Medida de la Corte para ordenar la transición hacia el juicio oral

La Corte Suprema de la provincia planteó que el nuevo Código Procesal Penal, que define un nuevo sistema de enjuiciamiento de delitos en Santa Fe, entrará en vigencia recién cuando el gobernador emita una resolución que así lo disponga. Por lo tanto el que actualmente rige, sin que nunca hubiera perdido vigor, es el anterior.

Con ese señalamiento, el máximo tribunal despeja la incertidumbre de un supuesto vacío legal. Ocurre que el nuevo Código Procesal Penal debía regir a partir del 30 de junio pasado, según la ley que lo sancionó en agosto del año pasado. Como esa fecha se cumplió y está en trámite legislativo un proyecto de ley para que el nuevo sistema se implemente en forma progresiva, hubo interpretaciones de que no había un procedimiento penal vigente en la provincia.

No es así. Tal presunción, según la Corte Suprema, es un error. La acordada del máximo tribunal no tiene otro sentido más que desactivar la inquietud sobre el supuesto vacío jurídico. El Código Procesal Penal que rige es el anterior al sancionado en agosto pasado.

¿Qué sugería la inquietud planteada? Que las resoluciones dictadas por los encargados de la Justicia Penal de la provincia después del 30 de junio podrían ser invalidadas y que se crearía una situación de inseguridad jurídica. Esa inquietud, según la Casa Gris y el Poder Judicial, no tiene fundamento.

El titular de la Corte, Roberto Falistocco, dijo a este diario que ese órgano apelaba a su facultad constitucional de gobierno para refrendar que en los hechos el actual Código sigue teniendo vigencia. El pronunciamiento se hizo para despejar un estado de confusión e incertidumbre. El máximo tribunal se propuso anticipar su interpretación sin esperar un caso específico, que se resolverá en la instancia jurídica que corresponda.

Las miradas. "Tanto la Corte como el Poder Ejecutivo tienen claro que el Código vigente es el anterior", dijo a LaCapital el ministro de Justicia, Héctor Superti.

El artículo 456 del nuevo Código Procesal Penal define que ninguna de sus disposiciones estará en vigencia hasta que el Poder Ejecutivo encuentre que están las condiciones para ello y, con una resolución, fije forma y fecha de su entrada en vigor. Lo que dice la Corte es que hasta tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia adopten las decisiones institucionales que crean corresponder a los fines de la puesta en vigor total o parcial del nuevo Código (ley 12.734) mantienen plena vigencia las disposiciones del Código anterio (ley 6740). Así lo suscriben Falistocco, Daniel Erbetta, María Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Adolfo Spuller.

Superti sostiene que la disposición del máximo tribunal no tiene tanta relevancia normativa, dado que no tiene atribuciones legislativas, como sí significación política. "Es un buen gesto de la Corte que desde luego valoramos. Esta acordada despeja dudas".

En los últimos dos días, algunos abogados manifestaron informalmente en los tribunales provinciales de Rosario que podían imponer acciones para plantear la situación de anormalidad en el marco del procedimiento penal de la provincia.

El presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, puso en evidencia que la entidad a su cargo coincide con la interpretación propuesta por la Corte Suprema al respecto.

El Poder Ejecutivo envió a mediados de junio un proyecto de ley a la Legislatura para la implementación progresiva del nuevo sistema de enjuiciamiento. La iniciativa tiene media sanción en Diputados y será tratada en el Senado.

Punto crítico. El ministro aceptó que existe un "punto crítico" originado por una repentina falta de magistrados en el Poder Judicial.

"Vamos a llamar a cuatro concursos múltiples y calculamos que con cubriremos en breve 22 cargos sobre las 50 vacantes que existen. Esto es una situación heredada que vamos a resolver originada, en gran medida, por una sobrecarga de jubilaciones".