La ley penal para menores, en debate

El debate sobre la creación de un régimen penal juvenil, que recién comienza en el Congreso de la Nación, repercute con distintos matices en los actores involucrados en el tema en la provincia de Santa Fe. Pero hay un punto en el que los especialistas de los tres poderes públicos y organizaciones civiles coinciden: el sistema heredado de la dictadura con el que actualmente se juzga a los jóvenes involucrados en delitos debe modificarse.

Funcionarios, jueces, legisladores y entidades civiles de la provincia concuerdan en que el sistema vigente debe reemplazarse por un dispositivo que respete derechos y garantías. No sólo para adecuar las leyes a tratados internacionales sino para que la respuesta judicial sea eficiente: en el régimen actual, señalan, en nombre de la tutela sólo se impone castigo. Lo que en modo alguno garantiza que el joven pueda responsabilizarse de sus actos.

La propuesta fue lanzada hace quince días por el gobierno nacional ante la alarma social por el crimen del chofer Daniel Capristo en Valentín Alsina, por el que fue detenido un chico de 14 años. La iniciativa consiste en reemplazar el sistema tutelar por un régimen penal juvenil que se extienda a los jóvenes de 14 años (hoy son punibles a partir de los 16 años). Esto no debe confundirse con la rebaja de la edad de imputabilidad, lo que implicaría una reforma de otro orden.

Actualmente en el Congreso nacional se debaten en comisiones nueve propuestas. Proponen asistencia jurídica, derecho a apelar, y medidas alternativas al encierro como la multa, reparación del daño y prestación de servicios. La privación de la libertad es prevista como último recurso ante delitos graves.

La iniciativa tampoco debe tomarse como una política pública para solucionar el problema de la criminalidad juvenil. De lo que se trata es de cambiar el modo en que se somete a proceso a los adolescentes acusados de delitos. Un cambio que distintos actores consultados consideran necesario, si bien disienten en cuanto a la edad en que los jóvenes deben ingresar al sistema penal. Estos son sus puntos de vista:

Pedro Morini (diputado nacional UCR): "Ante un problema social y económico como la delincuencia juvenil el gobierno propone imputar a más jóvenes, cuando tendría que responder con políticas de inclusión y protección. Estamos de acuerdo con una nueva ley penal respete las garantías de los chicos desde los 14 años, pero también hay que crear institutos que corrijan y no que funcionen como una cárcel común".

CTC. Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario "se necesita un sistema penal juvenil, pero ello no requiere bajar la edad de imputabilidad. Que los jóvenes más pobres ingresen al sistema penal a una edad más temprana es responder a su desamparo con el encarcelamiento y la violencia del sistema penal. Estigmatizar a los menores como delincuentes y no tomar medidas contra la desigualdad es peligroso: genera más violencia. Bajar la edad de punibilidad a los 14 años sería regresivo y sólo busca el castigo, cuando la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima. Los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales. Si un niño de 14 años roba un auto, lo más seguro es que recibe un arma y una paga miserable para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren repuestos más baratos".

Héctor Superti. El ministro de Justicia provincial dice que "el régimen penal juvenil tiene que arrancar a los 14 años. Los proyectos prevén un régimen distinto en cuanto a las penas y los delitos que se les puede imputar a los para los chicos de 14 a 16 que para los que tienen entre 16 y 18".

Juan Lewis. El subsecretario de Asuntos Penales se define "totalmente de acuerdo con regular un régimen penal juvenil. En la actualidad nos estamos moviendo con una ley de la dictadura que es anacrónica y responde a un paradigma tutelar del cual hay que emigrar. Reconocer a los jóvenes la posibilidad de un proceso con garantías procesales no se debe confundir con bajar la edad imputabilidad, con lo que no acuerdo. Tampoco creo que en el nuevo régimen haya que extender el uso de la represión a jóvenes de 14 años, porque la respuesta penal genera serias secuelas en un adolescente. Ante esos casos, que son excepcionales, el Estado debe reaccionar con políticas de inclusión, educativas y de salud, fuera del ámbito penal".

María del Carmen Musa. La jueza de Menores de Rosario dice: "Estamos ávidos de un sistema que derogue la ley 22.278 vigente y cree un régimen de responsabilidad penal con garantías constitucionales, donde el juicio llegue pronto y la sanción también. A la ley actual no le importa si el chico cometió delito o no. El juez puede disponer de él por el ejercicio del patronato, lo que significa internarlo sin decirle por cuánto tiempo. Esto es más gravoso que una pena. Para aplicarle pena a un menor hay que esperar a que cumpla los 18 años y que haya fracasado el tratamiento tutelar, un eufemismo para lo que a veces no es más que el encierro. Así, cuando la pena llega, es tarde. Y si no llega una sanción, el chico nunca va a internalizar el daño. Estamos clamando a gritos por un sistema que en lugar de considerar al chico sujeto vulnerable lo entienda sujeto responsable, que pueda hacerse cargo de su conducta y de las consecuencias de sus actos. En este marco, soy partidaria de bajar la edad a 14 años. No para castigarlos ni dejar contenta a la ciudadanía con el encierro, sino porque es el modo más seguro —aunque no el mejor— de que estos chicos sean mirados y socorridos por el Estado".