En el alegato final del juicio contra Esteban Alvarado, imputado de liderar una asociación ilícita y por dos hechos de secuestro que derivaron en asesinato, los fiscales remarcaron este martes que en una investigación realizada en Buenos Aires por robo de autos quedó en claro, hace diez años, que el principal acusado era ya en 2012 un importante actor en la criminalidad de Rosario en el campo del comercio de drogas, y que contaba para ello con la cooperación de la policía provincial en niveles jerárquicos. Y subrayó que en el peor momento de la violencia en la ciudad, en el año 2013, se empezó a generar evidencia de esas conexiones en la Justicia Federal de Rosario, que sin explicación razonable nunca fueron tenidas en cuenta.
El fiscal Luis Schiappa Pietra sostuvo que esa omisión está detallada en informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Que en ellos estaba señalado que la organización dedicada a la venta de drogas lo tenía a Alvarado como jefe, que éste tenía contactos con actores importantes de ese mundo como el asesinado Luis Medina y que policías provinciales de cargos importantes le garantizaban sus negocios. Frente a lo que calificó una incomprensible inacción de la Justicia Federal de Rosario, los dos fiscales le anunciaron a los tres jueces del tribunal que solicitarán al Consejo de la Magistratura de la Nación que se evalúe la conducta de quienes en aquella esfera tenían a cargo la investigación y que no autorizaron medidas cruciales para el avance de ese trámite.
El requerimiento ocurre a menos de 24 horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto al procurador de la Corte y jueces federales de todo el país se den cita en la Facultad de Derecho de la UNR frente a la escalada de violencia que este año está marcada por 104 homicidios, la mayor parte ligados a disputas de grupos que comercian estupefacientes, y la repercusión del tráfico de drogas en la Justicia local. Lo que dijeron los fiscales Schiappa Pietra y su colega Matías Edery es que durante mucho tiempo la Justicia Federal tuvo información clave sobre el grupo de Alvarado, que tenía supremacía en el comercio de estupefacientes, y rehusó avanzar por motivos desconocidos, a la vez que declinó compartir información con la Justicia provincial cuando allí eran públicas investigaciones por delitos de sangre entre grupos ligados al comercio de drogas.
Schiappa Pietra sostuvo que la evidencia de la paralizada investigación de la Justicia Federal contra Alvarado, que comenzó en 2013, está contenida en la pesquisa que hizo en Rosario Emiliano Lencina, ex jefe de la PSA, a quien calificó como "un policía muy importante para las fuerzas nacionales de investigación".
El trabajo de Lencina, explicó el fiscal, comenzó tras una denuncia anónima que vinculaba a Alvarado con Medina y la policía de Santa Fe.
“Lencina explicó cómo fueron los capítulos de esta investigación que tenía como referente a Alvarado. Habló de los 14 informes que presentó a la Justicia Federal. La causa es la 5433/2013. El juez era Marcelo Bailaque”, afirmó Schiappa Pietra.
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Schiappa Pietra remarcó que hace unas semanas, en esa misma sala, Lencina había desgranado su pesquisa. "Mostró filmaciones, fotografías, filmaciones, videos. Nos contó nombres, relaciones, acciones. Contó con videos cómo el grupo de Alvarado recibía droga en avionetas. La denuncia al juzgado federal fue de 2013. Allí se identifica a Alvarado, Medina y a todo un contexto. En este momento Santa Fe ardía. Esto es a meses de que hubieran matado a (Martín) Fantasma Paz, a Claudio "Pájaro” Cantero o cuando lo matan a (Maximiliano) Maxi Rodríguez en Corrientes y Pellegrini".
El inicio de esta causa se produjo ocho meses antes de que a Medina lo acribillaran con 18 balazos junto a su novia en el acceso Sur el 29 de diciembre de 2013. Para entonces, hacía siete meses que Alvarado estaba preso en la cárcel de Campana como jefe de una banda de ladrones de autos de alta gama por la imputación del fiscal provincial de San Isidro Patricio Ferrari por robo de vehículos en el conurbano norte que se desguazaban en Rosario.
