Pillín Bracamonte era investigado por extorsiones junto a un jefe de la Uocra

Un día antes de ser asesinado a la salida del estadio de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte comenzó a ser juzgado, el viernes pasado , por una denuncia por violencia de género de marzo de 2018 cuando persiguió con un bate de béisbol a su ex pareja dentro de su casa de Alvarez Thomas al 1800. Por el delito la fiscal Luciana Vallarella pidió ante el juez Aldo Bilbao Benítez dos años de cárcel.

Pero más allá de este trámite, el asesinado líder de la barra auriazul era blanco de una extensa investigación por lavado de activos en la que había sumado imputaciones por una serie de delitos cometidos para imponer negocios con viandas, baños químicos y coimas a empresas y contratistas de obras en el Gran Rosario en una presunta asociación ilícita junto con el también acusado Carlos Vergara, quien estuviera al frente del gremio de la Construcción (Uocra).

Se trata de una causa por la cual Pillín ya había estado preso cinco meses en 2020 hasta que recuperó la libertad bajo una fianza de tres millones de pesos. El expediente fue iniciado por el fiscal de delitos económicos Miguel Moreno que investigó los negocios que, a su entender, Bracamonte pretendía ocultar con el armado de al menos cuatro empresas de servicios que tenía al club Rosario Central entre sus clientes.

En junio de 2020 Moreno imputó a Bracamonte en función de dos instancias. Una eran las maniobras que le endilgaba para blanquear el patrimonio que le atribuye haber forjado como líder de la barra brava y la otra, de la cual tenía —lógicamente— más indicios que pruebas concretas, tenía que ver con la manera en la que Pillín había ganado ese dinero. En tal sentido aludía a negocios que suelen atribuirles a las barras, desde el cobro de estacionamiento cerca del estadio los días que hay espectáculos hasta una participación de las ganancias por ventas de futbolistas.

Maniobras de Pillín Bracamonte con un jefe de la Uocra

Pasaron unos pero la investigación siguió. Al punto que en diciembre de 2023 Bracamonte volvió a ser detenido por requerimiento de Moreno, esta vez junto a Vergara. El arresto tenía relación con la denuncia, seis meses antes, de un colaborador de Uocra afectado a actividades en Villa Constitución, Venado Tuerto y San Lorenzo que días después fue imputado dentro de la misma investigación. Este hombre, Juan M., aseguró que el entonces líder de la barra lo había amedrentado a comienzos de ese año por no haber querido alinearse con su grupo.

El fiscal le atribuyó a Bracamonte comandar junto con el secretario de la Uocra una asociación ilícita que apelaba a “modalidades extorsivas” para “exigirle a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos, más una colaboración dineraria para el gremio”, explicó en su momento Moreno quien situó el inicio de esa sociedad en 2018 cuando para los fiscales se reforzó el vínculo entre el barra y el gremialista, que le había abierto las puertas a la Uocra de San Lorenzo.

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Las maniobras atribuidas consistían en ofrecer, para que la operatoria tuviera un carácter formal, un “libre deuda” desde las sedes gremiales de la Uocra de Villa Constitución y San Lorenzo con el cual el contratista era autorizado a ingresar a trabajar, por ejemplo en plantas del cordón industrial. Para que cerrara la maniobra, según la acusación, las empresas también eran presionadas para que les exigieran a los contratistas el “libre deuda” como requisito para trabajar en sus predios.

En ese marco Moreno también aludió al conocido como “rentamiento” consistente en exigir a las empresas de construcción la contratación de personas vinculadas a la asociación ilícita que cobraban un sueldo sin trabajar. Entre las evidencias Moreno había citado los casos de familiares de Bracamonte y Vergara como “empleados” de algunas de esas firmas.

En cuanto al sindicalista, el fiscal le había atribuido “haber incorporado inmuebles al patrimonio familiar a partir de simulaciones de adhesiones a fideicomisos o de compraventas con empresas constructora”, sin abonar los precios que constaban en los contratos.

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Entre las evidencias esgrimidas el fiscal alegó entonces que una de las empresas de Bracamonte, Vanefra, había incluido el alquiler de baños químicos “en su vasto objeto social” al que luego se agregó el “servicio de preparación de comidas para empresas y eventos”.

Lavado

Una particularidad que sobrevoló esta investigación desde sus inicios fue la controversia planteada en todas las instancias sobre la competencia o no de la Justicia provincial para investigar el delito de lavado de activos. A lo largo de la causa hubo distintos camaristas que se inclinaron por una u otra opción.

Respecto de la última imputación, en diciembre pasado el juez Facundo Becerra había resuelto la incompetencia de la Justicia provincial para investigar el lavado atribuido y si bien dictó la prisión preventiva para Vergara y otros imputados, para Pillín había resuelto la libertad con una caución de 20 millones de pesos.

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La medida fue apelada y el camarista Daniel Acosta entendió que la Justicia provincial sí podía intervenir en un caso de lavado de activos. Sin embargo, y en función de la resolución de Cámara que había dispuesto su libertad en 2020, no hizo lugar a la prisión preventiva requerida y así Pillín continuó en libertad.