Los abogados defensores de Máximo Ariel "Guille" Cantero presentaron ante la Justicia provincial un pedido para que la investigación por las balaceras contra inmuebles del Poder Judicial o donde habían vivido algunos de sus funcionarios, todos ellos vinculados a la investigación y juicio a la banda de Los Monos, pase a la órbita Federal. En el escrito, los letrados consideraron que la calificación legal con la que el viernes imputaron a "Guille" y a otras nueve personas, que "supone un ataque a la seguridad del Estado o de sus instituciones", obliga a que la pesquisa pase a manos de la Nación.
El viernes, en una audiencia que se extendió por más de ocho horas, "Guille" Cantero fue imputado junto a otras nueve personas por "amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por el uso de arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público, en concurso ideal con daño calificado y en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal".
Puntualmente, se le atribuyó el rol de "instigador" desde su lugar de arresto de siete de las once balaceras que se ventilaron en la audiencia presidida por el juez Héctor Núñez Cartelle.
Antes de que los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníval Vescovo dieran lectura a las imputaciones, los abogados Carlos Edwards y Fausto Yrure, que representan a "Guille", habían solicitado la suspensión de la audiencia al entender que los delitos que les iban a achacar a los sospechosos no debían ser investigados por la Justicia provincial sino que correspondía la órbita Federal.
Rechazo e imputación
El juez Núñez Cartelle rechazó el pedido y después de casi cuatro horas de exposición de los fiscales, el magistrado hizo lugar a las imputaciones planteadas. Las mismas fueron consideradas por la Fiscalía como "una saga de atentados que se iniciaron el 29 de mayo y que tienen como denominador común haber sido dirigidos hacia inmuebles de dependencias oficiales del Poder Judicial, puntualmente el Centro de Justicia Penal y el Ministerio Público de la Acusación, y domicilios donde habían vivido funcionarios públicos del Poder Judicial y de la provincia de Santa Fe y/o sus familiares directos". Y destacó que las personas a las que fueron dirigidos los ataques "participaron en la investigación o juzgamiento de algunos integrantes de la familia Cantero, o que tienen a su cargo recursos de apelación de fallos que los involucran".
Cuando atacan al Estado
En ese contexto, la defensa de "Guille" presentó un pedido de declinatoria al juez con el mismo reclamo hecho el viernes pero que el Código Procesal Penal obliga a que sea presentado por escrito.
Los letrados argumentaron que tanto el Código Penal como la jusrisprudencia establecen que cuando el delito de "amenazas coactivas" no tenga una "estricta motivación particular", sino que existe la posibilidad de que afecten "de manera directa o indirecta a la seguridad del Estado o de sus instituciones", debe ser la Justicia Federal quien lleve adelante las investigaciones.
En esta línea plantearon que los mismos fiscales plantearon la hipótesis de una "posible afectación de las instituciones públicas" y "afirmaron la existencia de un plan sistemático orquestado para interferir el normal servicio de Justicia".
En su pedido, los abogados echan mano a la jurisprudencia nacional y mencionan que "en el presente caso no se cumple ninguno de los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la investigación de este delito". En primer lugar porque "la investigación de los hechos atribuidos no han tramitado inicialmente ante la Justicia federal, sino ante la provincial", lo que violenta las garantías constitucionales; y segundo porque "no surge de la hipótesis delictiva de la Fiscalía de forma inequívoca y fehaciente una estricta motivación particular para la comisión de las amenazas" achacadas.
Finalmente critican la posición de la Fiscalía al sostener que "resulta inexplicable que ante la contundencia de las disposiciones legales que atribuyen la competencia federal para investigar el delito de amenazas coactivas agravadas, los fiscales no hayan advertido tal circunstancia, y continuaran con la investigación de los hechos, cuando debían saber que carecían de competencia para ello".
