El allanamiento realizado el pasado 20 de abril en una vivienda de Garzón al 900 bis, barrio Empalme Graneros, destapó una investigación que continúa exponiendo la falta de control sobre armas de fuego que debían estar bajo cuidado policial. En aquel operativo fueron secuestradas 11 pistolas que figuraban como custodiadas en la sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal y a disposición de la Justicia. Por esas irregularidades en los últimos días habían sido imputadas dos personas, uno de ellos policía, y ahora fue acusado el dueño de un gimnasio que aparece como el presunto comprador de las armas.
Hasta el momento la investigación alcanzó a identificar a tres jóvenes como las involucradas en este entramado delictivo de manejo de armas de fuego, los cuales fueron imputados por el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery.
El primero fue Lautaro G., de 20 años, quien vive en la casa de Empalme Graneros que fue allanada el 20 de abril. Al ser imputado el muchacho dijo que tenía esas armas como parte de un favor que le había pedido su primo. En tanto, entre las evidencias que se ventilaron en la audiencia imputativa, hubo fotos del imputado en sus redes sociales en las que posaba con armas de fuego y frascos con flores de marihuana. En ese marco está sindicado como "a cargo del resguardo de armas de fuego, la conducción de escruches barriales y venta de drogas al menudeo".
El otro imputado fue el policía Juan Carlos B., de 21 años, y suboficial de la propia Sección Balística de la AIC con tan solo tres meses en la fuerza. Lo acusaron de once hechos de peculado en concurso ideal con sustracción de evidencia en concurso real con entrega de armas de fuego. Según la investigación es quien sustrajo las armas que debían estar custodiadas en la oficina donde trabajaba.
En tanto este viernes fue imputado el tercer sospechoso, un joven de 20 años sindicado como quien adquirió las armas de parte del policía, a cambio de una moto. Se trata de Stefano Lucas A., quien formalmente aparece como encargado y entrenador de un gimnasia, justamente al que asistía el policía imputado. Fue allí donde se presume que se organizó la transacción en la que el policía entregó 11 armas y el otro joven una moto Honda XR Tornado.
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La pocilga
El hallazgo de tamaño arsenal llamó la atención por un detalle no menor: muchas de las armas tenían sus numeraciones intactas, lo que permitió rastrearlas. Así se estableció que en su gran mayoría debían haber estado custodiadas en la sección Balística de la AIC, dependencia encargada de realizar las pericias de las armas y municiones secuestradas en investigaciones de delitos con armas.
Esa oficina fue requisada al día siguiente por personal de Fiscalía y de la Agencia de Control Policial (ACP, ex Asuntos Internos) que secuestraron los celulares de todos los empleados y libros de entrada y salida de elementos desde 2016 hasta ahora. Más allá de esta investigación puntual, la oficina fue descripta como “una pocilga donde las armas están en el piso sin ningún tipo de orden, en el mejor de los casos en cajas de cartón” donde “cualquier cosa puede pasar”.
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La investigación incluyó testimonios de peritos y empleados que coincidieron en que la sección no tiene a nadie designado específicamente para recibir los secuestros; que todo es ingresado a un libro de guardia pero luego las armas están “todas desparramadas” en una habitación sin llaves a la que todo el personal tiene acceso. Uno relató que una vez llegó a su lugar de trabajo y encontró un gran desorden que lo hizo controlar las filmaciones de lo ocurrido la noche anterior. Así vio a B. manipulando material que estaba en su oficina. “Sacaban las cosas, las armas, se sacaban fotos con las armas”, contó.
