Policiales

La Defensoría Pública Penal también reclama atención para adictos

Se sumó al Colegio de Jueces Penales que pidieron la aplicación de una ley del año pasado vetada parcialmente por el gobernador santafesino.

Domingo 08 de Abril de 2018

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) se sumó ayer al reclamo hecho por los jueces penales para que el gobierno santafesino ponga en funcionamiento los centros provinciales de abordaje para personas en conflicto con la ley que tengan problemas de adicción, lo que por ahora "impide, en los hechos, una efectivización de la política institucional que trate la problemática de las personas con problemas de adicción a estupefacientes".

   Según dio a conocer el viernes La Capital, el Colegio de Jueces Penales de Rosario planteó la "urgente e imperiosa" puesta en marcha de la ley 13.671 sancionada por la Legislatura en noviembre del año pasado y vetada parcialmente por el gobernador Miguel Lifschitz, tendiente a la creación de 19 centros de prevención, tratamiento y recuperación para personas vinculadas a situaciones de consumos problemáticos. Cada una de esas dependencias se establecerían en las cabeceras de cada departamento de la provincia.

Drogas y primera vez

En su pedido al gobernador y a la propia Legislatura, los magistrados explicaron "la profunda preocupación y la urgente necesidad de contar con instituciones que provean tratamientos ambulatorios e internación a personas que sufren adicciones y consumos problemáticos de sustancias", y remarcaron que por sus despachos es incesante el desfile de jóvenes que cometen delitos por primera vez arrastrados por el consumo de estupefacientes.

   En ese marco, el Servicio Público de la Defensa Penal se sumó al reclamo y en un comunicado recordó que el 30 de noviembre la Legislatura santafesina creó esos centros mediante una ley y que el 28 de diciembre el gobernador, "mediante un veto propositivo creó los Centros de prevención y abordaje integral de consumos problemáticos y adicciones".

   En ese sentido, dice la Defensoría, "se trata también de una problemática prevista en la Ley Nacional de Salud Mental que especifíca la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud en sentido amplio, vinculada además con la problemática del consumo de estupefacientes".

   Y remarca que la actual titular del organismo, Jaquelina Ana Balangione, "planteó la necesidad y el interés de que sean respetadas las pautas del órgano nacional y que la Defensa Pública integre el Órgano de Revisión de Salud Mental".

Asistencia y origen

Esta cuestión fue abordada en la reunión del Consejo del Servicio Público de la Defensa Penal en septiembre pasado, "poniendo de relieve la grave situación de personas afectadas por el consumo de estupefacientes, la incidencia del consumo entre quienes se encuentran privados de libertad, y la falta de instituciones que aborden la problemática".

   La preocupación no resulta ajena a los Defensores, dice el texto, quienes "han asistido a una gran cantidad de personas en conflicto con la ley penal que poseen problemas de adicción a distintas sustancias estupefacientes".

   Y resaltan la participación de los defensores públicos "en las audiencias que se desarrollan diariamente en Tribunales de la provincia y en las que solicitan un tratamiento ambulatorio que oficie como red de contención para sus asistidos, posibilitando la reinserción social" que garantiza la Constitución Nacional.

   Asimismo, manifiestan que "estadísticas recientes, como las publicadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, acreditan que un 70% de los jóvenes censados sustrajo objetos o dinero del hogar familiar para adquirir sustancias psicoactivas, al tiempo que nueve de cada diez dijeron que fue ese delito el primero que cometieron. De allí se sigue que es el consumo de esas sustancias lo que ha dado origen y fundamentos a una vida de conflicto con la ley penal, y que una buena forma de reducir la incidencia delictiva es prevenir y erradicar esa problemática de consumo".

   Sin embargo, recuerda la Defensoría Pública provincial, "en Santa Fe la mayoría de los centros de atención son privados y deben ser costeados por el defendido; y en el caso de los efectores públicos los cupos se encuentran sobrepasados y concentrados territorialmente, generando así la imposibilidad de alojar a nuestros asistidos, que suelen ser personas en situación de vulnerabilidad extrema, tanto social como económica".

   Por todo ello la Defensa Pública a cargo de Balangione se suma al reclamo de los jueces penales a la vez que recuerda que propuso y urgió a la creación del Órgano de Revisión de Salud Mental provincial (previsto mediante la ley 13.733), reclamó la creación de nuevos lugares de atención, controló las condiciones de tratamiento e interpuso los hábeas corpus colectivos y correctivos necesarios cuando los mecanismos vigentes vulneran los derechos humanos de los pacientes" en esas condiciones.


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