"La situación es de una gravedad institucional muy fuerte", dijo el fiscal general Jorge Baclini sobre la investigación al fiscal adjunto Fernando Rodrigo por ordenar escuchas ilegales a una ex novia, al padre de esa joven y a dos amigas de la mujer. El funcionario bajo sospecha presentó su renuncia indeclinable al cargo el jueves a la tarde, luego de que una auditoría interna desembocara en su suspensión provisoria. Si bien evitó precisar detalles del caso, el jefe de los fiscales provinciales indicó que falta poco tiempo para que Rodrigo sea sometido a una audiencia imputativa por delitos que prevén de 3 a 10 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se manifestó en una conferencia de prensa sobre las intervenciones ilegales atribuidas a Rodrigo, que se condensan en 150 CD's bajo examen. Dijo que los jueces que las autorizaron habrían sido "engañados" por el funcionario y puntualizó que se trabaja con los magistrados para perfeccionar los mecanismos de control.
En ese sentido, consideró que la metodología para ordenar escuchas "es bastante prolija, con pasos y procedimientos" coordinados con la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y con los jueces de la Investigación Penal Preparatoria. "Se hacen los debidos controles", enfatizó. Pero admitió que "hay situaciones impredecibles" y por eso "hubo un contacto con los jueces para ver si esto se puede perfeccionar y ajustar un poco".
Rodrigo fue denunciado el 8 de agosto pasado cuando un empleado de la Fiscalía Regional rosarina detectó que un número telefónico en los listados de intervenciones a cargo de Rodrigo pertenecía a una compañera de trabajo, una abogada que es pasante en el MPA y ex novia del fiscal. Ante ello intervino la auditora María Cecilia Vranicich, quien designó a la fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenutto para que encabezara la investigación.
Así se allanó el domicilio de Rodrigo, la casa de su madre y su despacho, donde se secuestraron legajos, computadoras, teléfonos y otros elementos. Luego tres abogadas cuyos celulares fueron intervenidos por orden de Rodrigo presentaron una denuncia formal y reservaron derechos para demandarlo civilmente tanto a él como al MPA. En el escrito también se deja constancia de que fue intervenido el teléfono del padre de una de ellas.
El fiscal fue apartado de las causas a su cargo mientras se determinaba que había al menos cuatro casos en los que había ordenado intervenciones ilegales. Vranicich pidió la suspensión provisoria de Rodrigo en el marco de un juicio disciplinario y el jueves a la tarde la medida fue aceptada por Baclini. De inmediato Rodrigo, que había pedido licencia psiquiátrica, presentó su renuncia.
Con la renuncia, explicó Baclini, el proceso disciplinario interno queda agotado mientras avanza sin trabas la pesquisa penal. Ahora la renuncia debe ser analizada por la Corte Suprema de Justicia y luego por el gobernador Miguel Lifschitz.
"La investigación penal por los posibles ilícitos sigue. Siempre se manejó la persecución como si fuera un ciudadano común", destacó Baclini, y agregó que "se han tomado muchas medidas previas y cautelares para asegurar y garantizar la evidencia. Se han hecho allanamientos, intervenciones, declaraciones testimoniales, pedidos de informes a compañías telefónicas. Es decir que el panorama de la recopilación de evidencia ya está avanzado".
Dentro de esas evidencias figuran más de 150 CD's con las escuchas ilegales obtenidas en "distintos períodos de tiempo" y aprobadas por distintos jueces. El titular del MPA dijo que por esta maniobra Rodrigo podría ser imputado de delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad e intervención ilegal de comunicaciones, con penas que oscilan entre 3 y 10 años de prisión más una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Resguardos y controles
En cuanto a los resguardos institucionales para evitar excesos, el fiscal aclaró que "no hay un protocolo pero sí una forma de actuación bastante específica". El procedimiento que debe seguir un fiscal para solicitar escuchas consiste en presentar el listado de teléfonos con los nombres y apellidos de sus titulares ante un juez a través de la OGJ ya que el Código de Procedimientos sólo autoriza intervenciones con orden judicial.
En el pedido, el fiscal debe fundamentar por qué solicita las intervenciones y justificar la pertinencia caso por caso. A eso se suma una argumentación que brinda luego en forma verbal al magistrado, quien finalmente libra el oficio.
Según Baclini, para lograr las escuchas cuestionadas Rodrigo no inventó una causa penal sino que "lo que hizo es tomar causas que estaban en trámite y amplió el pedido de intervenciones". Consignó que "hay distintos jueces" que las firmaron pero en principio no serían responsables porque "el juez en todo esto es un sujeto engañado".
"Esto nos daña institucionalmente y tratamos de ajustar todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Estamos tratando de ver si hay formas de minimizar riesgos", reconoció Baclini, y destacó que "apenas se tomó conocimiento se le dio importancia y a los tres días se estaban haciendo allanamientos para que no se pierda la evidencia".
