La madre de madre de Claudio “Pájaro” y de Máximo Ariel “Guille” Cantero fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por ordenar balaceras contra escuelas y estaciones de servicio en cuatro hechos de intimidación pública ocurridos en noviembre de 2021. Se trata de Patricia Celestina Contreras, quien aceptó la sentencia mediante un procedimiento abreviado propuesto por el fiscal Franco Carbone y homologado por la jueza de primera instancia Verónica Lamas González. La pena, que se unificará en 14 años con otra anterior, será cumplida bajo la modalidad domiciliaria que desde hace un año ya le habían otorgado a raíz de problemas de salud que padece la mujer de 57 años.
Contreras aceptó la condena como coautora de cuatro hechos de intimidación pública calificada por el uso de arma de fuego, en uno de los cuales también se le endilgaron amenazas coactivas calificadas por ser anónimas.
Contra escuelas
Los cuatro hechos por los cuales fue condenada “La Cele” se desencadenaron en una semana del mes de noviembre de 2021. En el marco de una investigación por una asociación ilícita de la que participaba también su ex pareja, Ariel Máximo “Viejo” Cantero, la mujer fue acusada de haber entregado dinero en efectivo al también imputado Nazareno Gauna en concepto de pago por un ataque de la organización criminal liderada por Nelson Alexis “Pandu” Aguirre desde la cárcel de Coronda donde se encontraba detenido.
Según se estableció en la investigación, los cuatro hechos por los que condenaron a Contreras tuvieron la misma mecánica: todos fueron ordenados por Aguirre desde su celda y organizados en la calle por Gauna, quien con el dinero que le entregó la Cele se encargó de seleccionar y reclutar a los gatilleros, así como coordinar sus movimientos, para perpetrar todas las intimidaciones.
El primero de los ataques fue el 9 de noviembre de 2021 cuando balearon una estación de servicio de San Martín y Saavedra, en la zona sur. Los tiros impactaron en los cristales del frente y de los laterales del servicompras.
El segundo, con la misma mecánica, se perpetró el 12 de noviembre contra la estación de servicio de Ovidio Lagos al 4900 donde gatillaron desde una moto al menos once veces con balas 9 milímetros contra las instalaciones. También en este caso fueron alcanzados los cristales del frente y los laterales del servicompras, además de un acoplado, la mochila del tanque de combustible de un camión Scania y un comercio aledaño.
Los dos ataques restantes fueron ejecutados la madrugada del 14 de noviembre y en ese caso los blancos fueron dos establecimientos educativos. El primero de los ataques minutos antes de las 2 contra un complejo educativo de Cafferata al 4000 donde efectuaron al menos ocho disparos con armas de fuego calibre 380. En este caso los balazos impacaron en el frente y en la puerta mientras en el interior del edificio se encontraba personal del Ejército Argentino custodiando las urnas que se utilizarían en las elecciones legislativas nacionales que tuvieron lugar en esa fecha.
Menos de una hora después, sobre las 2.45, dispararon desde una moto contra el frente de la Escuela de Educación Técnica 472 Crisol, de Magnano al 6300. El ataque, según las imputaciones oportunamente formuladas, “puso en riesgo la vida y los bienes de las personas presentes con la finalidad de demostrar poderío, para lo cual instruyó a Gauna sobre la manera de ejecutar la acción”.
En su casa
En abril del año pasado Contreras cumplía en su casa una condena a diez años de cárcel dictada en 2016 por el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario cuando volviío a ser detenida. A pedido de los fiscales Carbone y Valeria Haurigot, que investigaban sus vínculos con una asociación ilícita que le atribuyeron comandar al Viejo Cantero, la mujer fue encarcelada.
Sin embargo, en junio de 2023 le volvieron a otorgar prisión domiciliaria por algunos problemas de salud y la necesidad de realizar un tratamiento por padecer diabetes, enfermedad a raíz de la cual había tenido que ser internada en el Hospital Centenario de Rosario y en el hospital José María Cullen de Santa Fe para recibir asistencia médica.
En aquel momento la jueza Valeria Pedrana fundamentó el otorgamiento del beneficio en diagnósticos médicos del hospital Centenario y del Servicio Penitenciario que indicaban que debe realizar un tratamiento de diálisis. Por entonces solicitaron que se le colocara una tobillera de monitoreo electrónico.
