Cinco balazos disparados por uno de los ocupantes de una moto perforaron, una vez más, la fachada de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. El ataque, el quinto en los últimos años contra el edificio ubicado en Pellegrini y Alsina, se cometió poco después de las 15 de ayer y los ejecutores dejaron una nota manuscrita que dice: “Para Centurión. Deja de verdugiar (sic) a los de alto perfil. La mafia”, en clara alusión a los presos considerados de peso que están alojados en los diferentes penales santafesinos.
El hecho no parece aislado. Se da en el marco de una saga de amenazas extorsivas y ataques a tiros contra locales gastronómicos, concesionarias de autos y pocos días después de que 22 personas fueran imputadas de pertenecer a una asociación ilícita que, dividida en dos células, respondían a Ariel Máximo “El viejo” Cantero para llevar adelante distintos delitos. Así lo sostuvieron los fiscales Gastón Avila, Franco Carbone y Valeria Haurigot en la acusación que se desarrolló la semana pasada y que la jueza de primera instancia Valeria Pedrana transformó en prisión preventiva por el plazo de ley para todos ellos.
“Este hecho, que no es el primero cometido contra el edificio, no puede desvincularse de todo lo que está pasando en la ciudad. Indudablemente hay gente que pretende seguir sembrando el temor, amedrentar a todos y lograr objetivos o beneficios que no vamos a otorgarles”, dijo a La Capital Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
Lo cierto es que frente a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recolectaron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, hallaron la nota manuscrita en la que amenazan a un supuesto integrante del Servicio Penitenciario y relevaron las cintas de las cámaras de seguridad que se encuentran en la puerta del inmueble que se erige en el barrio Echesortu. En la vereda, además, quedaron rastros de vidrios de la puerta y una de las ventanas que fueron perforadas por los proyectiles y que aún muestran rastros de ataques anteriores.
“Realmente no sé a qué atribuir éste nuevo ataque”, dijo Gálvez con preocupación. “En esa oficina ya casi no hay gente trabajando porque la mayor parte de la oficina fue trasladada al Centro Penitenciario de Rosario (en 27 de Febrero al 7800) y allí quedaron unas pocas personas que no estaban al momento del hecho, cuando sólo había un guardia de seguridad dentro del edificio que afortunadamente no resultó lesionado”.
Consultado sobre si el ataque podría estar relacionado a la prisión preventiva dictada el jueves pasado a los integrantes de las células comandadas por el Viejo Cantero, el funcionario sostuvo que “no hay que descartarlo, puede ser que esta gente esté molesta, pero nosotros no cambiaremos nuestra forma de actuar dentro de los penales de la provincia y mucho menos en aquellos donde hay detenidos que la misma Justicia considera de alto perfil”. En ese sentido remarcó que “se están haciendo requisas sorpresivas y permanentes en los pabellones donde están los presos más peligrosos, la última fue el domingo a las 8 de la mañana en Coronda, pero esto es algo que ya es normal y natural en el funcionamiento del Servicio”.
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Es que paradójicamente, desde el mismo momento en que se dictó el encarcelamiento de esas personas, la ciudad volvió a ser escenario de una serie de hechos violentos que podrían tener vinculación con esas detenciones, como las amenzas que recibieron los fiscales que llevaron adelante la acusación, llamados extorsivos a locales gastronómicos y la balacera a este edificio público.
En cuanto a quién estaba dirigida la nota, Gálvez manifestó que se estuvo “analizando el padrón de empleados penitenciarios y con el apellido Centurión sólo tenemos dos agentes que no tienen cargos jerárquicos y de quien preferimos no especificar su destino para protegerlos, porque aquí hay una amenaza directa contra uno de ellos. No hay una advertencia a algún jefe, director o empleado con poder de decisión y eso nos preocupa de sobremanera”.
La saga
El primer ataque contra las oficinas penitenciarias data del 11 de enero de 2020 cuando dos personas en moto dispararon pasada la medianoche y un proyectil perforó la persiana de madera de una de las ventanas sobre calle Alsina 1968 y agujereó el vidrio dañando una pared. El hecho fue descubierto y reportado alrededor de las 6.55 por un guardia mientras realizaba el rondín de seguridad. El incidente se dio en el marco de los ataques a balazos a distintos organismos gubernamentales y judiciales, incluidas casas de funcionarios y hasta la sede del Centro de Justicia Penal.
Tras ello, la tarde del 12 de octubre del mismo año dos hombres en moto dispararon seis balazos contra la fachada de la repartición. Entonces se estableció que el ataque había sido ordenado desde la cárcel de Piñero junto a un atentado idéntico a una vivienda de Cochabamba al 6000 ocurrido tres días después. Por ambos episodios Iván Emanuel Hertel, de 22 años, fue condenado a 5 años de prisión en un juicio abreviado. El joven había caído en un procedimiento policial el 16 de octubre de 2020, un día después de la balacera contra la casa de zona oeste, después de una breve persecución iniciada en inmediaciones de la cárcel de Piñero cuando junto a otros dos muchachos iba en un Peugeot 207 gris y al ser alcanzados les incautaron una pistola Bersa calibre 380.
Anteriormente, el 10 de enero de 2021 los empleados que llegaron a trabajar al edificio de Pellegrini y Alsina descubrieron que había un impacto de bala en una de las ventanas. Entonces, la balacera se inscribió en el marco de otros ataques como el perpetrado contra el Centro de Justicia Penal y a poco de conocerse el desplazamiento del entonces jefe de la Unidad Regional II, Claudio Romano, y de otros funcionarios policiales.
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Ya este año, la madrugada del domingo 23 de enero pasado, un certero disparo perforó la puerta de las mismas oficinas penitenciarias. Fue tres días después de que alguien deslizara por debajo de la puerta de las oficinas una nota amenazante que decía: “Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona”.
Entonces, el secretario de Asuntos Penitenciarios vinculó el hecho a la detención de Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero, quien el 18 de enero cayó en una redada de veinte allanamientos en la zona sur de la ciudad y en los cuales fueron apresadas otras nueve personas y se incautaron numerosas armas de fuego de alto calibre, vehículos, celulares y una importante suma de dinero en efectivo en pesos, euros y dólares. Tras el operativo, el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, sostuvo que “Lucho Cantero es a quien le secuestraron las armas y era quien las manejaba y las repartía a un grupo de chicos sobre quienes tiene ascendencia para la comisión de delitos”.
Tras la audiencia imputativa realizada a ese grupo, Lucho Cantero fue trasladado desde el Order (Organismo de Detención de Rosario) a la cárcel de Piñero y el sábado 22 de enero en una requisa a la celda donde fue alojado se la incautó un teléfono celular. Un día más tarde se produjo el ataque a la oficina penitenciaria.
