El rosarino Esteban Alvarado fue condenado en un juicio abreviado a seis años y seis meses de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al robo de vehículos en el conurbano norte bonaerense, que resultaban posteriormente desguazados en Rosario. Un juez superior de un Tribunal Oral Criminal de San Isidro avaló el acuerdo alcanzado entre fiscalía y defensa pero, llamativamente, absolviendo a la mayoría de los integrantes de la banda en 32 de los 50 delitos que los mismos imputados reconocían haber cometido en el abreviado.
La primera consecuencia del veredicto es que Alvarado recupera automáticamente la libertad merced a que el período que estuvo detenido supera la mitad del tiempo de la condena. Eso le posibilita el beneficio de la libertad asistida que es la primera etapa antes de obtener la libertad condicional.
El fiscal Patricio Ferrari, que junto a la Delegación de Investigaciones de San Isidro de la policía bonaerense realizó la investigación que terminó con Alvarado preso, cuestionó en durísimos términos la decisión del juez Marcelo García Helguera. Lo acusa de despegar a Alvarado y a los otros nueve integrantes de la banda que comandaba sin dar fundamento de las absoluciones, luego de haber dejado dos años el abreviado en un cajón, tardanza que considera injustificable.
La atención local. La inesperada liberación del cabecilla de esta banda de ladrones de autos enciende luces rojas en el tablero del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. La de Alvarado, que tuvo domicilio en inmediaciones de Tarragona al 800 y en Cochabamba al 6500, es la historia de un hombre en las sombras. Durante años era conocido por las fuerzas de seguridad locales como un delincuente sagaz e influyente pero en su prontuario penal casi no constaban anotaciones.
Sus actividades asomaron cuando la Justicia de San Isidro, investigando a ladrones de autos en esa zona, descubrieron que los vehículos sustraídos se traían a Rosario para desmontarlos en galpones o revenderlos. Al mismo tiempo el fiscal Ferrari descubrió, por escuchas telefónicas, una red de complicidades cultivadas por este individuo con distintas reparticiones de la policía rosarina a fin de asegurarse impunidad. A tal punto, que cuando avanzó en su contra ordenó que la detención, en agosto de 2012, la hiciera la Gendarmería Nacional.
Luego de la detención el fiscal llegó a los Tribunales de Rosario y entregó una caja con 100 CD de escuchas en las que parecían evidentes las incursiones de Alvarado en el narcotráfico. Estas fueron giradas a la Justicia federal local.
Hace dos semanas el juez García Helguera homologó el acuerdo abreviado que condenó a Alvarado pero rebajando a 6 años y medio los siete acordados entre su defensor y el fiscal. Ferrari había advertido incluso que se opondría a que los siete años de prisión se tomaran como cómputo para la salida de Alvarado porque, a su criterio, debía sumarse una condena previa a tres años por robar un auto en Rosario de parte del juez Carlos Carbone, con lo que el lapso a purgar totalizaba diez años.
"Ningún control". El acuerdo condenatorio señala que Alvarado era cabeza de una banda que poseía su eje central en Rosario, desde donde se requerían diariamente, de manera directa o indirecta, los robos de los vehículos perpetrados en el conurbano norte, para luego allí, "bajo ningún tipo de control y en connivencia con las agencias estatales", revenderlos en el mercado negro bajo distintas modalidades siempre ilegítimas.
Los robos de autos probados consistían en tres modalidades. Una era interceptar a los conductores con armas de fuego y despojarlos. Otro sustraerlos de la vía pública mediante el uso de ganzúas o dispositivos informáticos que generan la apertura y encendido de los vehículos. El tercer método era contar con la anuencia de los dueños que hacían una falsa denuncia de robo. Luego los vehículos eran trasladados a Rosario por pasadores que los entregaban a reducidores en diversos galpones. Alvarado tenía al menos tres: uno en Galvez 6137, otro en Cochabamba 6861 y uno más en Chaparro 1153.
El fiscal apeló ante la Cámara Penal de San Isidro y el Tribunal de Casación Penal bonaerense la decisión del juez García Helguera, a quien adjudica ingenuidad y nula visión global de la trama delictiva,"por el absurdo intolerable de la nula o escasa fundamentación" de la absolución en 32 de los 50 hechos de robo que la propia banda aceptó haber cometido. No obstante la discusión del trámite, frente a la condena ya homologada, se discutirá con Alvarado en la calle, que era lo que el fiscal deseaba evitar.
