El porcentaje de homicidios por encargo en Rosario creció más de cuatro veces en los últimos diez años. Según las estimaciones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dio a conocer la fiscal general María Cecilia Vranicich al presentar ayer ante la Legislatura el informe anual de gestión 2023, lo que muchos llaman sicariato se podía verificar en el 10,6% de los crímenes cometidos en 2014 en esta ciudad y el resto del departamento, proporción que el año pasado llegó al 46,1%. Una evolución similar se registró en ese mismo lapso en los asesinatos perpetrados en contexto de economía ilegal que diez años atrás no alcanzaba el 30% y en 2023 orilló un 65%.
Jefa de los fiscales provinciales desde abril del año pasado, Vranicich presentó su informe en una audiencia realizada la mañana de este jueves en el Senado santafesino. En su discurso enfatizó el “contexto social de alta complejidad en la provincia que obligó a diseñar e implementar cambios innovadores y relevantes en la estructura, funcionamiento y procesos de trabajo del MPA”.
En tal sentido, y ante “la necesidad de superar la lógica del abordaje de los delitos en forma aislada”, Vranicich destacó la definición de una “política de persecución penal estratégica por objetivos priorizados” entre los que destacó “las violencias altamente lesivas asociadas a la criminalidad organizada, los mercados ilegales de armas de fuego, los delitos cometidos por funcionarios públicos, los delitos en perjuicio de personas en situaciones de vulnerabilidad y los que generen grave afectación de derechos”.
Al referirse a las violencias altamente lesivas la tercera fiscal general del MPA —sucede en el cargo a Julio de Olazábal y Jorge Baclini— sostuvo que son un "fenómeno urbano que ocurre en Santa Fe y en Rosario, donde la violencia no solo es más extrema que hace unos años, sino que además se trata de violencias con características distintivas”. En ese sentido se refirió a los ataques con armas de fuego que generan muertos y heridos, y definió la categoría de “economía ilegal” para los hechos vinculados con mercados de producción de bienes y servicios ilegales o la pertenencia de algunos de las víctimas y supuestos autores a organizaciones criminales.
En ese sentido se desglosa que en 2014 los homicidios cometidos en Rosario en contexto de economía ilegal eran un 29% del total mientras que el 33,5% se habían originado en conflictos interpersonales y un 10,6% fueron perpetrados en ocasión de robo. Para 2023, los hechos vinculados a organizaciones criminales superaban el 64% mientras que los cometidos por broncas personales habían bajado al 9,2%; incluso los robos con saldo fatal habían disminuido al 6%.
Fue en ese marco que Vranicich remarcó que, en el mismo sentido, “también se observan modificaciones en relación a la existencia de mandato o de pacto previo (sicariato) a la comisión de homicidio, cuyo porcentaje ha aumentado 4,35 veces desde 2014 a 2023”. Al respecto, el informe destaca un cuadro en el que detalla que en 2014 se descartaba el sicariato en el 76,8% de los homicidios en Rosario y que sólo se había verificado en un 10,6%. Para 2023, se estableció que al menos un 46,1% de los crímenes fueron por encargo, mientras que un 18% sigue bajo investigación y se descarta el sicariato en un 35,8% de los casos.
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Vranicich presentó su informe flanqueada por el senador provincial Felipe Michlig y el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni
Otro rasgo que describió tuvo que ver con los 686 legajos penales creados durante 2023 por homicidios o intentos de asesinato. En este sentido remarcó que el año pasado hubo 273 personas condenadas por homicidio, de las cuales 106 fueron sentenciadas en juicio oral y 167 en procedimientos abreviados. Al respecto admitió que hubo un descenso en la individualización de autores de homicidios y vínculo ese guarismo con que “a mayor índice de homicidios en contexto de criminalidad organizada desciende la tasa de resolución de casos”.
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La fiscal general también se refirió brevemente a la conmoción generada a principios de marzo con los cuatro asesinatos al azar de trabajadores que cumplían funciones en servicios nocturnos (dos taxistas, un colectivero y un playero). “Se advierte una nueva lógica criminal sin antecedentes en la historia de la provincia. Hay claras evidencias de que se dieron en un contexto de sicariato cometidos por jóvenes no punibles, extremo que plantea un fuerte desafío a la institucionalidad y nos interpela como sociedad toda”, sostuvo Vranicich.
Microtráfico y otros temas
Otros de los temas que abordó la fiscal general fue el microtráfico o narcomenudeo a partir de la adhesión de la provincia de Santa Fe a la Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes vigente desde el pasado 29 de diciembre. Explicó la creación del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General con la idea de insertarlo en el abordaje prioritario de las violencias altamente lesivas ligadas al mercado de drogas ilegales.
En ese rubro también valoró las autorizaciones judiciales que recibió el MPA para derribar 19 búnkeres de venta de drogas: doce en Rosario, tres en San Lorenzo y dos en Santa Fe. “Las solicitudes de derribos y tapialamientos de inmuebles que son utilizados como búnkeres se enmarcan en la estrategia de persecución penal de priorizar las investigaciones en relación a los mercados abiertos de drogas, entendiendo por tales aquellos que operan en público en tiempos preestablecidos y en un área geográfica definida”.
Hasta el 20 de abril fueron imputadas 168 personas por microtráfico y 107 quedaron en prisión preventiva; entre éstas hay 33 mujeres. “El criterio para definir avanzar en una imputación se basa en el análisis interseccional con perspectiva de género. Se tienen en cuenta el rol asumido por las mujeres que están involucradas en hechos junto a otras personas, el estado de vulnerabilidad, la autonomía para decidir participar, el vínculo con quien coordina la actividad, entre otras circunstancias”, dijo al respecto”.
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También se refirió a la “intervención focalizada como herramienta estratégica de abordaje interinstitucional” que se trabaja conjuntamente entre el MPA, el gobierno provincial y los municipios de Rosario y Santa Fe para encarar las violencias altamente lesivas. “Los operativos están orientados a la prevención social, comunitaria, situacional y a la persecución penal estratégica en áreas urbanas con alta conflictividad”, señaló, para agregar que “se está avanzando en la articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), para lograr vincular armas de fuego y municiones entre distintos hechos criminales. El objetivo es detectar el desvío de esos elementos desde el mercado legal hacia las manos de organizaciones criminales”.
En ese marco, al exponer sobre las armas de fuego en este contexto, sostuvo que en Rosario hubo en los últimos años más de 600 heridos de bala por año. Los puntos más altos fueron 739 en 2022 y 646 el año pasado.
