Siete personas, entre ellas dos gremialistas, fueron procesadas por el crimen
del dirigente sindical Abel Beroiz. Con distintos niveles de responsabilidad, les atribuyeron la
ejecución del homicidio, la logística y la instigación del crimen del ex titular del Sindicato de
Camioneros de la provincia. Pero a 11 meses del asesinato tramado a la sombra de internas
sindicales, el caso no está cerrado: la pregunta sobre quién mandó a matar al líder sindical sigue
abierta.
Para el juez Osvaldo Barbero, no se descarta que del
homicidio hayan participado otros ideólogos interesados en eliminar a Beroiz, quien manejaba una
cuenta millonaria como tesorero de Hugo Moyano en la Federación Nacional de Camioneros. Por eso la
instrucción de la causa seguirá abierta. "La causa no se cierra. Se va a seguir investigando", dijo
a este diario la fiscal Rita Schiappa Pietra. La causa recién prescribirá dentro de 11 años.
Una persona que en la presunción de los investigadores
aparecía cercana a la figura del ideólogo, aunque sin una imputación directa, era Raúl Luna, ex
número dos del sindicato. Le reprochaban haber formado un grupo opositor a Beroiz. Prestó
declaración informativa bajo una leve sospecha pero esas actuaciones fueron archivadas. "No había
otra posibilidad, porque Luna no había sido indagado", observó su abogado, Froilán Ravena. Esto no
impide que resulte imputado si en el futuro se encuentra algún elemento en su contra. Luna está
ahora desvinculado de la actividad gremial.
Abel Beroiz, de 71 años, fue asesinado el pasado 27 de
noviembre en el subsuelo del ACA, en San Juan y la cortada Barón de Mauá. A las 7.10 lo abordaron
dos hombres que lo balearon en una mano, en el pecho y en el tórax y le asestaron varias puñaladas.
Dejaron en el lugar una agenda con su foto y datos personales que orientarían la pesquisa hacia
Raúl Oscar Flores, un joven de 23 años que con su confesión aclaró la causa.
La principal hipótesis sostiene que se trató de un crimen
por encargo vinculado a internas gremiales. El mismo Flores dijo que el homicidio fue por "el
puesto" del dirigente. Esta línea llevó a descartar que el caso comprometiera a esferas más altas
de la estructura sindical.
Quién es quién. En la resolución judicial del caso, cuatro imputados fueron
procesados como coautores de homicidio calificado. Esta figura se aplica a quien mata u ordena
matar por precio y se pena con prisión perpetua.
Uno es el confeso autor material, Raúl Oscar Flores. Su
abogado, Gonzalo Basualdo, no apeló la decisión. Otros dos son los gremialistas que, a
criterio del juez, tenían razones personales para correr del medio a Beroiz: Juan Carlos
Dell’Arciprete, a quien el asesinado líder sindical había desplazado de su puesto en Casilda;
y Alejandro Lázaro, de la filial San Lorenzo, quien estaba en la mira del dirigente.
El cuarto procesado como coautor del crimen por encargo es
Julio Gerez, un gestor de trámites por accidentes laborales que habría contactado a Flores a pedido
de los sindicalistas. A éstos y a Gerez los incrimina una triangulación de llamadas
telefónicas.
La resolución no distingue formalmente entre autores
"materiales" e "intelectuales", pero fuentes del caso señalaron que los últimos tres habrían
asumido los dos roles, al proponerle el crimen a Flores y luego proveerle el arma y el dinero. Los
defensores Jorge Bedouret, por Gerez, y Daniel Terani, por Dell’Arciprete, ya apelaron la
resolución que ahora será revisada por la Sala III de la Cámara Penal.
Los partícipes. Otros dos hombres fueron procesados como partícipes
secundarios en el crimen. Se trata de dos tíos de Flores, Hugo Ricardo Bustos y Leandro Héctor
Flores, acusados de aportar sus casas como lugares de reunión durante la planificación del
homicidio.
La acusación más leve fue para Natalia del Percio, ex
pareja de Flores, la única en la lista que irá a juicio en libertad. La joven de 25 años fue
procesada por comprar electrodomésticos con los 12 mil pesos del pago que Flores recibió tras el
crimen. Mauro O., un pintor de 18 años y primo de Natalia que estaba acusado de acompañarla resultó
sobreseído.
El juez dispuso además el archivo de las actuaciones
respecto de Luna y su chofer, Mario López, quienes no estaban imputados. Sólo quedó pendiente de
resolución la situación de Marisa Z., la mamá del adolescente de 15 años que acompañó a Flores el
día del crimen, Juancito, quien no fue sometido a proceso porque no es punible. La mujer estaba en
libertad acusada de encubrimiento, pero el juez quiere indagarla por una autoría mediata en el
crimen, lo que implicaría su regreso a prisión.