Cuando el 13 de octubre de 2021 su hija Mariel Lezcano fue asesinada al abrir la puerta de su casa de Tablada, Gisela Guadalupe Gutiérrez dijo que el blanco del ataque había sido ella porque estaba amenazada por la banda de Alan Funes. Diez días después la mujer fue detenida por su participación, un año antes, en un ataque a tiros instigado desde la cárcel y cuya víctima sobrevivió. Imputada como partícipe necesaria de una tentativa de homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, días atrás terminó aceptando una condena a nueve años de cárcel en un juicio abreviado.
El acuerdo entre el fiscal Alejandro Ferlazzo y la defensa de la acusada fue homologado por la jueza de primera instancia Hebe Marcogliese y Gisela deberá cumplir su condena tras las rejas. En tanto, Funes afronta un pedido de prisión perpetua por haber instigado el crimen de Mariel en un ataque que, tal como la ahora condenada dijo en su momento, era para ella.
Tramas y apodos
Si bien el asesinato de su hija y el crimen fallido por el cual fue condenada ella se investigaron como hechos separados, la conexión natural entre ambos episodios revela una trama de alianzas rotas y disputas por negocios turbios que atraviesan la vida cotidiana de quienes habitan algunos barrios rosarinos, en este caso en la zona sur. Esas relaciones atravesadas por la violencia se hicieron más visibles en momentos de zozobra como los vividos entre 2020 y 2021 cuando las medidas contra la pandemia amenazaban la subsistencia diaria.
Fue en ese período cuando Gisela Gutiérrez se vio implicada en una interna entre un joven preso para el que estaba trabajando y otro que la amenazaba para que trabajara para él. Cuando mataron a su hija, declararía tiempo después, Gisela estaba amenazada por miembros de la familia Funes que insistían en que les atendiera un búnker de drogas para el cual no tenían un encargado. Su hija Mariel ya había trabajado para ellos —de hecho cumplía una condena federal en prisión domiciliaria cuando la mataron— y no veían con buenos ojos que Gisela trabajara con un joven que había sido tiratiros de René Ungaro: Brian “Pocha” Sánchez.
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Sánchez había sido parte de las huestes de los Funes durante la alianza de éstos con la banda de Ungaro pero, disuelta esa sociedad, hacia fines de 2020 aparecía manejando su propio emprendimiento tras las rejas luego de ser condenado en diciembre de 2019 a 20 años de prisión por tres homicidios y dos intentos perpetrados entre 2016 y 2017.
En ese emprendimiento de Pocha estaba trabajando Gisela. Y según pudo comprobarse luego de una investigación que se había estancado, fue Sánchez quien orquestó desde la cárcel el asesinato de un hombre que vivía en una torre de Hipócrates al 4600, en el Fonavi conocido como Parque del Mercado, territorio que supo controlar en su momento Ungaro.
Oferta laboral
“Es re fácil, puto. La hacés al toque. En ese Fonavi yo mataba caminando, boludo”, mensajeó Sánchez al pibe para ofrecerle el laburo de sicario. “Está todo en lo de «La Paquete»”, le explicó para que fuera a buscar la pistola que tenía “cuatro confites”, le dijo en alusión a las balas.
“Te paso más confites y vamos a hacerlo de cheto, boludo. Así me dejo de renegar. Sabés que es un segundo. Al primero que salga, amigo. No quiero renegar”, fue la orden final con la cual se presume que Pocha pretendía eliminar a un presunto competidor en la barrial de drogas. Si bien el ataque tenía un blanco específico —identificado por sus iniciales CR— el mandato era claro: “Pegale al que salga. Si sale un chico, pegale igual”.
Emanuel Fernández decidió aceptar el trabajo para ir a matar a alguien. Primero fue a la casa de La Paquete, la mujer que le daría el arma y le marcaría exactamente el domicilio de la persona que debía ir a asesinar. Y pasadas las 20.30 del 26 de octubre de 2020 se acercó hasta la torre del Fonavi en cuestión, llevaba puesta una gorrita, un barbijo verde y una mochila colgada por delante de su cuerpo.
En el palier del segundo piso estaba Uriel, de 20 años, conversando con un amigo y al escuchar gritos de unos niños se asomaron. Entonces vieron a un pibe que no era del barrio con una gorrita que al verlos sacó un arma y comenzó a gatillar desde la escalera del primer piso hacia al segundo. “Cuando me asomé vi que sacó el arma y me tiré al suelo. El tenía el arma en la mano derecha y en la otra tenía el celular como si estuviera escribiendo o hablando. Fueron dos segundos. Lo quise tirar a Uriel al suelo pero ya le había pegado”, relató el amigo de la víctima.
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Uriel, hijo del hombre al que Emanuel había ido a matar, fue alcanzado por balazos en el tórax, hombro y la muñeca izquierda. Con graves heridas en el hígado y un riñón, así como una fractura de húmero, el chico pudo sobrevivir. Mientras era trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña, efectivos del Comando Radioeléctrico buscaban en las inmediaciones del Fonavi a un pibe que se había ido corriendo para el lado de Grandoli.
Minutos después los policías vieron a un joven caminando por Sánchez de Thompson. Llevaba puesto un barbijo verde y su descripción coincidía con la aportada por los vecinos. Cuando el pibe vio a los uniformados arrojó su mochila e intentó esconderse detrás de un árbol. Pero no pudo evitar se arrestado.
En la mochila llevaba una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con cargador y seis cartuchos intactos que le secuestraron junto con un celular Samsung en mal estado.
Fernández quedó detenido como sospechoso del ataque a tiros contra Uriel, pero debió pasar casi un año para que la información colectada de las pericias a su celular ofrecieran pistas sobre los móviles y demás detalles del atentado. Entonces se supo que Pocha había ofrecido 30 mil pesos por el trabajo y que había ordenado a Paquete que le diera el arma y las instrucciones a Emanuel para que éste supiera a quiénes debía dispararle, dónde estaban y en qué momento hacerlo para evitar el patrullaje policial en la zona.
Vínculos
La vinculación entre Gisela Gutiérrez y el ataque contra Uriel G. surgió un año después, cuando ella fue a declarar como testigo por el crimen de su hija Mariel y comentó que desde los 13 años le decían “Paquete”. También contó sobre los ofrecimientos “laborales” de Alan y algunos de sus familiares para que vendiera droga para ellos. Y agregó que como ella se negó, recibió la siguiente amenaza: “Alan te va a hacer volar la gorra. Te va a hacer matar un hijo”. También le dijeron que dejara de juntarse con un tal “Elías de la calle Uriburu”, en alusión a un pibe cercano a Pocha Sánchez.
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Diez días después de su aporte para esclarecer el crimen de su hija, Gutiérrez fue detenida y terminó imputada por el hecho ocurrido un año antes: una tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego calificado por precio o promesa remuneratoria en calidad de participe necesaria ya que para el fiscal su accionar en la operación para matar al padre de Uriel fue esencial.
En junio de 2022 Pocha aceptó en un juicio abreviado haber instigado el ataque y sumar 16 años a su condena, que se redondeó en 36 años de cárcel. Y meses después, en octubre de 2022, Fernández también aceptó la autoría del atentado mediante otro procedimiento abreviado: su condena como gatillero fue de 13 años de prisión. Finalmente, a más de tres años de perpetrado el ataque, Gisela “Paquete” Gutiérrez aceptó una condena a nueve años.
