Presentan denuncia por la represión policial en el cortejo fúnebre de un menor

Un importante número de organizaciones sociales, religiosas, gremiales y educativas, representantes políticos y docentes acompañaron ayer a la familia de Kevin Aguirre, el adolescente de 16 años asesinado la noche del pasado 9 de febrero en barrio Ludueña, en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Violencia Institucional por la represión policial desatada en el cortejo fúnebre que trasladaba el cuerpo del adolescente al cementerio La Piedad.

   Con un acto en la puerta de los Tribunales y con la presencia de Lucrecia Pereyra, madre de Kevin, los militantes sociales Sergio "Barón" Fernández y Celeste Lepratti leyeron un documento en el cual se manifestó el "repudio y la denuncia de la actuación policial" y se remarcó que el crimen de Kevin "involucra a grupos de personas que participan en economías ilegales vinculadas al narcomenudeo en barrio Ludueña".

El crimen

A Kevin lo asesinaron poco después de las 22.30 del jueves 9 de febrero. Estaba junto a su primo y una chica cuando un grupo de pibes del barrio, supuestamente ligados a un búnker de drogas de la zona, los provocó iniciando una discusión.

   En el momento en que Kevin y su primo Michael se iban a bordo de una moto, el joven recibió un balazo calibre 9 milímetros que le entró por la espalda y lo dejó tendido en el suelo. A los 16 años el chico participaba de la Comunidad Sagrada Familia y del Club Social y Deportivo Edgardo Montaldo, dos espacios del barrio Ludueña que buscan contener a pibes de la calle en tiempos dónde sus horizontes son poco promisorios.

   Por el homicidio fue apresado Alan L., de 19 años, a quien en una audiencia imputativa le dictaron la prisión preventiva como autor material del homicidio.

La represión

En tanto, la mañana del 11 de febrero, cuando los familiares, amigos y allegados a Kevin se dirigían a depositar sus restos en el cementerio La Piedad, fueron "sorprendidos por una feroz represión policial de la que participaron la Policía de Acción Táctica, la Policía Comunitaria, el Comando Radioeléctrico y la comisaría 12ª". En el hecho resultaron severamente heridas con perdigones de balas de goma y de plomo como así también con golpes más de una decena de personas que participaban del cortejo.

   Incluso Michael Pereira, primo y único testigo del homicidio de Kevin, "fue perseguido, herido con una bala de plomo calibre 9 milímetros y detenido arbitrariamente", dicen los denunciantes. El adolescente fue trasladado al Hospital de Emergencias "donde se lo mantuvo incomunicado por varias horas sin justificación legal suficiente". Una situación que, dicen los denunciantes, "entendemos de suma gravedad debido a su condición de testigo clave del caso que involucra a personas que participan de economías ilegales vinculadas al narcomenudeo con aparente connivencia de la policía de la provincia".

   Asimismo, tras la brutal represión "las fuerzas policiales requisaron sin exhibir orden judicial alguna varios de los vehículos que lo integraban".

El reclamo

Todo esos datos fueron elevados en una denuncia a la fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Carina Bartocci, "para que se investigué lo sucedido y se sancione a los responsables bajo las figuras de los delitos de torturas, apremios ilegales, tentativa de homicidio calificado, allanamiento sin orden judicial, abuso de armas, lesiones, e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

   Asimismo, los denunciantes responsabilizan "políticamente al gobierno provincial, especialmente al Ministerio de Seguridad", y repudian "las declaraciones del ministro Maximiliano Pullaro justificando el accionar policial (ante los disparos de armas de fuego que supuestamente partieron de integrantes del cortejo) ya que estos hechos se encuadran en la continuidad e intensificación de políticas de seguridad represivas que tienen como principales destinatarios a los jóvenes de sectores populares".

   En la denuncia también se responsabiliza "al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Acusación por la falta de respuestas adecuadas así como por no sancionar, oportuna y adecuadamente, el constante accionar indebido de la policía además de la lentitud en el esclarecimiento del homicidio de Kevin".

   Finalmente, los allegados a Kevin solicitaron al gobierno de la provincia que "garantice una adecuada protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas y testigos de los hechos, muchos de ellos amenazados, y se realicen las medidas probatorias que garanticen una investigación imparcial".