Los resultados del censo policial 2020 que realizó el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) arrojaron en la Unidad Regional II con asiento en Rosario algunos datos sumamente importantes para conocer no solo la realidad de la fuerza sino también la mirada de los hombres y mujeres que la integran hacia adentro de la misma, cuáles son sus fortalezas y debilidades, sus mayores problemas, cómo se sienten observados, cómo son las relaciones con sus superiores, cómo analizan el ingreso cada vez más numeroso de mujeres y su relación con los hombres y otros tantos ítems en el que se dividió el análisis.
En ese marco, por ejemplo, 9 de cada 10 agentes consideraron que deberían tener una agrupación gremial, un 62,8% consideró que sus salarios no son los adecuados a sus necesidades y que por ello deben realizar servicios adicionales que les permitan un mejor ingreso, un 41,3% reclamó por la falta de equipamiento lo que muchas veces los lleva a utilizar instrumentos propios y no aportados por el Estado, un 25,9% criticó las "leyes garantistas" como un problema para combatir la delincuencia y un alto porcentaje refirió a la desconfianza de los ciudadanos hacia la fuerza.
Esos datos sirven para perfilar a los 4.485 policías de la UR II, es decir el 31,8% de los 21.490 efectivos que tiene la provincia de Santa Fe. En ese sentido hay que remarcar que hoy el 58,7% son hombres, el 40,9% mujeres y un 0,4% se identifica con otros géneros. La encuesta en cuestión se realizó de forma anónima y confidencial y constó de un cuestionario que se tradujo en un informe de 118 páginas que está a disposición de manera pública en www.santafe.gob.ar/ms/osp/ejes-centrales/censo-policial. El censo fue contestado por un 81 por ciento de la policía rosarina (3.544 efectivos) y constó de preguntas personales, sobre la fuerza y su ser interior, y cual la percepción que los uniformados tienen sobre la sociedad y la seguridad como un uno de los problemas que más los aquejan.
Cuando los uniformados fueron consultados sobre la confianza que la ciudadanía tiene en la fuerza, un 66,3% dijo que "poca" y un 14,8% optó por nada. Es decir que el policía de calle piensa que un 81,1% de los rosarinos no creen en ellos. Un dato por demás de significativo que deberá ser leído con atención por el gobierno santafesino si quiere recuperar las calles de la ciudad y no apelar al recurso de las fuerzas federales para combatir el delito.
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Entre los datos generales que surgen del informe se destaca que los uniformados que integran la UR II son mayoritariamente personas de entre 30 y 39 años con estudios secundarios completos (95,8 por ciento); que trabajan con un régimen de 24 horas de servicio por 48 horas de descanso (47,7 por ciento) y redondea su sueldo con la realización de adicionales (55,2 por ciento). Asimismo, son sostén de familia un 80,4% de los uniformados y sólo un 27,8% tiene casa propia. Antes de ingresar a la policía tuvieron una instrucción de hasta 6 meses (50,6 por ciento) y hasta un año (18,3 por ciento).
Respecto a por qué entraron a la fuerza, quienes llevan algunos años vistiendo el uniforme dijeron que fue por vocación (72,7%) pero también por estabilidad laboral (20,5%). Y al ser consultados sobre los nuevos ingresantes a la fuerza y que los está impulsando a ello, esos números se invierten y predomina el tener estabilidad en el empleo y un salario fijo mensual (83,4%) y vocación (14,6%).
En un contexto en el que durante la última década distintas situaciones derivaron en conflictos por diferentes reclamos en las principales unidades regionales de la provincia (el último en Rosario en septiembre del año pasado frente a la Jefatura), se consultó a los encuestados si estarían de acuerdo en tener una asociación sindical reconocida legalmente. Entonces el 88% respondió afirmativamente. Esa respuesta estuvo en sintonía con la encuesta realizada a los efectivos de la Unidad Regional I (con base en la capital provincial) donde el 89,2 por ciento de los 2.214 agentes que trabajan allí respondieron con un “si”. En ninguna provincia del país existe una organización gremial reconocida por el Estado.
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Respecto a la remuneración que perciben, el 33,4 por ciento de los policías rosarinos lo valoró como muy malo; el 33,2 que está mal (total negativo 66,6 por ciento) y sólo el 3,7 lo consideró como un buen sueldo. Respecto a las posibles reformas de la Ley Orgánica de la fuerza, que data de 1975 y la Ley de Personal Policial de 2006, los sondeados respondieron estar de acuerdo con una modificación: 80,7 por ciento para la primera y 76,6 por ciento para la segunda.
