Ramón Ezequiel Machuca, más conocido como "Monchi Cantero", sufrió un nuevo traspié en su camino al juicio oral y público al que será sometido como uno de los jefes de Los Monos. El viernes pasado, en un audiencia oral y pública en la cual expuso su desenfado y acusó una vez más al juez Juan Carlos Vienna por su parcialidad en la instrucción del expediente, planteó al camarista Daniel Acosta que le autorice la inclusión de una serie de pruebas que ya habían sido rechazadas en primera instancia. Pero ayer el magistrado le dijo que no a todos y cada uno de sus pedidos y confirmó la resolución que había sido recurrida.
Los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure, en nombre de Machuca, habían pedido a la Cámara que se acepte discutir en el juicio oral pruebas tendientes a revisar la conducta del juez Juan Carlos Vienna y apuntalar la teoría de que no fue imparcial en la investigación. En ese sentido solicitaron, por ejemplo, que se incorporen a la discusión las pruebas ofrecidas en el juicio en el que fue condenado por narcotráfico el empresario Ariel Spadoni, quien tenía una concesionaria de motos en Mendoza al 1400 y fue apresado por el operativo "Peras blancas", por el cual enviaban a Europa cocaína en toneles con pulpa de fruta.
El interés de la defensa de Machuca se centra en que una moto de alta cilindrada secuestrada en el local de Spadoni había sido de Martín Paz, el joven asesinado el 8 de septiembre de 2012 en un hecho que derivó en la persecución judicial a Los Monos, y a través de su padre Luis llegó al juez Vienna. En ese sentido, el camarista manifestó que "si bien no constituye la declaración de magistrados instructores una práctica regular en lo atinente a la producción de la prueba y menos aún cuando se pretende emplearla para formularle un reproche de índole imprevisible, no puede decirse lo mismo respecto del señor Luis Paz cuyo testimonio resulta admisible para su producción en el juicio".
Otro de los reclamos hechos por "Monchi" fue que se amplíen las declaraciones de las parejas del juez Vienna y de Luis Paz, quienes viajaron con los citados a presenciar al menos un par de veladas boxísticas en Estados Unidos. Pero para Acosta "es superabundante" el material ya aportado por las mismas "en función de la teoría del caso de la defensa e implicaría un alto grado de vulnerabilidad", por lo que "no deben proveerse las declaraciones testimoniales de Graciela Franco y Laura Maida.
Un tercer punto rechazado por Acosta refiere a la solicitud de conocerse los movimientos de tarjetas de crédito realizados por ambas parejas en esos viajes. Al respecto, el camarista dijo que "el pedido y los nuevos argumentos no logran concretar un anclaje en la admisibilidad probatoria del caso sometido a juicio" y que "la laxitud del pedido atenta contra la virtualidad del secreto bancario".
En relación al pedido de que preste testimonio el mismo juez Vienna, Acosta afirma que "corresponde remitirse a la resolución de primera instancia y simplemente agregando el carácter imprevisible de las consecuencias se ha ido acotando dejando patente su inadmisibilidad". Y agrega: "Si al doctor Vienna se lo ha denunciado penalmente por los hechos sobre los que se lo pretende interrogar como testigo, ciertamente que habrán que colocarlo en situación de declarar bajo juramento en su contra" y es por ello que "corresponde confirmar el rechazo de la prueba".
Sobre la posible declaración en el juicio de la ex jueza y actual candidata a diputada nacional, Alejandra Rodenas, dice Acosta que "se impone el rechazo no sólo por su condición de ex jueza con intervención en la causa, sino además porque independientemente de las declaraciones actuales que formule en su rol de candidata a diputada nacional, los dichos propuestos remiten a valoraciones que se extraen en el contexto de la lucha política y la esgrima verbal".
El gobernador no
Finalmente, respecto al pedido de declaración del gobernador Miguel Lifschitz, su testimonio "se rechaza por ser manifiestamente impertinente toda vez que no se advierte conducente para lo que se pretende probar (la inexistencia de una asociación ilícita) ya quecomo se desprende de la solicitud la defensa hace mención a manifestaciones públicas del mandatario santafesino en un programa televisivo del 20 deoctubre de 2016 sobre la «inexistencia en la provincia de Santa Fe de organizaciones delictivas de complejidad», mientras que los hechos que se juzgan datan del año 2013 y cuando el mismo no revestía como gobernador".
