El agente de la Policía de Acción Táctica (PAT) Alejandro Jonathan Gálvez estuvo 20 meses preso como uno de los efectivos que le dispararon a Jonatan Herrera, asesinado al quedar por balas policiales cuando lavaba el auto frente a su casa. Es el único de los cinco acusados que había pactado un acuerdo abreviado a tres años por abuso armas. Desde la semana pasada, cuando la Cámara Penal revocó ese convenio, quedó en una encrucijada que se definió ayer: un juez ordenó su libertad porque pese al tiempo transcurrido su situación en la causa no está resuelta. El policía seguirá ligado al proceso mientras la Fiscalía aclara los pasos a seguir de cara al juicio oral.
El juez Juan Andrés Donnola llegó a esa decisión en una audiencia subida de tono por la confrontación entre las partes. La defensora Sara Marcos reclamó la libertad de Gálvez al interpretar que el fallo de Cámara lo dejó en una posición más favorable. El fiscal Adrián Spelta se opuso por considerar que al caer el abreviado la situación del policía se retrotrae al inicio y volvía a estar imputado de tentativa de homicidio.
Preventiva. El juez resolvió tras un debate no exento de chicanas. "Hay una persona detenida desde hace 20 meses", remarcó Donnola, para quien no está claro qué se reprocha a Gálvez. Consideró que si estuviera "absolutamente probada" la tentativa de homicidio no se habría llegado a un acuerdo por un delito menor como abuso de armas. Apuntó incoherencias y dijo que ya debería estar lista la acusación previa al juicio.
Por eso, en vez de centrarse en el fallo de Cámara al que cada parte asigna distintos sentidos, Donnola analizó si en esta etapa se cumplen los requisitos de prisión preventiva. "¿Qué expectativa de pena se toma como referencia, la de homicidio en tentativa o la de abuso de armas que no prosperó?", se preguntó. Concluyó que no se advierte un riesgo de fuga ya que Gálvez pasó los últimos doce meses sin violar la prisión domiciliaria. "Sabemos que si alguien quiere burlar un arresto domiciliario abre la puerta y se va", dijo.
Tampoco advirtió elementos para suponer que Gálvez pueda, en libertad, entorpecer pruebas en una pesquisa que lleva casi dos años: "Hay investigaciones complejas que a veces necesitan más maduración. La fiscalía puede seguir investigando. Pero no podemos cargar en la persona sometida a proceso las fallas en la búsqueda de la verdad". Con ese argumento dio la libertad de Gálvez, que deberá asistir semanalmente a la Oficina de Gestión Judicial.
Roles. Otros cuatro policías presos llegarán a juicio con roles diferenciados por lo ocurrido el 4 de enero de 2015 cuando Herrera, de 23 años, lavaba el auto frente a su casa de Seguí y Ayacucho. Hasta allí llegaron policías del Comando que perseguían a un ladrón por el robo a una juguetería de San Martín al 3500. Mientras uno corría al sospechoso por pasaje Villar, una chata del Comando estacionó en la esquina y de allí bajaron tres uniformados, entre ellos Gladys Galindo.
En ese momento agentes de la PAT que iban por Seguí en un colectivo 133 hicieron detener el vehículo. Se plegaron al operativo y dispararon en dirección a Herrera, que en vano intentó refugiarse detrás de unos tachos de agua. Recibió tres disparos y luego murió en el Heca.
Un primer tiro hirió a Jonatan en el tobillo derecho. El agente de la PAT Ramiro Rosales está acusado por el segundo balazo, mortal, en la arteria hipogástrica. Sus pares Francisco Rodríguez y Luis Alberto Sosa llegarán a juicio acusados de tentativa de homicidio. Y luego de más de un año de misterio sobre el balazo letal que rozó la cabeza a la víctima, en junio fue acusada Galindo, para quien ayer el fiscal pidió prisión perpetua (ver aparte).
Dudas. Gálvez fue el único del grupo que pactó un abreviado, pero fue revocado por los camaristas Carina Lurati y Daniel Acosta, que no hallaron relación entre los hechos y la figura de abuso de armas. Según el fallo, no pudo probarse que el policía tirara al cuerpo pero se pidió condena por un delito que sí prevé apuntar a una persona. Por eso, dijeron, ante una prueba confusa subsisten varias hipótesis, incluso la de una contravención al Código de Faltas.
A partir de ese fallo Marcos pidió la libertad de Gálvez, quien adujo que disparó a una pared. "No está acreditado que haya tirado contra la víctima. Hay al menos 15 que dispararon y no están imputados. Es arbitraria e ilegítima la detención que sufre mi defendido", dijo la abogada. Spelta respondió que si bien no se pudo "demostrar con certeza el dolo homicida" subsiste la imputación inicial y Gálvez debe seguir preso.
Querellas. Para las querellantes por la madre de Herrera, Cintia Garcilazo y Analía Abreu, "se está haciendo una interpretación retorcida del fallo para asegurar impunidad. Si la Cámara hubiera querido la libertad, así lo habría ordenado", opinaron antes de pedir "prisión efectiva nuevamente" para Gálvez.
"En algunos aspectos le asiste razón a la defensa. No podemos hablar de entorpecimiento probatorio después de 20 meses", dijo Paul Krupnik, querellante por la esposa de la víctima junto a Gustavo Feldman, quien por su parte consideró que la apelación del abreviado "se ha vuelto un bumerán" y responsabilizó al defensor provincial: "Esa apelación tiene nombre y apellido: Gabriel Ganón. Por su intromisión indebida, exorbitante, al asesorar a otra querella para cuestionar la actuación policial, pasó lo que pasó. Esto no es una tribuna política".
Alternativas. Gálvez sigue imputado. Spelta analiza llevarlo a juicio con dos acusaciones alternativas: intento de homicidio y abuso de armas, y luego pedir la pena según lo que pueda probarse. En cambio la defensa apuesta a liberar de culpa y cargo a Gálvez, o que al menos sea acusado de una simple falta.
