Un nuevo capítulo en la saga de violencia que se cobró la vida el lunes pasado de Mauro Ezequiel González tuvo lugar la tarde del jueves cuando nueve personas irrumpieron en un pasillo de La República al 6300, donde funcionaba el quiosco de venta de drogas de "El choro Juan", y destrozó la vivienda con ánimo de venganza. Un vecino llamó al 911 y, además de alertar sobre la situación, indicó que se escucharon detonaciones de arma de fuego. Al llegar personal del Comando Radioeléctrico detuvo a todos los agresores y a uno de ellos le secuestró una granada de mano FMK2, de fabricación nacional, sin la anilla de extracción y la palanca de seguridad. El fiscal de la Unidad de Flagrancia Fernando Sosa, quien tomó el caso, ordenó a la Brigada de Explosivos que realizara una detonación controlada de la granada en el Bosque de los Constituyentes.
Los nueve detenidos fueron imputado ayer a la tarde ante el juez Hernán Postma por amenazas calificada por el uso de armas y dejó tras las rejas a tres de ellos, mientras que otros seis recuperaron la libertad.
La República al 6300, entre Cullen y Campbell, parece un trozo de tierra destinado a no tener paz. El antiguo dominio de Roberto del Valle Padilla, más conocido como "El tuerto Boli", sigue en estado de ebullición por el enfrentamiento de al menos tres facciones que luchan por el control de la calle. Los vecinos indicaron que una de esas bandas la conforman parientes de "El tuerto Boli" y que su líder sería "El choro Juan". Esta gavilla tenía su boca de expendio de drogas en un pasillo de La República al 6300.
Según relató Nancy, la mamá de Mauro González, su hijo tenía problemas de adicción y el viernes 20 de abril fue a comprar drogas a ese quiosco. El pibe mantuvo una discusión con los soldaditos, quienes lo corrieron hasta la salida del pasillo. Ahí "El choro Juan" le disparó en el muslo derecho y tres días más tarde el pibe murió.
Mauro era hermano de Brian González, condenado en marzo del año pasado a 16 años de prisión por el crimen de Any Rivero, ocurrido el 2 de noviembre de 2014 frente a un boliche de Capitán Bermúdez.
Antes y después del homicidio de Mauro González las inmediaciones de La República y Cullen se vieron sacudidas por una serie de balaceras. La última de la que se tenía registro ocurrió el martes a la mañana cuando dos hombres dispararon en la boca de ingreso al pasillo donde se vendía droga. Esa balacera fue leída según quien hablara. Los vecinos dijeron que fue un ataque por parte de los familiares de González hacia el búnker; pero los familiares del chico muerto responsabilizaron a gente de "El choro Juan" como quienes dispararon para amedrentarlos.
Por mano propia
Así se llegó a la tarde del jueves cuando al menos nueve hombres ingresaron al pasillo de La República y fueron hacia el quiosco que ya estaba desocupado con ánimo de venganza. Un llamado al 911 alertó sobre la situación y llegaron efectivos del Comando que detuvieron a Carlos T., de 35 años; Miguel Angel T., de 44; Franco T., de 20 (todos con el apellido materno de Mauro González); Javier G., de 20; Guillermo K., 31; Juan Carlos K., de 24; Pablo M., de 37; Damián C., de 22; y Leandro R., de 26 años.
A uno de los detenidos se le secuestró una granada de mano FMK2, de fabricación nacional. La granada no tenía la anilla de extracción y palanca de seguridad y fue detonada preventivamente en presencia de testigos, por la Brigada de Explosivos en el Bosque de los Constituyentes.
Los nueve detenidos fueron llevados ayer a la tarde a Tribunales donde el juez Hernán Postma presidió la audiencia imputativa. Allí, el fiscal de la Unidad de Flagrancia Fernando Sosa imputó al grupo de intentar romper la estructura de la vivienda de pasillo donde funcionaba el búnker y de la tenencia de una poderosa arma de guerra que, de haber sido activada, hubiese destruido todo en un radio de media manzana.
El juez aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y la medida cautelar solicitada por lo que dictó la prisión preventiva efectiva por el término de 90 días para Juan K., Guillermo K. y Pablo M. bajo la figura de amenaza calificada por el uso de arma de feugo en concurso real con daño y violación de domicililo; y la libertad bajo condiciones de los otros seis acusados, quienes estuvieron asesorados por la defensora oficial María Laura Blacich.
Asimismo, el magistrado manifestó que "no se puede avalar realizar justicia por mano propia como intentaron hacer los detenidos" según ellos mismos habrían confesado al decir que tirarían abajo la propiedad con la granada secuestrada.
