La fiscalía federal formuló los pedidos en el juicio contra un grupo acusado de tres secuestros extorsivos perpetrados en 2023 en Rosario y Villa Ramallo
La fiscalía federal pidió 20 años de cárcel para Claudio Daniel Coto, sindicado líder de la banda de secuestradores
El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó penas de hasta 20 años de prisión para seis acusados de integrar una banda que entre 2021 y 2023 cometió extorsiones, amenazas y secuestros extorsivos con empresarios o sus familiares como víctimas en Rosario y la ciudad bonaerense de Villa Ramallo.
El requerimiento fue formulado en los alegatos finales del juicio ante un tribunal oral de Rosario integrado por los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta.
Reynares Solari, acompañado por el auxiliar fiscal Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, requirió penas de cumplimiento efectivo para los seis imputados de asociación ilícita y secuestro extorsivo agravado. Para el sindicado como jefe de la banda, Claudio Daniel Coto, requirió 20 años de cárcel. Para el segundo, Néstor Adrián Santabaya, también acusado en calidad de jefe de la asociación ilícita, pidió 18 años de prisión.
En tanto, solicitó 15 años de cárcel para Emiliano Mario Andrés Acuña y Sebastián Ezequiel Pugliese, y pidió seis años de prisión para Silvia Beatriz López y Nicolás Adrián Santabaya. Además, la fiscalía pidió el decomiso de bienes, vehículos, armas y dinero secuestrado durante los procedimientos.
Según se publicó en el sitio fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal (MPF) el juicio continuará este viernes 3 de octubre con el alegato de la defensa y se prevé que el veredicto se de a conocer antes del próximo viernes 10.
Los representantes del MPF brindaron una reseña de las acciones detectadas a la banda entre julio de 2021 y diciembre de 2023. En ese lapso, según la acusación, la banda “planificó y ejecutó secuestros extorsivos, amenazas y extorsiones en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás, con una logística digna de una fuerza de seguridad paralela".
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En tal sentido puntualizaron que las operaciones incluían la “selección de víctimas de alto perfil patrimonial, tareas de inteligencia, alquiler de casas para cautiverio y el uso de vehículos con patentes cambiadas y de teléfonos analógicos para evitar rastreos”. También empleaban entre sus herramientas un distorsionador de voz. “No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, sostuvo en el alegato Reynares Solari sobre la banda.
En cuanto a su estructura, los fiscales ubicaron como jefe al comerciante Claudio Daniel Coto, de 63 años, a quien le atribuyeron manejar la estrategia general que incluía el uso de identidades falsas para camuflar la autoría de los delitos perpetrados. El mecánico de 61 años Néstor Santabaya fue ubicado como segundo al mando y también como “jefe operativo”.
Los otros cuatro imputados fueron ubicados en dos grupos: como “soldados” o gatilleros ubicaron a Emiliano Acuña, un hombre de 38 años que se presentó ante el tribunal como “animador de eventos infantiles”, y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese, de 47 años. En tanto Silvia López, de 44, se encargaba de tareas de inteligencia y logística, mientras que Nicolás Santabaya, de 32 e hijo del mecánico, colaboraba en funciones de apoyo.
Los fiscales enfatizaron en su alegato el grado de organización del grupo. “Estos hechos no son improvisados, son la muestra de una criminalidad organizada que puso en riesgo la vida y la libertad de ciudadanos comunes con el único fin de enriquecerse”, afirmaron ante el tribunal. Y remarcaron que la Justicia no solo tiene que identificar y condenar a los culpables “sino también desarticular la estructura económica de estas organizaciones”.
La investigación a esta banda comenzó a cargo del fiscal general federal Javier Arzubi Calvo, por dos hechos perpetrados en Rosario, y fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello, por un hecho ocurrido en Ramallo.
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El primero de los hechos que llegó a juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, donde secuestraron a un hijo de un empresario que circulaba en una camioneta por un camino de tierra en el que se montó un falso operativo policial que incluyó vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
La víctima fue trasladada hasta una casa de San Nicolás y los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con un familiar del cautivo a quien le hicieron saber la ubicación de la camioneta. En el vehículo los delincuentes habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate.
Las negociaciones con un familiar del joven cautivo se extendieron hasta el día siguiente, cuando acordaron el pago de 580.000 dólares. Para ello lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde, en el partido de Avellaneda, donde por la noche un motociclista pasó a retirar el dinero.
Luego, sobre las 2 de la mañana del 26 de enero de 2023, los delincuentes avisaron que habían liberado a la víctima en el puente sobre la autopista que conduce al ingreso de la localidad santafesina de Theobald, unos 60 kilómetros al sur de Rosario.
Los otros dos hechos, uno fallido y otro consumado en el segundo intento, se perpetraron con cinco días de diferencia en el mismo sitio y tuvieron como víctimas a la pareja y al hijo de 13 años de un empresario rosarino. El primero fue el 5 de octubre de 2023, a las 6.43, cuando una mujer y su hijo fueron hasta la cochera del edificio donde vivían para sacar el auto y los imputados no pudieron ingresar a ese sector para concretar su plan porque el techo del utilitario en en el que se movían se atascó con el portón del edificio. Eso los obligó a retirarse.
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El segundo intento fue el 10 de octubre de ese año, a la misma hora, cuando lograron ingresar a las cocheras del mismo edificio en un furgón Renault Trafic blanco. Entonces, cuando la mujer y el adolescente bajaron a buscar el auto fueron capturados por tres encapuchados que los hicieron subir al furgón.
Según la investigación los captores trasladaron a las víctimas al barrio Parque Avambaé de San Nicolás y las encerraron en la habitación de una casa. Mientras tanto el empresario recibía llamadas y mensajes en los que le advertían sobre sus familiares secuestrados y le exigían tres millones de dólares a cambio de liberarlos.
Anoticiado el secuestro, los captores instruyeron al empresario para que pasara por un restaurante a retirar un bolso con celulares. Hubo una situación por la cual los captores decidieron no seguir adelante con el plan y, sin llegar a cobrar el rescate, liberaron a las víctimas sobre las 20 de ese mismo día sobre la ruta 188 que conecta San Nicolás con Pergamino, en inmediaciones de la localidad rural de Campo Salles.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en ese secuestro fue luego utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño. El vehículo apareció luego incendiado en el partido bonaerense de Lanús.
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