Los abogados defensores de Carlos Andrés Ascaíni, el vecino de Villa Cañás preso y con procesamiento firme por comercialización de estupefacientes con la complicidad policial, causa en la que también está detenido y procesado el ex jefe de la policía santafesina, Hugo Tognoli, pidieron el jury de enjuiciamiento del juez federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, por tener un "mal desempeño en su cargo, desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional y demás normas legales, negligencia grave en el ejercicio de su cargo y realización manifiesta de actos de arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones".
En un escrito de 61 páginas, los letrados Paul Krupnik y José Nanni expresan con lujo de detalles lo que a su entender fue "el armado político de una causa a partir de una publicación periodística". En ese sentido, dicen que el juez Vera Barros tuvo "paralizada en el tiempo una causa judicial en la que se investigaba una supuesta red que comercializaba estupefacientes" y que sólo activó el expediente "a partir de una publicación hecha por el diario Página 12 de la Capital Federal", en relación a la nota que bajo el título "La delgada línea blanca", puso de manifiesto el accionar de Ascaíni el 19 de octubre de 2012.
"El doctor Vera Barros puso en marcha todo un procedimiento penal en el cual se detuvo a personas inocentes porque le fue indicado por alguien que fundó el inicio de la maniobra en una publicación periodística", sostienen los abogados. Y al respecto dicen que "desde el Juzgado Federal número 3 se revelarcon secretos relacionados a causas judiciales en trámite, «filtrando» dicha información a los medios periodísticos sin estar dicha información disponible para los letrados defensores de las personas implicadas".
Sin méritos. El pedido de jury sostiene que mientras la causa estuvo paralizada, a Carlos Ascaíni "no se le había encontrado mérito para llamarlo a que preste declaración indagatoria" y sobre el comisario Tognoli "no había mérito alguno para disponer su aprehensión" a pesar de que la por entonces fiscal subrogante Liliana Bettiolo había pedido su detención, a lo que el juez Marcelo Bailaque (quien reemplazaba a Vera Barros y actualmente volvió a estar al frente de la causa) se negó por falta de pruebas.
En ese marco, dicen, "es decididamente indicativa de parcialidad la actitud de Vera Barros", que tras la publicación del diario Página/12 y haciendo caso omiso a lo que había decidio Bailaque, ordena la detención de Tognoli "sin que haya nuevos elementos ni haya cambiado el contexto fáctico". Es decir, sostiene el escrito, "sin ninguna prueba, sin ningún pedido fiscal, sin haberse cambiado el contexto probatorio de la causa (que databa de 2009) y solo frente a una publicación periodística, el magistrado en un claro acto arbitrario y abusivo de funciones como juez puso en marcha toda esta operación política que dura hasta estos días".
Tras ello, los abogados hacen un extenso raconto de la causa, mencionando que el mismo Vera Barros le dictó la falta de mérito a Tognoli en diciembre de 2012, que la Procuraduría General de la Nación dispuso el relevo de la fiscal Liliana Bettiolo por el fiscal Juan Patricio Murray porque la funcionaria no apeló ese fallo, que el nuevo fiscal incorporó la figura de "empresa criminal conjunta" para sostener "un rediseño de la operación en la cual Tognoli debía ir preso" y que se volvió a indagar y a detener al ex jefe policial, quien actualmente está preso en la cárcel de Las Flores imputado de ser partícipe de comercialización de estupefacientes con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones, idéntica situación en la que está Ascaín.
Sospechas. Asimismo manifiestan que el juez "desconoció el derecho al dictar el procesamiento de Ascaíni y Tognoli al «lograr el grado de sospecha» necesario cuando la ley exige para fundar ese tipo de decisorios un «grado de probabilidad»". Y finalmente, el pedido de jury dice que Vera Barros "faltó a la verdad al momento de resolver un pedido sobre su recusación" ya que "argumentó que se habría cometido la probable comisión del delito de «violación de secretos» ordenando armar una causa penal para que se investigue dicha cuestión, diciendo que el mismo podría estar involucrado". Y también expresa que el magistrado "prejuzgó groseramente en relación al comisario Néstor Fernández (otro de los implicados en la causa aunque en libertad) y por tal motivo fue separado de la investigación por la Cámara Federal de Rosario".
