José Luis D., el cabo de la Policía Federal que el miércoles quedó preso en el marco de la causa que investiga al supuesto narco Delfín David Zacarías, recuperó la libertad la tarde del viernes tras depositar una fianza de 10 mil pesos exigida por la Justicia. Sin embargo, seguirá ligado al expediente que conduce el juez Carlos Vera Barros y que trata de echar luz sobre la cocina de drogas desbaratada en Funes el 5 de septiembre, cuando se hallaron 300 kilos de pasta base y cocaína además de unos 400 litros de precursores químicos, balanzas digitales y dinero en efectivo.
El pasado martes Vera Barros había dispuesto el arresto del cabo, que se presentó el miércoles en los tribunales de Oroño al 900 en compañía de su abogado Germán Mahieu. Poco después fue indagado y respondió todas las preguntas del fiscal Juan Patricio Murray y del juez, quien lo imputó como coautor de tenencia de droga con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas.
Uno de los aspectos controversiales de la indagatoria se refirió al apodo de José Luis D. Una fuente judicial señaló que el policía es conocido como "He Man", "Rubio" o "El rubio". Pero el uniformado lo negó y dijo que "desde la escuela primaria" se lo conoce por otro apodo.
Mientras desde el Tribunal se sostiene que hay varias pruebas que ligan al policía con Zacarías y citan intervenciones telefónicas en las que se detectó que el cabo informó a una hija del sospechoso sobre operativos que se realizarían en bunkers del supuesto narco, Mahieu dijo que "en las 2.500 fojas del expediente no hay una sola escucha ni entrecruzamientos de llamadas relacionadas con mi cliente".
Lo que sí quedó claro tras la indagatoria es que el José Luis D. conocía a la familia del presunto narco ya que tiene "un Volkswagen Voyage con chapas del municipio de Baigorria que trabajaba para dos remiserías, una de ellas la de Zacarías".
Hábeas corpus. Por su parte, Delfín Zacarías presentó un hábeas corpus contra la resolución que dispuso su traslado desde la alcaidía de Jefatura a una cárcel federal, aunque por ahora está en el penal de Piñero. Con la firma del abogado Enrique Sirio, el supuesto narco plantea que su detención bajo el régimen de resguardo de integridad física "viola los derechos y garantías produciendo una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad". Y remarca que el pedido del fiscal de trasladar a su cliente y su familia a una cárcel federal se sustenta "en un anónimo que carece absolutamente de seriedad y verosimilitud".
En otra parte del escrito Sirio reclama que su defendido sea reintegrado a su lugar de arresto en la alcaidía "ya que se agravaron notablemente sus condiciones, no puede tener contacto con el exterior" y para que "pueda ejercer legítimamente sus derechos constitucionales".
El reclamo también cuestiona que el traslado de Zacarías ha "coartado su libertad de expresión" en beneficio de la del fiscal. Es que mientras estuvo en la alcaidía, el acusado dio entrevistas y envió a los medios tres cartas de puño y letra explicando quién era, por qué lo habían detenido y que nada tenía que ver con la cocina de drogas. Al respecto, Sirio citó tratados internacionales que consagran "el derecho del recluso de tener contacto con el mundo exterior, más cuando se le permitió tener contacto con los medios y ahora se lo conmina al confinamiento, dando posibilidades al fiscal a expresarse sin derecho a réplica".
