La provincia extendió por seis meses el período de transición en la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, que implicaba la caducidad del sistema conclusional, con el objetivo de proveer la debida resolución judicial a cada una de las causas e incrementar las respuestas de calidad en la actuación de la Justicia para toda la sociedad.
La prorroga del período de transición, a partir del 10 de febrero, hecho que está establecido en el artículo 24 de la ley 13.004, fue una decisión del Poder Ejecutivo mediante el Decreto 67/2017, con la finalidad de maximizar las implicancias de una adecuada transición por parte de todos los actores del sistema.
"Un proceso de 10 años, ya que el dictado del Código Procesal Penal comenzó en 2007, no puede considerarse apresurado, más bien ha sido el producto de la prudencia de todos los sectores involucrados", destacaron fuentes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Conjuntamente, desde la cartera provincial detallaron que "la decisión del gobernador se basa en impulsar la investigación de todas las causas del viejo sistema con la finalidad de no garantizar la impunidad". Además, subrayaron que "este gobierno ha decidido además de prorrogar el también denominado 'sistema residual' de causas penales por 6 meses, enviar un proyecto de ley que contempla el debido tratamiento para todas y cada una de las causas, dejando de lado la idea de 'archivo administrativo' para los 'expedientes' que no tuvieron o no pudieron ser impulsados".
El mencionado proyecto de ley contempla poner en cabeza de los actores de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal –de estándares internacionales– la resolución de todas las causas penales de este período de conclusión de causas, siendo estos los que, además de llevar adelante la política de persecución, defensa, garantía y juzgamiento penal, tengan la potestad y la obligación de definir la forma de finalizar las mismas con un criterio unificado y entendiendo que todas las causas merecen tener una resolución adecuada y analizada en el caso concreto.
"De esta manera se logra unificar los sistemas de enjuiciamiento penal actualmente vigentes en la provincia de Santa Fe, brindando a la sociedad la posibilidad de que se resuelvan todas las causas utilizando todos los recursos que al día de hoy se encuentran dispersos en dos esquemas y lógicas de trabajo distintas, disipando la sensación de impunidad que esta dicotomía generaba", concluyeron desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Este proceso se inició en el año 2007 con el dictado del Código Procesal Penal, y continuó en el año 2009 con la puesta en marcha gradual y por materias en todo el terreno provincial. Luego, se crearon las leyes que servían para el pleno funcionamiento del sistema (Ley de implementación, Ley de transición, la creación del Ministerio Público de la Acusación, Colegio de Jueces y Servicio Público Provincial de la Defensa Penal).
Finalmente, se puso en vigencia plena el sistema a partir del 10 de febrero de 2014, fijando un período de transición de 3 años, que se cumpliría este viernes 10 febrero de 2017, dando fin al sistema conclusional de causas del viejo sistema penal.
Asimismo, una de las facultades que otorgaba la ley 13.004, fue la posibilidad a las víctimas de impulsar las causas, lo cual plasma la idea central de la nueva justicia penal, la cual es que el proceso penal deber ser un elemento que en el contexto social debe propender a la "pacificación" mediante la canalización del conflicto entre los sujetos involucrados.
Esa misma facultad le otorgaba la mencionada ley a los Fiscales del viejo sistema, integrantes del Ministerio Público Fiscal, dependiente del Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, de impulsar las causas que estimaren a su criterio, para que las mismas no sean archivadas.
