Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que no les dejaba vender droga

Cuatro personas quedaron en prisión preventiva acusados de tenencia de drogas para la venta. Dos de esas cuatro personas recibieron otra imputación por haber querido matar a una pareja que les alquilaba la casa y no querían que vendieran drogas en el inmueble.

Según fuentes judiciales Micaela P. de 32 años; Jorge Hernán P., de 33; Axel G., de 29, y Rodrigo D., de 32, fueron detenidos el pasado 10 de septiembre en un operativo antinarcóticos en un casa investigada como punto de venta de droga en Empalme Graneros. En el operativo se incautaron más de 400 gramos de cocaína fraccionada y elementos de los que se emplean para el fraccionamiento y la venta al menudeo.

En una audiencia realizada días atrás el fiscal Franco Carbone imputó a los cuatro como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Con drogas

Según los voceros consultados, los imputados fueron detenidos en un operativo realizado el pasado 10 de septiembre por la División Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones (PDI). Los efectivos realizaban tareas de vigilancia en las inmediaciones de Cabal y José Ingenieros cuando, alrededor de las 15.45 de ese día vieron a cuatro sospechosos bajar de un Ford Ka.

En ese momento los efectivos arrestaron a Micaela P. y a Jorge P. En tanto los otros dos sospechosos ingresaron corriendo velozmente a una casa de Cabal al 900 bis. En el lugar se capturó a Rodrigo D., quien opuso cierta resistencia con agresiones para con el personal policial, y a Axel G., que ya estaba en el interior de la casa cuando le colocaron las esposas.

En el procedimiento en la casa se secuestró un total de 443 gramos de cocaína fraccionados en cuatro envoltorios de diferente peso. También había una bolsa con un trozo compacto de esa droga, un trozo de 3,9 gramos de marihuana, una balanza para pesar drogas, un recipiente plástico, precintos y un cuchillo, todos elementos con vestigios de droga.

A matar

En la misma audiencia por la tenencia de drogas, el fiscal Adrián Spelta les atribuyó a Micaela y Jorge P. otro hecho cometido diez días antes de ser apresados junto con otra persona que tiene pedido de captura vigente y otras dos más que aún no fueron identificadas. Según la imputación, se trató de un ataque acordado y planificado entre varias personas con el objetivo de atentar contra la vida de dos personas, el cual no pudieron concretar por “circunstancias ajenas a su voluntad”.

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Spelta explicó que el suceso se desencadenó a partir de la negativa de una de las víctimas a que los acusados vendieran drogas en una vivienda que ellos le alquilaban. Para sacarse de encima el impedimento, según la teoría del fiscal, la madrugada del pasado 1º de septiembre citaron a la víctima a una casa ubicada en Tupac Amaru y Nicaragua.

Eran cerca de la 1.45 cuando se suscitó una discusión entre la víctima, que había concurrido con otra persona y los ocupantes de la vivienda que en un momento comenzaron a dispararles con una pistola 9 milímetros.

Según la acusación los disparos orillaron la decena y exhibieron por parte de los gatilleros una “clara intención de quitarles la vida” a las víctimas. Una de ellas sufrió heridas en el miembro inferior derecho con fractura expuesta de tibia mientras que causó lesiones a la otra en zona de tórax, abdomen, pelvis, muslo y brazo izquierdo.

Los gatilleros huyeron en un auto y en una moto por diferentes calles y hasta ahora solo fueron apresados Micaela y Jorge P.

“Inactivación” del búnker

En ese marco, además de recibir la imputación por tenencia de estupefacientes, Micaela y Jorge P. fueron imputados como coautores de una tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.

Otra resolución del juez en esa audiencia tuvo que ver con aceptar el pedido de la fiscalía de una solicitud de cese de estado antijurídico y, de esa manera, ordenó la “inactivación mediante el cerramiento de las aberturas” de la casa de Cabal al 900 bis que funcionaba como punto de venta de drogas. de Rosario.

La medida será ejecutada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y distintas agencias estatales del municipio rosarino y la gobernación santafesina.