El gobierno provincial envió a la Legislatura cuatro proyectos de ley con los que aspira a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Uno regula el pasaje de los empleados del viejo sistema penal hacia nuevos destinos en Tribunales. Otro establece un nuevo modelo de enjuiciamiento para menores de 18 años dado que el que rige hoy es inconstitucional por su falta de garantías a los adolescentes acusados. Una tercera iniciativa modifica un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial para no dejar dudas de que los camaristas deben concurrir a sus despachos de lunes a viernes y no solo dos días a la semana. La última enmienda es la que cambia los trámites de inconstitucionalidad de un fallo, de modo de que la Corte Suprema, cuando anula una sentencia, sea el órgano que dicte una nueva.
El ministro de Justicia provincial Ricardo Silberstein explicó que la ley orgánica del Poder Judicial no obliga a los camaristas a acudir diariamente a su despacho. "Hoy la sociedad exige cambios y que un juez no esté obligado a acudir a su trabajo todos los días ya no se puede dejar pasar y por eso queremos reglamentarlo. Eso no quita que haya jueces de cámara de apelación comprometidos y cumplan con su deber, pero el gobierno tiene la convicción de darle un final a ese tipo de vicios", sostuvo.
En ese sentido el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta, indicó que en febrero el máximo tribunal ya había emitido una resolución que dejaba claro a los camaristas de todos los fueros la obligatoriedad de acudir a Tribunales diariamente. "Esto es algo que por regla general ocurre. Pero un artículo de la ley orgánica indica que los camaristas deben asistir sólo los días de acuerdo (cuando se reúnen para discutir sentencias). En el contexto actual esto carece de toda razonabilidad, no hay nada que justifique esa excepción. Igualmente destaco que por amplia regla general los camaristas acuden a sus despachos todos los días y que esta Corte no convalida lo contrario", indicó.
Las cuatro iniciativas se tratarán en sesiones extraordinarias a partir de la semana entrante. Primero se analizará la ley de traspaso de las causas del viejo sistema escrito al nuevo sistema acusatorio. Esta busca definir el futuro de los expedientes aún en trámite. También se dispone el destino del personal de juzgados que formaban la planta al 30 de junio de 2016.
La iniciativa prevé que el 60 por ciento del personal vaya a los órganos del nuevo modelo: el Ministerio Público de la Acusación (MPA-Fiscalías) y el Servicio de Defensa Penal (Defensores). Un 20 por ciento se transferirá a las oficinas de gestión judicial que organizan el trabajo de Tribunales y el resto a los demás fueros (Laboral —que tiene preferencia—, Familia y Civil y Comercial). En tanto, los 33 secretarios de juzgados penales en Rosario pasarán a ser fiscales.
"El MPA será el único órgano encargado de decidir qué causas del viejo sistema deben archivarse y cuáles seguir impulsando, con el objetivo de que las causas que tienen relevancia para la sociedad no queden dormidas", dijo Silberstein.
Al respecto, se recuerda que en febrero el gobierno había prorrogado por seis meses el archivo de causas del viejo sistema dado que al acercarse la fecha límite hubo una oleada de críticas. Se cuestionaba que muchos delitos cometidos antes del 14 de febrero de 2014, cuando empezó el nuevo sistema, quedarían impunes.
Una modificación relevante es la que busca sancionar un Código Procesal Penal Juvenil. El que hoy rige en la provincia es inconstitucional dado que los menores de entre 16 y 18 años acusados de cometer un delito no son llevados a audiencias orales y públicas —como ocurre con los mayores de 18— por lo que siguen bajo el obsoleto sistema escrito.
En la actualidad se da la incongruencia de que si un mayor y un menor intervienen en un mismo delito son juzgados por separado. Los mayores tienen certidumbre sobre la expectativa de penas y chances de solicitar medidas cautelares durante el proceso. Los menores están a total disposición de un juez que los acusa y a la vez los juzga.
De lo que se trata, explicó Silberstein, es que se disponga una especialidad para adolescentes infractores. Que haya, tal como en el régimen de adultos, fiscales que investigan y acusan, por un lado, y defensores que defienden, por otro. Y que intervengan tres jueces distintos según las etapas del trámite. Un juez especializado para la audiencia preliminar (con capacidad para decidir una libertad o intervenir en juicios abreviados). Luego un juez de juicio que no tiene que ser especializado porque solo examina los hechos. Y un juez que define la condena que debe también ser especializado. Esto porque la situación especial del infractor, que es una persona en desarrollo, implica una regulación más corta de las penas.
Rapidez
El último proyecto de ley procura hacer más rápido el procedimiento en esos casos en que la Corte Suprema anula una sentencia por inconstitucional. Silberstein explicó que actualmente cuando eso pasa la causa en cuestión, tras la decisión de la Corte, bajaba a los tribunales inferiores, que debían elaborar un nuevo fallo.
Ahora se propone que cuando la Corte dicte una inconstitucionalidad será el mismo máximo tribunal el que defina la nueva sentencia. "Lo que buscamos con esta modificación es ponerle fin a un mecanismo que hacía lentos los procesos y que la última palabra la tenga la Corte provincial", indicó.
Se viene el juicio por jurados
Silberstein explicó que en 20 días se enviará otro proyecto en relación al juicio por jurados. En abril de 2016 el ministro dijo a este diario que la idea es que doce representantes de la ciudadanía se sienten a pronunciar los veredictos en delitos de gravedad o importante conmoción pública. Los partidos con representación legislativa están de acuerdo y hubo tres iniciativas en los últimos años, todas muy semejantes, presentadas a la Legislatura. Para ser jurado casi no hay restricciones: tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir y comprender el español.
