Tras más de dos horas de fundamentación, la jueza de Garantías Valeria Pedrana le puso punto final a la cuarta jornada de la audiencia imputativa en la que se acusó a Ariel Máximo “El viejo” Cantero y otras 21 personas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a un polirubro delictivo. Despues de 25 horas de debate, la jueza le dio la derecha a los planteos presentados por los fiscales Valeria Haurigot (Unidad de Balaceras), Franco Carbone (Flagrancia) y Gastón Ávila (Homicidios Dolosos) y dictó para la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años, para todos los acusados. “Surge de las evidencias que hubo una búsqueda de generar temor. Hubo una organización para cometer delitos que buscó afectar la paz social”, explicó Pedrana. Entre las personas que quedaron tras las rejas están Rosa Bibiana “Bibi” Montero, pareja del Viejo; Celestina “La Cele” Contrera, ex exposa de Cantero; Nelson “Pandu” Aguirre (quien cumple condena por homicidio en la cárcel de Coronda) y el oriundo de Villa Constitución Marcos Vera (bufetero del club Pescadores del Mangrullo ubicado en la ribera sur de Rosario).
Según la acusación, Cantero y su pareja encabezaron una asociación ilícita dedicada a cometer diversos delitos, desde balaceras y extorsiones hasta la venta de entradas para partidos de Rosario Central, la manipulación de cajas de asistencia social del plan municipal Cuidar y el maltrato animal. El período en el que funcionó la organización fue, según los fiscales, desde noviembre de 2020 hasta la última semana de abril de este año cuando en una saga de allanamientos fueron detenidos todos los imputados. Por debajo de los jefes la banda se estructuraba en dos células: una manejada desde la cárcel por Pandu Aguirre y la otra por Marcos Vera.
La jueza Pedrana entendió que se daban los lineamientos para entender que se había generado una asociación ilícita y marcó en su fundamentación que “en las escuchas (expuestas por los fiscales) puede percibirse el uso de la fuerza con total liviandad, muchas veces en manos de niños”. También hizo hincapié en “el uso de las armas para dominar territorios en toda la ciudad” y resaltó: “Querían motivar temor. Eso está probado”. Además, Pedrana resaltó que “había un interés de generar ganancias y conquistar territorios” para la comisión de delitos.
Respecto a La Cele, por su peso específico y el significado de su figura como madre del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero y del múltiple condenado Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue acusada de pagar a tiratiros a los que Pandu Aguirre ordenó cometer balaceras entre el 9 y el 14 de noviembre del año pasado contra dos escuelas (la Santa Isabel de Hungría y la Crisol) y dos estaciones de servicios (la YPF de Ovidio Lagos al 4900 y la Axion de San Martín y Saavedra). En tal sentido se la imputó como coautora, junto a Pandu y Nazareno “Naza” Gauna, como presunta mano derecha de Aguirre por tres hechos de intimidación pública.
“No queda claro si pagó o encargó. La fiscalía no tiene prueba objetiva, no hay conversación de Contrera por el supuesto encargo. Nadie habló de ello. Tampoco hay motivación”, sostuvo el defensor de La Cele, Fausto Yrure, antes de rechazar la imputación como coautora de los hechos de intimidación pública: “Es imposible bajo cualquier doctrina. Según la teoría del dominio funcional del hecho, debe haber un plan común que acá no está. No hay evidencia, pero si la hubiera, tiene que estar en la ejecución del hecho, no antes ni después”, dijo del encuadre del delito en cuestión.
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Fuera de la asociación ilícita también fue acusada Cintia Verón, quien presenció la audiencia con su hija nacida la semana pasada, imputada con su pareja Leonardo Pucheta por la administración fraudulenta por el manejo de cajas de alimentos halladas en el allanamiento a la casa de Cantero, en Avellaneda al 4500. Respecto a ese hallazgo, el abogado Marcelo Martorano, quien defiende al Viejo, expuso toda la documentación que acredita la recepción de esas cajas para sostener un comedor comunitario que funcionaba en el lugar desde hace cinco años.
Maratón jurídica
La audiencia imputativa contra Cantero y los demás acusados debió comenzar vía Zoom el martes pasado, pero tras dos horas de intentos la medida de frustró por problemas de audio en una de las salas en la que estaban la mayoría de los acusados en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) de 27 de Febrero al 7800. En un cambio de planes la audiencia comenzó el miércoles a las 9.30 de manera presencial motivando un operativo de traslado de detenidos que movilizó a 70 efectivos y 12 móviles. Durante las 8 horas de ese día los fiscales comenzaron a desplegar sus argumentos. Esto abarcó al menos tres horas más de las doce en las que se prolongó la audiencia del jueves, que finalizó pasadas las 20.30. El resto del tiempo fue repartido entre los 14 abogados defensores que desarrollaron sus estrategias.
