"Urgente e imperiosa". Así califican los jueces penales de Rosario la necesidad de crear espacios para las personas detenidas en conflicto con la ley que atraviesan problemas de consumo de estupefacientes. La inquietud surge a partir de la tarea cotidiana que realizan los magistrados, donde observan el altísimo porcentaje de imputados afectados por el consumo de drogas, y ante algunas demoras en implementar una ley (sancionada en noviembre de 2017 pero vetada parcialmente por el gobernador Miguel Lifschitz), que ordenaba al Ejecutivo provincial crear 19 centros de prevención, tratamiento y recuperación para personas vinculadas a situaciones de consumos problemáticos, uno por cada departamento santafesino.
Cada vez con más frecuencia se observa en las audiencias de Tribunales el alto porcentaje de imputados, en su mayoría jóvenes, que cometen delitos por primera vez arrastrados por el consumo de estupefacientes. Algunos hechos tienen consecuencias leves, pero otros son irreparables. Casi siempre afectan a la seguridad ciudadana y orada el ánimo social.
Con la investigación en marcha, la respuesta del Poder Judicial es interpretar el Código Penal. Y según las particularidades, determina la modalidad de prisión preventiva, si es que la misma corresponde. Pero esa decisión se corta allí.
Luego es el Poder Ejecutivo el responsable del Sistema Penitenciario, que debe brindar herramientas y asistencia al acusado (tratamientos, abordaje interdisciplinario, educación) para buscar el "fin resociabilizador", derecho del que tanto se habla y poco se hace. En el caso de los drogadependientes, la respuesta es más compleja.
Una ley amplia
Con el objetivo de brindar respuesta a estas cuestiones, el 30 de noviembre de 2017 la Legislatura provincial sancionó la Ley Nº 13.671 que ordena la "creación de 19 centros provinciales (uno por cabecera departamental) de prevención, tratamiento y recuperación para personas vinculadas a situaciones de consumos problemáticos". Y se le otorgaban múltiples funciones, desde la rehabilitación, tratamiento, internación, vinculación socio laboral y prevención, no sólo para ellos sino para el grupo familiar.
Sin embargo en la Casa Gris la observaron y la reformularon. No fue promulgada y el gobernador Lifschitz la vetó parcialmente el 28 de diciembre a través del decreto 4170. Principalmente modificó algunos artículos que parecían no asimilar la legislación nacional que aborda la temática de salud mental y los consumos problemáticos.
Entre los argumentos vertidos, el gobernador indica "el perfil otorgado por la norma a los centros mencionados puede encontrarse en contradicción con la Ley Nacional de Salud Mental (y la provincial Nº 10.772) en cuanto al necesario proceso de transformación de los efectores monovalentes de salud mental, situación que se profundiza por la posibilidad de internación incorporada al texto".
Mientras que la ley originaria promueve los Centros Provinciales de Rehabilitación para personas con problemas de adicción, el decreto del gobernador con una serie de contrapropuestas habla de Centros de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos y Adicciones.
Falta de respuestas
Pero sin entrar en controversias, los miembros del Colegio de Jueces Penales en pleno de Rosario interpretan que, primero la promulgación y luego el veto de la ley y su reformulación, demora la respuesta necesaria y urgente a un flagelo agobiante. Y así lo expresaron en notas remitidas al propio gobernador y a la Legislatura provincial.
Sin hacer consideraciones sobre una y otra propuesta expresan "la profunda preocupación y la urgente necesidad de contar con instituciones que provean tratamientos ambulatorios e internación a personas que sufren adicciones y consumos problemáticos de sustancias".
Consideran que ese requerimiento tiene andamiaje en "la realidad cotidiana de la práctica judicial, donde durante las audiencias se plasma y visibiliza este flagelo que genera inseguridad, al que no se le puede dar respuestas ni solución si no se crean las instituciones adecuadas", dicen los magistrados.
En otro tramo de la nota remarcan que en muchos casos la falta de instituciones adecuadas, hacen que las personas "terminen vinculadas al delito sin otro camino que un encierro carcelario, que logra profundizar la problemática, tanto para él como para la sociedad por la inseguridad que genera. La respuestas que puede brindar el sistema penal son insuficientes, o incluso contraproducentes", recalcan.
Atacar el problema
El juez de primera instancia Luis María Caterina, como coordinador del Colegio de Jueces de Rosario, analizó la situación. "Hay que tener en claro que los gobiernos muchas veces responden a planteos sociales, como más policías y más cárceles. Eso es entendible ¿qué puede decir el comerciante del barrio? Pero el combate de la droga y el narcotráfico es fundamental, y también el consumo, atacar el problema de raíz", diferenció.
Para ir un poco más allá y contextualizar la problemático ejemplificó que "cualquier país del mundo donde se despenaliza la droga tiene una red de contención para adictos, como Holanda, Alemania o Suiza, Portugal. Todos lo tiene. En nuestro caso es más grave porque está vinculado con el delito".
"Cuando una persona intercepta con el sistema penal hay que atacar tres problemas que lo pudieron llevar al delito: la falta de trabajo, de educación, y las adicciones. Eso no se está atacando, y si no se soluciona eso, no se hace nada. Porque lo único que se hace es sacarlo de circulación uno, dos, tres, cinco o veinte años (por la prisión), ¿y después qué se hace, se trata de cansarlo, que no sirva para nada?"
Según Caterina, cuando se habla de adicciones el problema se agrava. "Cuando más tarde tratás a una persona, más difícil es recuperarlo. Es complejo. Pero hay que darle los medios, los instrumentos, los medios. Eso es fundamental. Este es un problema que la sociedad debe tomar conciencia. La gente pide más policías, y si hacen falta, pero hay que atacar también las razones sociales de la problemática".
Para el martes próximo se pautó una reunión en los Tribunales de Rosario donde asistirán jueces, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), funcionarios de Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp). La idea es acercar posiciones, generar mecanismos interdisciplinarios, buscar estrategias y articular entre los diferentes organismos del Estado que puedan acelerar soluciones a la problemática planteada.
jueces. Gustavo Pérez de Urrechu y Luis María Caterina plantearon la situación que viven a diario en sus despachos.
