Siete personas fueron procesadas por la Justicia Federal de Rosario por intervenir en maniobras de lavado de dinero para la organización del condenado narco Julio Rodríguez Granthon, más conocido como “Peruano”, preso en Marcos Paz y considerado proveedor de cocaína en gran escala de la banda de Los Monos, entre otros grupos. Entre los acusados figura Jorge Benegas, condenado como miembro de la organización narco de Esteban Lindor Alvarado y cuya esposa fuera asesinada a balazos por sicarios el año pasado.
La resolución del juez federal Carlos Vera Barros se suma a otros procesamientos que había dictado en la misma investigación contra una decena de otros supuestos colaboradores del Peruano. Los que integran este grupo fueron detenidos en abril pasado en allanamientos realizados por la Policía Federal. En ese operativo se encontraron seis panes de cocaína con el dibujo de un delfín, supuesta marca del salteño Delfín Reinaldo Castelo, conocido como “Patrón del Norte”.
La droga se incautó en una casa de Funes. En esa localidad fue detenido el padre del Peruano, Francisco Rodríguez Villarreal. Un hombre de 63 años, abogado, ex militar y considerado lavador de activos provenientes del narcotráfico. En la misma ciudad fue detenido Jorge Benegas, condenado como parte clave del engranaje económico de Alvarado, quien a su vez cumple condena a prisión perpetua.
Benegas había sido condenado en octubre de 2021 a 5 años de prisión como organizador de una asociación ilícita y por lavado de activos. Su esposa, Valeria Nasca, fue asesinada a tiros el 7 de mayo de 2023 en la puerta de un galpón de Liniers al 2600 donde funcionaba Valmarc Transportes, una empresa constituida en enero de 2022 y es parte del patrimonio que puso bajo la lupa esta investigación.
De los siete acusados, seis fueron procesados con prisión preventiva como autores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y en forma organizada, además del lavado de activos, la portación y tenencia ilegal de armas de fuego y el delito de encubrimiento. Además de Benegas y Villarreal integran este grupo Lucrecia María de los Ángeles Biagiola, Yanina Marta Messina, Marcos Jeremías Di Marco y Paola Gabriela Ramos.
En tanto que Gustavo Ariel Cardozo Acosta obtuvo la falta de mérito por el tráfico de drogas pero fue procesado por el delito de receptar bienes con el objeto de aplicarlos a una operación de lavado de activos. A los siete implicados les trabaron embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.250.000 pesos cada uno.
Rodríguez Granthon es oriundo de Perú y llegó a la Argentina en 2012. Primero se radicó en la ciudad fueguina de Río Grande, se recibió de piloto de avión comercial y en 2014 se instaló en Funes. Fue detenido el 14 de junio de 2019 cuando trasladaba tres kilos de máxima purera por el barrio Empalme Graneros. Cumple una pena a 21 años de prisión como organizador del tráfico de estupefacientes.
Esta investigación por acciones de tráfico y lavado, según detalla el escrito del procesamiento, tuvo origen en una denuncia anónima de octubre de 2022 sobre personas que comercializarían “merca para un peruano que está preso” con protección de la policía santafesina. El denunciante brindaba datos de tres teléfonos que usaba el piloto para dar instrucciones desde prisión. De un celular usado por él y secuestrado en su pabellón se extrajo parte de la información que orientó la pesquisa junto a escuchas telefónicas y análisis patrimoniales.
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Así se llegó a estos siete acusados de formar parte de una organización dedicada a comercializar, trasladar, acopiar y fraccionar estupefacientes y de actividades de lavado. Según se determinó, Rodríguez Granthon adquiría terrenos, viviendas y vehículos que eran inscriptos a nombre de terceros para ocultar el origen de los fondos; maniobras que permitían introducir dinero del delito en el mercado formal.
Según la resolución, así adquirieron un terreno en el barrio Troncales del Sur de Alvear donde se construyó una casa de 230 metros cuadrados con una inversión de 128 mil dólares, otro terreno en el barrio cerrado Pinares del Sur de Piñero donde se edificó una casa de 400 metros cuadrados por 17 millones de pesos y un terreno en Paysandú al 2000 de Funes donde también se levantó un inmueble; así como una gran cantidad de vehículos entre los que se cuentan al menos seis camiones semirremolques.
A la organización también se le atribuye la tenencia con fines de comercialización de 567 kilos de marihuana hallados en mayo del año pasado en un taller de Funes donde se produjo la primera tanda de detenciones, así como la portación indebida de dos armas incautadas en ese procedimiento: una Pietro Beretta calibre 22 y un revólver Doberman calibre 32. A eso se sumaron los 6 kilos de cocaína hallados también en Funes en el operativo de abril pasado y otras tres armas incautadas.
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En cuanto a los roles asignados a cada uno, el juez consideró que Rodríguez Villarreal coordinaba con su hijo varios aspectos de la organización, sobre todo el manejo de los bienes que se intentaban introducir al mercado formal y aprobaba los nombres de personas usadas como testaferros, con una posición a la altura de un organizador y con la ventaja de encontrarse en libertad.
Yanina Messina sería quien coordinaba con el líder la inscripción de los bienes, muchos de ellos usados en las actividades de narcotráfico, y figuraba además como titular de inmuebles de Granthon. También “inscribía a nombre de terceros vehículos usados por la organización” y su función “trascendía el simple manejo de los bienes para situarse en una posición elemental”. Marcos Di Marco fue acusado de aportar medios para el traslado de miembros, tenía bienes inscriptos a su nombre y constituía con Benegas una sociedad de transporte. Los seis kilos de droga con el sello del delfín se hallaron en su casa.
En cuanto a Benegas el juez planteó que varios integrantes del grupo fueron vistos en vehículos en su galpón y era titular de “varios de los bienes materiales que podrían estar siendo utilizados por la presunta organización”. Lucrecia Bigiola era pareja del Peruano y está acusada de colaborar con el registro de bienes. A su nombre tenía inscriptos camiones usados por la organización. De Gabriela Ramos surge que “administraba propiedades de la organización”, algunas registradas a su nombre.
