El aumento de la violencia y el delito ha sido exponencial en los últimos años y constituye una de las principales preocupaciones de los santafesinos y santafesinas. Sin embargo, las leyes provinciales de seguridad vigentes son la Ley Orgánica de la Policía del año 1975 y la del Personal Policial del 2006. Parece difícil pensar que en la última década se haya intentado dar una solución al problema sin un cuerpo normativo actualizado y acorde a las necesidades sociales del momento. El incremento de los homicidios dolosos y el narcotráfico, la circulación ilegal de armas de fuego y la vinculación policial con bandas criminales parecen no haber sido motivo suficiente para una reforma policial durante la gestión anterior.
El gobierno provincial presentó a través del Ministerio de Seguridad un paquete de leyes centrados en la reestructuración de la fuerza policial. De esta manera, se materializa lo que hace tiempo el ministro Marcelo Sain viene planteando como una necesidad imperiosa en Santa Fe. La reforma que se pretende es esencialmente la creación de tres policías: una de seguridad preventiva del delito, una de investigaciones y otra de asuntos internos.
El Grupo de Estudios Penales y Criminológicos (GEPyC) desde su creación en el año 2014 se aboca a la problemática criminal en nuestra provincia y más específicamente en la ciudad de Rosario. Somos un grupo de estudiantes y graduados de la Facultad de Derecho (UNR) que consideramos necesario ahondar en el análisis de las causas de la inseguridad y proponer respuestas político institucionales a la misma. Por este motivo celebramos la decisión política de presentar este proyecto y que el mismo sea puesto en discusión en diferentes ámbitos de la población.
La policía es señalada por la sociedad como la principal responsable de la inseguridad en la provincia, aunque no es la única agencia encargada de evitarla. Si bien la Justicia también es atacada por la falta de respuesta en la resolución de casos violentos, la policía es la que está ligada habitualmente a casos de corrupción y al delito, e inmiscuida en hechos de narcocriminalidad. Los bajos salarios y las malas condiciones labores sin duda contribuyen a esto. De allí la gran desconfianza en la comunidad y el desprestigio de la institución.
Pero como no puede concebirse un esquema de seguridad pública sin policía, ésta tiene que repensarse y ser sujeta a una importante transformación. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo inicia ese camino y tiene tres ejes principales: primero, declara la conducción política de la policía. Es decir, que es el gobierno quien decide cuáles son los objetivos a lograr, trazando los lineamientos jurídicos e institucionales de la seguridad.
En segundo lugar, propone una modernización de la policía. Contar con una infraestructura preparada y con los medios necesarios para cumplir sus objetivos. El enfoque está puesto en la profesionalización y capacitación de sus miembros. Además, contempla la formación de los policías con perspectiva de género. Y en esto quisiera detenerme porque es de suma importancia para el contexto actual, fuertemente marcado por la agenda feminista. Las policías también sufren violencia de género en su trabajo, y la institución no cuenta con las herramientas ni la formación para brindar una solución. Además muchas mujeres policías son el sustento único de sus hogares y sus necesidades deben ser contempladas. Para todo esto, la ley propone diversas estrategias y estipula medidas preventivas y sancionatorias de violencia laboral hacia las mujeres.
Por último, se diseña un sistema de control policial para la investigación y sanción de faltas disciplinarias y actividades ilegales cometidas por policías. Este control lo ejerce el ministro a través de un método de juzgamiento contradictorio. Esto significa que existe una parte que acusa, otra que defiende y un tribunal que juzga. El proyecto se adapta así al sistema acusatorio que rige en la provincia desde la reforma del Código Procesal Penal. Se pretende de esta manera una inspección del comportamiento policial, y a su vez, un procedimiento justo en su investigación y resolución.
El proyecto, que podría convertirse pronto en ley, es el inicio para la reforma de la policía de Santa Fe y exhibe un propósito claro en torno a la política de seguridad que se pretende. Presenta un enfoque político y un plan serio para su abordaje que va más allá del diseño de políticas fundadas en la repercusión pública de los hechos violentos, como veníamos acostumbrados. Si bien otro capítulo será su implementación concreta, lo cierto es que estamos ante el primer paso para instituir una policía acorde a nuestro tiempo y a las necesidades de todo el pueblo santafesino.
