El escribano Eduardo Martín Torres, uno de los tres condenados en agosto pasado en un juicio por fraudes inmobiliarios, sumó una nueva pena a 4 años de prisión por haber simulado la compra de un auto de alta gama a un persona fallecida, lo que generó un perjuicio patrimonial a la hermana de la víctima, heredera del vehículo. La sentencia fue dictada al término de un juicio en el que también fue sentenciada a 1 año de prisión condicional una mujer de 68 años que se había adjudicado el auto a su nombre con una transferencia falsa. En el caso de Torres, la pena se suma a los 12 años de prisión que cumple por maniobras ilegales con viviendas.
El escribano de 67 años fue condenado por la jueza Paula Alvarez a la pena de 4 años de prisión efectiva y a 8 años de inhabilitación especial para ejercer su profesión por el delito de estafa y como partícipe necesario de la falsificación de instrumento público. Con él fue condenada Ramona Graciela Bazán, de 68 años, a 1 año de prisión condicional y a cumplir reglas de conducta por el plazo de dos años como autora del delito de estafa. Deberá someterse a un instituto de control y realizar tareas en una entidad de bien público con una frecuencia de cuatro horas semanales.
Los dos llegaron a juicio como resultado de una denuncia que presentó una mujer de 90 años damnificada por la maniobra. La fiscal Viviana O’Connell, quien presentó en el juicio el caso investigado por el fiscal Germán Mazzoni, acusó a Bazán de haber simulado la compra de un auto Renault Fluence Luxe de cuatro puertas a una mujer fallecida el 22 de noviembre de 2015, nueve meses antes de la maniobra que se concretó el 31 de agosto de 2016.
De acuerdo con la acusación, en su calidad de escribano Torres colaboró “de modo esencial” con la falsa compradora y otra persona en la simulación de la compraventa y transferencia de dominio. Esto generó un perjuicio patrimonial a la hermana de la titular del auto, una mujer de 90 años con problemas de salud que era su única heredera. Según se ventiló en el juicio, la dueña del auto era una persona mayor que había quedado sola al morir su esposo en julio de 2015.
Entonces fue a vivir con ella una chica a la que habían criado y que la asistió con la gestión de un geriátrico que administraba. A los cuatro meses de enviudar, la mujer falleció. Con el tiempo el auto terminó a nombre de un familiar de la chica que la cuidaba. La denunciante además debió realizar juicios de desalojo contra personas que ocupaban tanto dos viviendas de la familia como el geriátrico.
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Torres fue uno de los once imputados en la llamada “megacausa” por fraudes inmobiliarios cometidos mediante la falsificación de documentación con el fin de arrebatar propiedades a sus dueños y luego darles una apariencia lícita a las falsas transacciones. El juicio por el caso finalizó en agosto pasado, cuando el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Ismael Manfrín y Román Lanzón dictaminó que no hubo una megaestafa ni una banda criminal y que no se lavaron activos.
Si bien ocho acusados fueron absueltos, tres fueron condenados por delitos puntuales. Uno de ellos fue el escribano Torres, condenado a 12 años de prisión, una multa especial de 90 mil pesos e inhabilitación especial por 10 años para el ejercicio de su profesión. Los otros condenados fueron el comerciante Juan Roberto Aymo, condenado a 11 años, y el sindicalista Maximiliano Rodrigo González de Gaetano, quien recibió una pena a 7 años de cárcel.
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Respecto de ellos, el tribunal indicó que quedaron acreditados ocho hechos distintos de fraudes inmobiliarios en los que participaron principalmente Aymo y Torres. Según la condena, detectaban propiedades inmobiliarias que tenían un cierto grado de vulnerabilidad o abandono. A partir de esa situación “confeccionaban poderes especiales mediante escritura pública con las firmas falsas de los titulares de dichos inmuebles”, quienes en algunos casos habían muerto o se habían ido del país, para luego transferirlas y así obtener un beneficio económico.
De acuerdo con la sentencia, “el escribano Torres cumplió una función esencial en sus distintas intervenciones, debido a que sin él no se podrían haber instrumentado los poderes falsos con los cuales Aymo materializaba las transferencias inmobiliarias. Su función de notario importó un salto de calidad en las maniobras descriptas”.
