La jueza penal Hebe Marcogliese hizo lugar a un hábeas corpus preventivo presentado en favor de cinco jóvenes que denunciaron haber sufrido lesiones y hostigamiento policial en el barrio Santa Lucía. La magistrada escuchó en una audiencia los relatos de cuatro afectados y la madre de un quinto muchacho que no pudo asistir a Tribunales por cuestiones laborales. En ese marco ordenó el "cese de las amenazas" y de las detenciones a los denunciantes, quienes contaron que los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) los "persiguen, los paran en cualquier lado y no los dejan tranquilos".
El recurso fue presentado por la Defensa Pública en favor de cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, quienes denunciaron haber sido golpeados, hostigados y amenazados por agentes de la PAT la noche del viernes 28 julio.
Los cinco circulaban en tres motos y fueron demorados por oficiales de esa tropa que controla el barrio, quienes les habrían apuntado con escopetas Itaka para requisarlos contra un móvil. Al no encontrar nada, uno de los oficiales comenzó a rastrillar la zona y encontró un arma a unos siete metros de donde estaba desarrollándose el operativo.
Jonatan S., Hernán C., Sebastián G., Sebastián F., Sebastián C., el menor Kevin L. y la madre de Diego G., Alejandra T., se presentaron el miércoles en una sala de audiencias junto al defensor público Juan Pablo Nardín y el responsable de la Oficina de Asistencia a la víctima de Violencia Institucional de la Defensoría, Marcelo Marasca.
En el trámite intervino además el fiscal de flagrancia Gustavo Ponce Asahad, quien respaldó el reclamo y pidió que se investigue el procedimiento. A un costado se ubicaron los efectivos citados a dar explicaciones sobre los apremios denunciados por los jóvenes.
Los denunciantes declararon uno a uno ante la atenta escucha sus defensores y una mirada de cierto desdén por parte de los efectivos policiales. Explicaron que los oficiales los interceptaron en "Riobamba y el puente", a la altura de avenida de Circunvalación, cuando venían de comer unos "choris" en las Cuatro Plazas. Allí les ordenaron quedarse en el lugar porque les iban a "arruinar la panza a todos" si se movían. Dijeron que los oficiales los obligaron a arrodillarse cruzando los pies, a poner las manos en la nuca y apoyar la frente contra el piso para luego esposarlos.
Los muchachos sostuvieron que los policías encontraron un arma a metros de donde estaban ellos y que quisieron "inculpar" al grupo por su tenencia. En ese momento llegó al lugar la madre de Diego G., a quien los agentes le habrían solicitado que firmara un acta donde figuraba el procedimiento para regularizar el secuestro. Como ella se negó, los policías la habrían rodeado y amenazado también.
Desnudos
Tras la detención los adolescentes fueron derivados a la subcomisaría 22ª donde, según denunciaron, los hicieron desnudar y los golpearon en la cabeza, el tórax y piernas. Según ellos no fueron revisados por un médico ni les dieron nada para beber. A las 13 del viernes fueron liberados luego de firmar una serie de papeles que les impidieron leer. Antes fueron reunidos por el personal policial que los amenazó con nuevas detenciones y golpes.
Al responder a esos dichos, los policías sostuvieron que tras el procedimiento dieron aviso a la jueza de menores Dolores Aguirre Guarrochena sobre la demora de Kevin L. y a una fiscal de Flagrancia sobre la detención de los otros cuatro. Los policías Ivo R. y Gastón M. leyeron el acta de procedimiento varias veces, en la que obviamente no figuraban apremios ni la modalidad del arresto. Aseguraron haberlos dejado a resguardo en la subcomisaría 22ª y que allí fueron revisados por un médico.
Según los jóvenes, en cambio, en la subcomisaría fueron víctimas de "maltratos, falta de respeto y humillaciones de todo tipo". Esto fue negado por el responsable de la seccional, comisario Raúl G. Ante la requisitoria de la jueza aseguró que se avisó a la médica forense para que acudiera a la comisaría a revisar a los detenidos. Dijo que al acudir la médica sólo notó un "viejo golpe en la rodilla" del menor y puso a disposición de la magistrada las actas de la detención.
Esa versión se contradijo con la de los jóvenes afectados, quienes no dudaron en declarar que ningún médico los vio ni antes ni durante su estadía en la seccional.
A favor
Por su parte el fiscal Ponce Asahad pidió que se haga lugar al recurso y recordó que a los jóvenes se les inició una causa por abuso de armas que rápidamente fue archivada por la fiscal Juliana González. Luego pidió que se remitiera una copia de las declaraciones a la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci para que investigue la actuación de los policías por los presuntos apremios.
Luego de escuchar a las partes, Marcogliese resolvió hacer lugar al recurso. Ordenó que sean notificadas las autoridades de la Unidad Regional II y en especial los responsables de la PAT, agrupación que "deberá evitar todo tipo de amenazas, hostigamientos y restricciones a la libertad ambulatoria de los amparados que pongan en riesgo la vida y/o la integridad física" de los mismos.
Además la magistrada pidió que el video de la audiencia donde sea remitido al Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la presunta comisión de ilícitos por parte del personal policial que intervino en el opertaivo en Santa Lucía.
"Si les pasa algo, culpo a la PAT"
"Esta policía te detiene y te humilla en la cara", dijo la madre de uno de los jóvenes afectados por un procedimiento de la Policía de Acción Táctica (PAT) en Santa Lucía. "Yo estaba contenta con la presencia de la Policía Comunitaria en el barrio, eran otra cosa, pero estos no", declaró Alejandra T. "¿Por qué les pegaron a los chicos? Todos trabajan y los pesitos que ganan los usan para salir con los amigos. Le juro señora —le dijo a la jueza— que tengo ganas de llorar de bronca", agregó. La mujer no se amilanó ante la presencia de los policías en la sala y cerró: "Yo sé cómo viene después; los policías saben quienes somos y se la agarran con nosotros. Si a los chicos les pasa algo yo le echo la culpa la PAT".
