiones es un déficit alarmante. Los fiscales se centraron en la actividad de José Luis Andino para demostrar que este hombre de 48 años, imputado por manejar el galpón de Saladillo donde se surtía de armamento a distintos grupos, había hecho compras asombrosas, por la cantidad y el precio pagado, de material en una armería autorizada.

Se demostró que Andino en un solo día del pasado mes de septiembre adquirió la alucinante cifra de 21 mil balas en la armería Bordoni de Seguí 1745, propiedad de un comisario mayor retirado de la policía provincial. Y que pagó por otras seis mil en una sola jornada de noviembre del año pasado. Sus compras solamente en 2020 totalizaron dos millones de pesos. Lo que se llevaba eran mayormente balas para armas 9, 38 y 45 milímetros. Se trata de los calibres más utilizados para concretar balaceras, homicidios, abusos de armas y lesiones.

Frente a estos datos, el pedido de prórroga de prisión preventiva contra Andino, que se acordó por otros 60 días, se convirtió en una anécdota. Lo central es que las evidencias que acumuló la fiscalía en este tiempo desplazan la investigación a una etapa donde queda sobre la mesa determinar las responsabilidades de las agencias de control del Estado para que en armerías legales puedan comprarse veinte millares de balas en 24 horas sin que salte ninguna alarma.

Eso resaltaron en el trámite los fiscales Pablo Socca y Valeria Haurigot, encargados de la unidad que investiga balaceras en la Fiscalía Regional Rosario. Según señalaron la delegación encargada de supervisar la actividad de armerías, la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar) está con sus puertas cerradas desde que comenzó la pandemia, trabajando online con tres burbujas, es decir con un tercio del personal por vez.

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Al iniciarse la investigación sobre los finalmente detenidos por venta ilegal de armas y balas se llegó a la primera audiencia imputativa en mayo. Entonces Andino sostuvo que tenía balas porque es cazador y solía ir a cazar patos y chanchos silvestres en Entre Ríos. Los fiscales detectaron que su armería de confianza era Bordoni por lo que ordenaron el secuestro de los libros de registro y del control de la Anmac. Con perplejidad descubrieron un descomunal exceso en sus compras. La tarjeta de consumo de un legítimo usuario, plantearon los fiscales, permite adquirir no más de mil municiones por compra. Al exceder esa cantidad no se puede vender más en un día. Tampoco si el usuario tiene vencidas sus autorizaciones.

“Cuando nos preguntamos cómo se proveen de armas los sectores civiles que producen balaceras a diario solemos pensar en barcos blindados que dejan cajones de armamento en las costas del Paraná. Pero lo que se advierte acá es que se venden sin control armas y balas como caramelos en bocas de expendio autorizadas”, sostuvo un portavoz de la investigación.

Exactamente eso en el caso de Andino pareció evidenciado en la audiencia. Los fiscales demostraron que este hombre que lleva dos meses preso y estará otros dos más tenía en su poder 33 armas de fuego. ¿Alguien controla los motivos por los que una persona, aún de manera legal, puede acumular tres decenas de armas? Lo que seguro no se controló fue que Andino pudiera comprar en el mostrador de un comercio habilitado 21 mil municiones en dos días. El organismo público tampoco le pregunta a un usuario que adquirió mil balas en un mes qué hizo con ellas para reiterar la compra a los treinta días. No pasó con Andino por lo menos, observaron los funcionarios.

Al dictar la prórroga de la prisión preventiva de Andino, la jueza María Trinidad Chiabrera mostró un desconcierto explícito por estas cosas. De las planillas expuestas por los fiscales, dijo la jueza, se evidenciaba que el acusado retiró 40 mil municiones en un año pagando dos millones de pesos. En números finos, 39.410 municiones por 1.972.420 pesos. ¿Estaba al tanto la Anmac? ¿Puede la armería despachar semejante cantidad de proyectiles en una ciudad donde arrecian los disparos en la vía pública y las balas parecen salir de los árboles?

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En la primera audiencia a Andino los fiscales le atribuyeron el rol de proveer balas a una organización delictiva, sobre la base de una entrega controlada en la que el acusado sacaba una caja de su galpón que luego fue entregada a otro miembro de su grupo, quien a la vez se lo dio a un agente encubierto quien bajo instrucción de la fiscalía pactó la compra. “Esto sin que nunca le pregunten para que o para quién eran las balas. Es obvio a nuestro criterio que esta persona que es sodero de profesión vive de vender balas”, dijo la fiscal Haurigot.

En este encuadre quedó enunciado en el planteo de los fiscales que el control que ejerce la Anmac es una formalidad sin aplicación porque nadie pide rendir cuentas acerca de en qué usó las balas una persona para inmediatamente comprar más. Un número muy alto de balas compradas en el circuito legal por notables sumas de dinero.

Las armerías indican que un legítimo usuario de armas que se presenta puede comprar hasta mil balas de calibre grueso ante la autorización online de la Anmac al tenedor que muestra los papeles que se deben constatar no estén vencidos. En la reglamentación hay un gris: no son mil balas por mes sino por vez y por cada renglón de la tarjeta, que son entre diez o doce.

"Mil balas por mes parece mucho pero para quien hace práctica de tiro deportivo no lo es", dice un usuario que pide reserva de nombre. "Yo cuando practico quemo hasta 1.500 tiros en una semana". La Anmac solo verifica, si hace auditorías al usuario, que el comprador no tenga más balas que las que adquirió online a la armería. "Si tiene menos no pasa nada. ¿Cómo se controla a quien dice haber tirado mil tiros en un campo durante una práctica?", se pregunta el usuario.

Al menos no se lo puede reprochar. El fin ilícito se tiene que probar, no se lo puede presumir. Lo que pasa mientras tanto es que una persona puede comprar en doce días hábiles 12 mil balas.

Pero el caso tratado esta mañana en audiencia mostró que se pueden comprar balas en un comercio legal y darles un fin que pone en jaque a la seguridad pública. Por vender municiones de manera copiosa y en forma regular en una ciudad donde el mayor problema de orden público son las balaceras, en un caso donde el delito está sostenido en evidencia variada y no es excarcelable, los fiscales pidieron prisión preventiva por el máximo plazo para el acusado. La jueza concedió 60 días.

Este caso no solamente muestra que no saltan alertas lógicas cuando una armería tiene capacidad de vender a un usuario legítimo de un arma una cantidad de balas llamativa. También desliza preguntas sobre cuán lógico es que una persona acopie indefinidamente armas legales sin mecanismos rigurosos de seguimiento.

En esto en el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) hay posiciones discordantes. A principios de año un fiscal de Reconquista tuvo una posición de flexibilidad frente al allanamiento de la vivienda de un directivo de la empresa Vicentin en la ciudad de Avellaneda. El acta de allanamiento consignó que en la casa allanada el 14 de diciembre de 2020, a requerimiento de un fiscal de Rosario, se encontraron diez pistolas de marcas importantes como Glock, Sig Sauer y Browning. También fusiles, rifles, revólveres, cargadores, más de mil municiones y hasta una ametralladora USI Pistol 9 milímetros de origen israelí. Todo se devolvió porque a criterio del fiscal de Reconquista que recibió el legajo colateral todo estaba registrado a excepción de un arma de colección. “Frente a esta cantidad de armas seguramente en Rosario el criterio habría sido otro”, dijeron fuentes del MPA local.