El procurador general de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, le recomendó a la Corte Suprema de la provincia que inicie un sumario al camarista penal Guillermo Llaudet por la actuación que tuvo en el trámite en el que se le concedió, durante la feria judicial, la salida de prisión al financista Patricio Carey, quien está imputado por vender moneda extranjera a un hombre que se dedicaba al comercio de drogas, y que no podía justificar ingresos con actividades lícitas.
El planteo del procurador responde positivamente a una demanda de la actual fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y del fiscal que lleva el caso, Sebastián Narvaja. El pasado 6 de enero, Patricio Carey recuperó la libertad por orden de Llaudet, quien declaró en una audiencia inválida su detención del 4 de diciembre, cuando bajaba de un avión en el que regresaba de Qatar. En esa ocasión, el camarista dejó una fortísima recriminación a quienes investigaron y pidieron al detención. “Nuestro Código Procesal Penal no habilita a que un fiscal meta preso a alguien cuando se le da la gana, sino que le reconoce a la detención como herramienta que restringe la libertad personal, pero limitada a su uso racional en casos indispensables”, dijo.
Ahora Barraguirre tuvo en consideración varios aspectos de la intervención de Llaudet a su criterio posiblemente reprochables. Primero, señaló que de manera poco comprensible habilitó la feria, es decir levantó el receso del tribunal para ocuparse personalmente del trámite, cuando había otra magistrada designada para intervenir y con fecha.
También afirmó el procurador, tomando los argumentos de la regional, que Llaudet hizo esto adoptando el criterio opuesto que mantuvo en otro caso, y sin dar una explicación del cambio: el de un imputado por delitos sexuales que pedía una audiencia de revisión durante la feria del año pasado, ante lo cual, con argumentos, el camarista rechazó intervenir.
Además, reprochan a Llaudet que no observó que había nuevos motivos para reforzar la imputación del financista: el fiscal ordenó la detención de Carey cuando llegó de un viaje del exterior porque pese a tener autorización para viajar se había acumulado, en su ausencia, nueva prueba a partir de un testigo empleado de la financiera que volvía razonable pedir la prisión preventiva. Medida que decidió la jueza Melania Carrara al considerarlo admisible.
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Carey pidió entonces que se examinara la medida de prisión y fue designada para la revisión la camarista Georgina Depetris. El 2 de enero la oficina de gestión judicial asignó el trámite a Llaudet que aceptó intervenir en la apelación de la defensa. Pese a que, dicen los fiscales y recoge el procurador, su criterio fue el contrario un año antes ante el caso de abuso sexual en trámite.
Para el fiscal del caso y para Barraguirre, esta decisión de Llaudet que no explica su cambio de criterio afectó seriamente la posibilidad de persecución porque los fiscales que llevaban el caso estaban de licencia.
Ante eso el procurador le recomendó al presidente de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, que el máximo tribunal provincial inicie una investigación administrativa a efectos de dilucidar la posible comisión de irregularidades del camarista.
El financista Patricio Carey está imputado desde marzo de 2021 de tres delitos como directivo de la financiera Cofyrco: lavado de activos, tenencia ilegal de DNI ajenos y encubrimiento por venderle en forma ilegal dólares al narco Marcelo “Coto” Medrano, posteriormente asesinado.
Esta misma causa ya tiene dos socios de la financiera que aceptaron su responsabilidad en los delitos acusados y recibieron condena.