Radicado en Hermoso Campo, un pueblo de diez manzanas por diez del sur del Chaco, Sixto Daniel Pérez armó un buen patrimonio. En poco tiempo edificó allí un par de casas, compró un camión y también adquirió un campo. A los 34 años tenía el reiterado hábito de moverse entre ese pueblo, con algo de renombre por los cráteres de los meteoritos, y la zona de Empalme Graneros en Rosario donde vivían varios de sus familiares. Los motivos de estos viajes recurrentes fueron explicados días atrás en una resolución judicial: comandaba una organización dedicada a la venta de drogas como encargado de abastecer quioscos en ese barrio rosarino, desde donde luego le remitían a la provincia del norte las utilidades económicas, y que se valía de protección policial para tener liberada esa zona.
Sixto Pérez, alias "Chaque", fue procesado por liderar este grupo de venta de drogas tras una serie de allanamientos el pasado 29 de mayo en Empalme Graneros. Pero él mismo había sido detectado como proveedor y organizador de este tipo de actividad hace dos años. En ese momento le daban cobertura al menos cinco policías de la comisaría 20ª, entre ellos el jefe y el subjefe, quienes por esa sociedad están presos en camino a juicio.
Esta vez el juez federal Marcelo Bailaque procesó a Chaque y a cuatro miembros de su grupo. Uno es Juan Manuel Balvín, un policía de la subcomisaría 22ª que según el magistrado "cobraba un dinero mensual a cambio de «liberar» la zona".
En marzo de 2016, en otra investigación, el ex fiscal federal Mario Gambacorta también había dado con el nombre de Sixto Pérez, en idéntica situación: era el proveedor desde Chaco de búnkeres que vendían en Empalme Graneros. Y, al igual que ahora, surgía el resguardo de una comisaría como escudo de su actividad.
Fue así que entonces terminaron presos cinco policías de la comisaría 20ª. Hoy cuatro siguen detenidos, entre ellos el comisario Roberto Quiroga y el subcomisario Jorge Ocampo. También lo están Roberto Villalva y Cristian Gelabert, este último un ex efectivo de Drogas Peligrosas que tenía como misión romper los puestos donde se negociaba drogas para que los responsables de esos sitios acordaran con la policía para seguir funcionando.
Estos policías que irán a juicio este año están conectados con Chaque Pérez, que fue procesado recién ahora porque no fue capturado hace dos años y recién cayó a principios de 2018, cuando quedó preso en la cárcel federal de Devoto. Sin embargo, desde ese penal siguió comandando las actividades de su banda en Rosario y ahora lo acusaron tras una investigación en la que hace un mes la Policía Federal de Rosario allanó 17 domicilios de Empalme Graneros, una celda de la cárcel de Marcos Paz y dos domicilios en Hermoso Campo.
Líder
Esa pesquisa se originó el 8 de marzo pasado tras una denuncia con reserva de identidad a la Fiscalía Federal 1 donde se relataba la operatoria del grupo, con indicación de los lugares donde se desarrollaban distintas actividades de narcotráfico: venta, resguardo de drogas y dinero.
Con la denuncia se originaron escuchas que detectaron a Pérez impartiendo órdenes al resto de los integrantes de la organización. Uno de los elementos que probó que era su línea es que la foto en su perfil de Whatsapp correspondía al rostro de la persona que poco después sería indagada en el juzgado de Bailaque.
Pérez fue procesado por ser quien indicaba las cantidades de drogas a comprar, su distribución y fraccionamiento. También conocía los tratos con personal policial para la liberación de la zona donde se ubicaban los puntos de venta y del manejo del dinero recaudado, montos que eran llevados desde Rosario a Chaco por su hermana Rosana Elisabeth Pérez y su pareja María Trinidad Gómez, ambas procesadas junto a Milton Alejandro Pérez, que se encargaba de vender.
Protector
Por su parte, Balvín recibía pagos para asegurar protección policial. En una escucha, suscribe el juez, un miembro del grupo le dice a Sixto Pérez que el policía Balvín le pidió su número "para hablar con él porque hay una persona nueva en Drogas". Chaque le responde que se asegure de que no sea una persona que le "coma la plata" sino que le liberen la zona para poder trabajar.
Todos fueron procesados como coautores del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y están bajo prisión preventiva. A Sixto Pérez le trabaron embargo por 5.400.000 pesos y al resto de los procesados, por 2.700.000.
