Policiales

Reveladoras confesiones en la audiencia imputativa a jefes policiales

Fue en la maratónica audiencia cautelar para el ex jefe de la fuerza Rafael Grau y otros 7 imputados. Dijeron que toda la policía conocía el ilícito y hablaron de coimas

Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Uno de los ocho imputados en la investigación por fraude que tiene entre los acusados al ex jefe de la policía santafesina Rafael Grau reveló haber ideado el "negocio" que consistía en facturar reparaciones mecánicas de móviles que no se realizaban. En su declaración explicó cómo funcionaba la organización, detalló roles y dijo que el 70 por ciento de lo recaudado iba de coima a la policía.

Esos elementos, sumados a los volcados por otros imputados que pidieron declarar a puertas cerradas en la maratónica audiencia de prisión preventiva que comenzó el lunes a la tarde y culminó la madrugada de ayer en los Tribunales de Santa Fe, permitieron al fiscal Roberto Apullán consolidar su teoría del caso y asegurar otras hipótesis, entre ellas que la defraudación excede largamente los 96 mil pesos que se habían acreditado al momento de las imputaciones. Además, abre la puerta para otra investigación teniendo en cuenta que entre las declaraciones se dijo que "toda la policía estaba al tanto de estas maniobras" tanto en el ámbito de la Unidad Regional I (Santa Fe) como en la Unidad Regional II (Rosario).

En ese contexto, más allá de los elementos agregados a la investigación, se definieron en la audiencia las prisiones preventivas de los imputados, de los cuales sólo uno terminó tras las rejas: el titular de Habilitaciones de la Policía provincial, Ariel Villanueva (ver aparte).

Acusados

Rafael Grau es uno de los ocho imputados en una investigación iniciada en mayo de 2016 a partir de un anónimo recibido por el Ministerio de Seguridad santafesino. La semana pasada el ex titular de la policía provincial fue detenido junto con siete personas acusadas de integrar una organización que facturaba reparaciones de móviles policiales que nunca se concretaron, ocasionando un fraude inicialmente comprobado por 96.616 pesos que ya se estima mucho mayor.

La semana pasada Apullán acusó a los ocho detenidos de integrar una "asociación ilícita en concurso real con la autoría o coautoría de defraudaciones consumadas por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en 16 oportunidades". Al oficial Ariel Villanueva y al mecánico Facundo T. los imputó como jefes y organizadores del grupo; a Grau y al oficial José María Leiva (ex titular de Logística de la policía santafesina) sólo como organizadores, al igual que a Noelia B., sospechada de analizar las facturas que se presentaban en el departamento policial. En tanto, la misma imputación pero en carácter de miembros de la asociación fue para los mecánicos Andrés S., Rodrigo R. y Artemio B.

Definidas las imputaciones, el lunes a las 16 estaba prevista la audiencia para resolver si quedarían detenidos con prisión preventiva. En general, en esos trámites se tratan cuestiones técnicas sobre la calificación del delito y la peligrosidad procesal, es decir si la liberación de un sospechoso puede poner en riesgo la investigación en curso. Sin embargo, algunos de los imputados pidieron declarar a puertas cerradas.

Las declaraciones (Grau fue el primero y habló una hora y media) se extendieron hasta las 23 y arrojaron, tal vez en forma inesperada, varios elementos para incorporar con rango de evidencia ya que, según insistió el fiscal, fueron realizadas ante el juez y con control de las partes. Luego se trataron las situaciones cautelares en una audiencia que se prolongó hasta las 2.15 de ayer.

Confesiones

"Las pruebas acreditan los roles que les atribuí a cada uno y, luego de escuchar las declaraciones de los coimputados, mucho de lo que decíamos fue confirmado", dijo el fiscal a la prensa tras la maratónica audiencia.

Al referirse a la declaración de Grau, que dijo no tener conocimiento de los fraudes que se le atribuyen, el fiscal mencionó declaraciones de otros imputados que indican que el ex jefe "tenía conocimiento de situaciones irregulares como la de un proveedor que contrataba con la policía y no podía, ya que facturaba por servicios mecánicos pese a prestar servicios de gráfica", dijo en alusión a Facundo T.

"Uno de los funcionarios imputados —agregó— planteó que el circuito administrativo para pagar era imposible de cerrar sin la firma de los jefes; las órdenes de pago requerían la firma del jefe de la policía y el habilitado así como las rendiciones de cuenta".

Además, el fiscal abundó sobre elementos que surgieron en las declaraciones con rango de prueba, en algunos casos "confesiones de ilícitos graves". Al respecto, refirió lo declarado por "uno de los imputados como jefe" (Facundo T.) que "dio a entender que él había ideado el negocio y se lo propuso a la policía". Según reveló el fiscal, este imputado describió los roles de cada uno y señaló que el 70 por ciento del dinero iba "era coima para la policía".

También señaló que uno de los policías imputados alegó presiones de sus superiores para que no interfiriera en las maniobras. "Uno de los coimputados dijo que luego de un allanamiento al D4 (Departametno de Logística) en mayo pasado Grau, ya retirado, lo citó junto con Villanueva y lo presionaron para que firmara los certificados necesarios para cerrar el circuito de arreglos y servicios mecánicos".

Detalles

Entre los nuevos elementos decantados de las declaraciones, el fiscal mencionó un allanamiento en la casa de un imputado —no lo confirmó, pero sería Villanueva— en el que se hallaron "unos 900 mil pesos en efectivo, 60 mil dólares y cientos de euros". Y entre los detalles de las maniobras, graficó "dos particularidades" de los vehículos por los que se facturaron arreglos nunca hechos. "Uno era un colectivo de la policía que se presentó como reparado pero está totalmente deteriorado. Y otro es un móvil asignado a la custodia del gobernador cuya competencia no sólo es ajena al D4 sino que ni siquiera está en la órbita del Ministerio de Seguridad".

Pero las revelaciones fueron más allá incluso del caso investigado por Apullán. "Cuando le planteé a uno de los imputados la irregularidad de contratar a un proveedor de servicios gráficos para realizar reparaciones mecánicas, me dijo que esto «lo sabía toda la policía». Le pregunté si había planteado algo de eso a sus superiores y respondió que sí, pero que no habían hecho nada. O sea que tanto Villanueva como T. pudieron trabajar con la anuencia del jefe del D4 y de la policía", sostuvo el fiscal, para agregar que este tipo de maniobras eran comunes en la Unidad Regional I y en la II.

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