La resolución de la jueza Pedrana estuvo precedida por un nuevo allanamiento a la casa del Viejo _a quien en la causa los fiscales también le atribuyen los apodos de “Pelo duro” y “El hombre”_ en el que se pusieron a resguardo chanchos, vacas, chivos, ovejas, caballos y perros que Cantero tenía en su finca del barrio Via Honda. Y también del preinforme técnico de los Bomberos Zapadores sobre el incendio en las oficinas de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario ocurrido el domingo pasado en Santa Fe al 600, lugar donde se administra la distribución de las cajas del Plan Cuidar. Básicamente, el preinforme indicó que el incendio fue provocado y “arriba a la conjetura que el inicio del incendio posiblemente se produjo por el contacto de un elemento de llama libre/sostenida con materiales de fácil combustión (mobiliario e insumos de oficina), agravado por la presencia de algún tipo de líquido acelerante pudiendo ser un combustible u oxidante (líquido inflamable) usado con intencionalidad de iniciar o propagar fuego”. En ese marco, los fiscales Haurigot y Carbone solicitaron copia del informe en cuestión para incorporarlo a la investigación. La pregunta que quedó flotando es quién puede haber ordenado quemar los papeles en ese lugar.
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En su extensa alocución, la jueza Pedrana explicó los fundamentos de su resolución y tumbó como castillo de naipes las estrategias defensivas. Explicó que para esta instancia, la de la acusación, son necesarios indicios y que las pruebas tienen su espacio de fundamentación en el juicio oral y público, o en su defecto durante la instancia de un proceso abreviado. Así la jueza avaló el planteo fiscal que entendió que el Viejo Cantero, Bibi Montero, Pandu Aguirre y Marcos Vega actuaban como jefes de la asociación ilícita. Y que Brenda Barboza (pareja de Pandu), Viviana Roxana Camejo (madre de Brenda Barboza), Jorge Manuel “Diamante” Barboza (padre de Brenda y preso en el pabellón 8 de Coronda), Ailén Gisela Centurión (pareja de Diamante), Jonatan Adrián “Jonita” Sánchez, Marcela Carolina Aguirre (hermana de Pandu), Esteban Rubén Stoppani (preso en el pabellón 8 de Coronda), Ester Teresa Fuentes, Rodrigo “Wititi” Berón (cuñado de Pandu), Romina Alejandra y Jésica Andrea Berón (hermanas de Wititi), Oscar Rubén Malagueño, Nazareno Uriel Gauna (también reconocido como “Anteojito” y mano derecha de Pandu), Yair Agustín Vera, Sebastián Fernando “Piquito” Gómez, Leonardo Enrique Pucheta (referente de la Asociación Civil El Ceibo) y Angel Gabriel Villarruel (pareja de Camejo), eran integrantes de la organización y cumplían distintos roles.
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Al Viejo Cantero y Bibi Montero también le achacaron ser autores del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro por el manejo de las cajas del Plan Cuidar. Ambos fueron acusados también por el delito de maltrato animal en grado consumado cometidos desde al menos diciembre de 2020 hasta el día 27 de abril de 2022, cuando fueron detenidos. En relación a la posesión de gallos de riña, caballos, porcinos, terneros, ovejas, chivos, canes y aves autóctonas encerrados sin alimentación ni atención. En tanto a Romina Berón se la acusó como coautora por el delito de intimidación pública calificada por el empleo de arma de fuego por la balacera del 12 de noviembre sobre la estación de servicios YPF de calle Ovidio Lagos al 4900, frente a la Jefatura de Rosario.
A Pandu Aguirre, Esteban Stoppani, Ester Fuentes y Naza Gómez les endilgó la coautoría de los delitos de extorsión. A Leonardo Puchetta y Cintia Macarena Verón como coautores del delito de administración fraudulenta en grado consumado por el manejo de las cajas de alimentos. Por otra parte a Pandu, Naza Gómez y Brenda Barboza les achacó el delito de tentativa de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria agravado por el uso de arma de fuego por un ataque a balazos ocurrido el 4 de diciembre pasado en una canchita de fútbol de Cerrillos al 3800 en el que resultó herido Agustín D. Respecto a ese episodio, la jueza entendió que Pandu fue el instigador; Naza actuó en carácter de participe primario, y Barboza en carácter de partícipe secundario. Por último, le imputó a Yair Vera el delito tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en calidad de autor.
