Cuatro escribanos de Rosario van a juicio por la causa de fraude inmobiliario

Quince personas irán a juicio oral y público, entre ellos cuatro escribanos públicos de Rosario y profesionales de alto perfil, acusadas de desempeñar distintos roles en una estructura dedicada a desapoderar de inmuebles a sus legítimos dueños y anotarlos a favor de otras personas, en un esquema de delitos que implican fraude, asociación ilícita y lavado de dinero entre otros.

Los escribanos que van a juicio son Eduardo Martín Torres, Luis María Kurtzemann (hijo), Juan Baustita Aliau y José Luis Gordó. Este último en caso de ser condenado deberá cumplir prisión efectiva dado que está condenado por la Justicia Federal de Rosario el año pasado por una maniobra de falsificación de un formulario 08 para transferencia de un automotor.

En dos audiencias que en total duraron quince horas, tras un febril debate entre el fiscal Sebastián Narvaja y las defensas, el camarista Daniel Fernando Acosta confirmó las acusaciones con lo que el juicio oral quedó como destino inexorable para este caso, donde se discutirán penas que van desde los tres años hasta los 18 años de prisión, según los delitos ventilados.

La investigación empezó en octubre de 2016 cuando a partir de denuncias se detectó una red que tramó más de 50 fraudes con propiedades.

Los que están en situación más delicada son el escribano Eduardo Torres, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, el empresario y contador Marcelo Jaef y el empresario de concesionarias de automotores Leandro “Lelo” Pérez, que tenía departamentos en la torre Aqualina y fue conocido por su noviazgo con la vedette Victoria Xipolitakis.

Los escribanos están acusados, de distinta forma, y algunos por un solo delito presunto. Las irregularidades van desde no haber realizado los aportes obligatorios de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) o por haber inscripto bienes en condición litigiosa en el Registro de la Propiedad.

Esta investigación empezó en octubre de 2016 cuando a partir de denuncias dos fiscales de la Unidad de Delitos Económicos descubrieron una red que tramó más de 50 fraudes con propiedades. Según los fiscales, participaron de las maniobras un grupo de personas que marcaban viviendas que se reinscribían permitían a favor de nuevos dueños mediante el servicio profesional de escribanos. Estos bienes enajenados a veces se vendían varias veces para que tomaran un aspecto lícito y se lavara el dinero, de manera de encubrir el ilícito original. Todo se redujo a siete casos de compraventa de inmuebles despojados a sus dueños mediante poderes apócrifos y testaferros, transferidos a fin de darles apariencia de legalidad.

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El camarista Acosta ratificó uno de los delitos más cuestionados por la defensa, que es la existencia del lavado de dinero y la competencia provincial para investigarlo. Para refrendar esta posición señala que la camarista federal de Rosario Elida Vidal rechazó el planteo de los dos acusados para que intervenga la Justicia Federal en este caso y que su criterio fue confirmado por la Cámara Nacional de Casación.

Acosta dice que el lavado de activos no solo se limita a delitos precedentes como corrupción política y narcotráfico, sino que también están para considerarse como lavado los delitos que implican irregularidades de mercado, como pueden ser los originados en la evasión impositiva o ilícitos bancarios o en el mercado inmobiliario.

También descartó el pedido de igualdad ante la ley frente a dos anteriores implicados a los que por orden del ex fiscal regional Patricio Serjal, hoy detenido, se dejó de acusar por haber éstos pagado una reparación económica a la víctima. Acosta dijo que frente a esto decidió así por sustracción de materia, es decir, falta de conflicto ya que se canceló la acusación por orden del entonces fiscal regional. Pero en los otros casos las imputaciones siguieron en pie.

Los que van a juicio son Juan Roberto Aymo, Eduardo Torres, Maximiliano González de Gaetano, Juan Aliau, Luis Kurtzemann, Marcelo Jaef, Ramona Rodríguez, Juan de la Cruz González de Gaetano, Magalí González de Gaetano, Sandra Moresco, Omar Buselatto, Leandro Pérez, Vanina Viglione, Andrés Martín y José Luis Gordó.

Este caso ya tiene condenados a Jonatan Zárate y Nicolás Aymo, quienes acordaron juicios abreviados por participaciones menores.