Otro de lo ítems del censo abordó el tema de la salud y un 30% de los policías dijo haber pedido alguna vez licencia por salud mental. En cuanto a los problemas estructurales de su trabajo cotidiano las respuestas refirieron a la baja remuneración (62,8 por ciento), la falta de equipamiento (41,3 por ciento) y por las leyes “garantistas” (25,9 por ciento). Y en cuanto a la estructura de mandos, un 85,9% de las mujeres consultadas dijeron poder hacer carrera y llegar a ocupar cargos de liderazgo.
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A la pregunta “¿cuál es la principal razón por la que los/as ciudadanos/as desconfían de la policía?”, respondieron: la corrupción policial (37,4 por ciento), falta de efectivos en la calle (27,4 por ciento) y la falta de efectividad en la detención de los delincuentes (16,1 por ciento). Consultados sobre “¿cuáles piensa usted que son las demandas más urgentes que la comunidad le hace a la policía?”, respondieron mayor presencia policial en la calle (70 por ciento), mayor rapidez para atender llamadas en emergencia (48,9 por ciento), más “mano dura” (37,8 por ciento) y mayor efectividad en las detenciones (33,7 por ciento). En relación a “¿cómo considera que la sociedad ve el trabajo policial?”, indicaron que “poco satisfecha” (62,9 por ciento) e “insatisfecha (14,2 por ciento). Una mirada negativa del 77,1 por ciento. Asimismo, al preguntar “¿cómo evalúan la relación entre la policía y la comunidad?”. La respuesta fue mala (6,3 por ciento) y bastante mala (45,9 por ciento). Un total negativo del 52,2 por ciento.
El policía rosarino que deja imaginar la encuesta es una persona que está casada o vive en pareja (48,5 por ciento) y tiene un alto porcentaje de soltero (41,6 por ciento). Tienen en la fuerza un promedio de antigüedad que ronda los 13 años (6 a10 años el 27,3% y 11 a 19 años el 36,4%). Consultados sobre cómo evalúan hoy su elección de ingresar a la institución policial, el 42,2% respondió “bastante positivo” y el 32,5 “muy positivo”. También se los consultó sobre el uso del arma reglamentaria en el último año de trabajo, ya sea en servicio o de franco, y el 83,4% de los encuestados respondió que no usó su pistola calibre 9 milímetros. En el rango de los que la usaron hasta diez veces hay un 1,3% y entre 10 y 20 veces el 2,3%. Ante la pregunta sobre si alguna vez hirió a alguien con su arma de fuego reglamentaria en el marco del cumplimiento de sus deberes la respuesta de un 92% fue "nunca" y “una vez”, el 5,2 por ciento. Y al ser consultados sobre si consideraban que deberían utilizarse en la institución policial armas no letales (spray paralizantes, armas eléctricas, etc.) el 76,7% indicó que serían de utilidad y el 18,7 por ciento dijo que “sí, pero resulta muy difícil imaginar su uso”.
En el ítem “Inseguridad, causas y respuestas” se consultó a los policías respecto a los problemas vinculados con la inseguridad, destinados a rescatar las percepciones y opiniones de los uniformados que prestan servicios en la Unidad Regional II. Una de las preguntas fue ¿cuáles de las siguientes problemáticas sociales actuales considera usted más preocupantes en la provincia de Santa Fe? Y la respuesta fue el tráfico de drogas y narcotráfico (52,7 por ciento), la criminalidad (33,9 por ciento), la desocupación (33,4 por ciento) y el consumo de drogas ilegales (33,2 por ciento).
A la pregunta sobre ¿cuáles son las principales causas de la inseguridad urbana?, los uniformados hablaron la expansión del narcotráfico (63,8 por ciento), la escasa severidad de las leyes penales (40,5 por ciento) y la escasa severidad de jueces penales (30,2 por ciento). Respecto al aumento de homicidios en los últimos 8 años la consulta fue ¿cuáles son las causas fundamentales de ese incremento?”. El 80% lo atribuyó al narcotráfico, el 45% a la circulación de armas, el 34% a la falta de severidad de las leyes penales y un 33,7% a la falta de severidad de la Justicia penal. También se les preguntó si estaban a favor de la introducción de la pena de muerte en la legislación penal de nuestro país y el 22,8% respondió que “si, porque ciertos delincuentes se lo merecen” mientras un 24,7% también respondió afirmativamente “porque ayudaría a disminuir la criminalidad”. En total, un 47,5% de los efectivos estaría a favor de la pena de muerte.
