Rebajan la pena a un condenado por intentar matar de un tiro a su cuñado

La Cámara Penal redujo a la mitad la pena para un hombre que había sido condenado a once años de prisión por el intento de homicidio de su cuñado. Se trata de Manuel Ignacio Capiaquí, sentenciado meses atrás como culpable de haberle disparado a Francisco Quevedo y hacerle perder el control del rodado que éste manejaba para luego chocar con un auto.

El acusado había sido condenado a once años por ese hecho y por otra condena que para los jueces no había terminado de cumplir. Sin embargo, el fallo fue analizado en segunda instancia por los camaristas Carina Lurati, Gabriela Sansó y Javier Beltramone, quienes coincidieron en que la otra pena había vencido antes de que terminara el juicio oral por este segundo episodio. En este sentido, los magistrados confirmaron la sentencia por lo que consideraron, al igual que sus antecesores, un intento de homicidio por lo cual fijaron la pena en cinco años y cuatro meses.

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2014, cerca de las 20, en Mendoza y San Diego de Villa Gobernador Gálvez. Por allí circulaba en una moto Francisco Quevedo cuando un hombre desde otra moto se le puso a la par y le disparó. El joven de 19 años fue rozado en una oreja por una bala; eso le hizo perder el control de la moto y terminó chocando contra un auto. Antes de ser llevada al hospital Gamen, la víctima alcanzó a decirle a su hermana Belén que el agresor había sido su entonces ex pareja: Capiaquí.

La teoría del caso situó al acusado, detenido tres meses después, enfrentado con la familia de Belén. Cuestión que fue desvirtuada luego por el testimonio de la joven que dijo haber perdonado a su ex.

Al llegar a juicio la fiscalía acusó al Capiaquí de intentar matar a su cuñado y pidió 14 años de prisión. La defensa consideró el caso como lesiones leves y requirió la absolución.

El juicio oral se realizó ante un tribunal integrado por Juan Andres Donnola, Delia Paleari y Alejandra Rodenas, que en abril pasado condenó al acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con la portación de arma de fuego. Los jueces unificaron la pena con otra anterior en un total de 11 años y declararon reincidente al acusado.

Cuestionamientos

Al apelar, la defensa cuestionó la materialidad del hecho y la unificación de la pena. Sobre lo ocurrido, sostuvo que no había certeza suficiente para achacarle el hecho a Capiaquí y afirmó que si existiera una mínima duda debería resolverse a favor del acusado.

Para la defensa el hecho se precipitó a partir del accidente de tránsito en Alvear y San Diego, donde Quevedo chocó contra un Fiat Palio. Afirmó que en ese lugar se "tejió la imputación a Capiaquí" a partir de los dichos de Belén a una policía que estaba en la escena.

En ese sentido cuestionó la valoración que hizo el tribunal de los testimonios vertidos durante el juicio oral. Señaló que nadie más que Quevedo, de quien destacó su profundo encono contra el acusado, lo vio disparar. "En el juicio no sólo se exhibió un odio visceral sino que en su sobreactuada representación mostró al tribunal la supuesta cicatriz que le había dejado la agresión del lado izquierdo de su cabeza cuando los médicos informaron que la supuesta herida fue en la parte derecha", destacó la defensa, para remarcar que Belén había vuelto con Capiaquí y que en los tres años que llevaba detenido no dejó de ir a verlo todos los domingos.

La defensa concluyó que no estaba probado el dolo del hecho, ni el móvil ni el lugar. Ni siquiera había certeza sobre la existencia del arma.

Tras cuestionar ese aspecto, la defensa desbarató la unificación de la pena que "no había sido solicitada por ninguna de las partes": aseguró que la otra condena "estaba extinguida al 7 de marzo de 2017". Con esos argumentos, pidió la absolución e inmediata libertad de Capiaquí.

La Fiscalía pidió confirmar todo. Encuadró el caso en la violenta relación de pareja a la que en algún momento el hermano de Belén intentó poner fin, y eso tensó las relaciones entre su familia y Capiaquí. "El imputado sale en moto detrás de Quevedo y le realiza un único disparo a la cabeza evidenciando clara intención de cumplir con la promesa de venganza y quitarle la vida", sostuvo la acusación. En cuanto a las discrepancias por la herida que exhibió Quevedo en el juicio lo atribuyó a un error en el informe médico. "Una vez que vemos la herida que le había quedado del balazo en la cabeza era más lógico pensar que hubo un error en el informe médico antes que concluir que todo era mentira", argumentó.

Cumplida

El primer voto de los camaristas quedó en manos de Lurati. "Si bien la única prueba directa sobre la autoría son las afirmaciones de Quevedo eso no impide sostener un pronunciamiento que lo tenga como base, siempre que en su valoración se tenga prudencia, y mientras el resto de los testimonios permiten, desde distintos momentos y espacios, corroborar el escenario planteado por el testigo mencionado", dijo la jueza.

Por otra parte, al considerar la calificación del hecho como lesiones leves propuesta por la defensa, Lurati validó la postura de la fiscalía. "Ponerse a la par de la moto, apuntar a la cabeza y disparar, dando en el blanco aunque sólo rozando la cara es una acción típica de una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego", describió, para agregar además que estaba probado el concurso real con el delito de portación ilegal de arma de fuego: "Está acreditado que Capiaquí hizo un largo trayecto desde su casa hasta dispararle a Quevedo".

No obstante, la camarista le dio la razón a la defensa respecto de que no correspondía unificar la condena. "La defensa plantea que al momento de dictar sentencia esa pena, lo cual no amerita la unificación", señaló Lurati al remarcar "un error de los sentenciantes al fijar una pena única comprensiva de otra anterior".

En cuanto a la reincidencia, sí le pareció pertinente, ya que "su declaración una obligación para el juez cuando se dan los requisitos". El voto de Lurati tuvo la adhesión de sus pares y así la condena para Capiaquí fue reducida a cinco años y cuatro meses.