Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue duramente crítico de la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires de suspender en aquella jurisdicción preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. “Es muy grave lo que sucedió”.

“Ayer una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, escribió en una publicación en X.

Luego afirmó: “Los jueces están para que las leyes se cumplan, y la ley es muy clara: no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”.

Pullaro y el Régimen Penal Juvenil

El gobernador, que fue uno de los que promovió la modificación legal, calificó de “muy grave lo que sucedió”.

“Costó mucho dar ese debate, y en Santa Fe sabemos muy bien lo que pasa cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, sostuvo.

Luego repitió lo que ya había sostenido la vocera provincial, Virginia Coudannes, más temprano: “Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, tenemos módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar”.

El fallo

Cuando apenas tenía 48 horas de vigencia efectiva, una jueza de la Provincia de Buenos Aires ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la provincia de Buenos Aires para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses. Por eso el gobierno provincial prioriza aclarar que tiene toda la capacidad para que se implemente la ley.