Según afirmaron los fiscales, en la línea de lo que declaró Lencina, el juez federal actuante en el caso denegó de manera reiterada los pedidos de intervenciones telefónicas que en base a lo que surgía del trabajo de campo se hacían sobre los sospechosos. Los fiscales dieron las fechas de esas negativas en el año 2015. Las negativas a interceptar esos celulares iban en desmedro de una pesquisa exitosa porque los sospechosos, dijo Schiappa Pietra, cambian continuamente sus líneas.
Otra fuerte recriminación contra la Justicia Federal de Rosario, por información de alta relevancia para asuntos de seguridad no compartida, fue que en la pesquisa de Lencina quedaba al desnudo que aparecían policías vinculados a Alvarado que a la vez investigaban a integrantes de la Banda de Los Monos. Entre ellos Luis Quevertoque, que era jefe de la Brigada Operativa de Judiciales, la sección actuante en contra del grupo de barrio Las Flores. "Me tocó trabajar sobre el juicio a la llamada Banda Los Monos. Es incomprensible que los que trabajaban además en el homicidio de (Claudio) Pájaro Cantero no tuvieran esta información a mano sobre los miembros de la organización, cómo se movían y los vínculos que tenían”, afirmó Schiappa Pietra.
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Este fiscal recordó que Quevertoque fue condenado recientemente por la Justicia provincial como miembro de la asociación ilícita de Alvarado y que para eso fue muy importante el aporte contenido en las investigaciones de la PSA que la Justicia Federal no llevó a fondo. "Lencina nos mostró de qué manera Quevertoque con (Aurelio) Tanzi organizaban la logística para el traslado de los estupefacientes. Quevertoque era el jefe de la Brigada de Judiciales que investigaba a Los Monos. Lencina decía que el jefe de los investigadores de Los Monos estaba en complicidad con Alvarado. Todo eso pasaba cuando la investigación a Los Monos de Judiciales era pública", estableció.
"El fenómeno del crimen complejo no puede funcionar sin apoyo estatal. Nos estaban advirtiendo desde muchos lugares, ya en 2012, que esto estaba pasando en la provincia de Santa Fe", sostuvo Schiappa Pietra ante los jueces Patricia Bilotta, Isabel Más Varela y Alejandro Negroni. Afirmó que uno de los primeros fue el fiscal Ferrari.
"A partir de los elementos de su causa el fiscal Ferrari entiende que las escuchas advertían de otros posibles hechos criminales que podían ser motivo de investigación. Básicamente de temas de droga". Sostuvo que el hecho de no ser investigado por narcotráfico, para Ferrari, tenía que ver con la connivencia estatal de funcionarios santafesinos con Alvarado. En la audiencia se expuso el audio de una llamada en la que Alvarado habla con su ex abogado Luis Tavella. "Cuando lo van a detener quería asegurarse que era por los autos y no por la droga y por eso pregunta y se queda tranquilo cuando se entera de que no es por calle Francia (donde está la sede de la Delegación de Drogas Peligrosas de Policía Federal en Rosario). Ferrari se da cuenta de que había otra cosa para investigar. Un fiscal bonaerense le dice a los santafesinos que en esta provincia hay que investigar otros hechos".
Los fiscales subrayaron que es crucial para encontrar claves sobre este momento de violencia desaforada en Rosario determinar por qué se malogró la investigación que Lencina aportó a la Justicia Federal de Rosario. "Vamos a solicitar que se remitan copias al Consejo de la Magistratura para que se evalúe la conducta de las personas que tenían a cargo esta investigación para que se las investigue al menos administrativamente. Lo que expuso Lencina no es irrelevante para entender cómo contribuyen importantes sectores policiales y judiciales para que se desarrollen actividades de importantes organizaciones criminales como esta. Algunos ya están condenados", indicó Schiappa Pietra.
Las primeras evidencias en una investigación contra Alvarado en la Justicia Federal se consignaron en documentación allí en el año 2013. No hubo acciones contra Alvarado en esa jurisdicción en Rosario hasta 2020 cuando comenzó, en tiempo récord, un trámite en su contra por un camión interceptado en Río Negro con 500 kilos de marihuana. Hoy por ese caso de 2017 lo están juzgando en el Tribunal Federal Oral 2 desde marzo.
