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El abogado Luis Rossini y el empresario Leonardo Peiti, acusado de dirigir organizaciones de juego ilegal en la provincia.
El estudio jurídico de un abogado particular en la ciudad de Casilda fue allanado este jueves por la tarde por la policía para determinar si fue él quién puso a circular el contenido de un preacuerdo confidencial para un juicio abreviado en el que el empresario Leonardo Peiti acepta condena como líder de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino.
El operativo fue ordenado luego de que se difundiera la existencia de ese convenio entre cinco fiscales que imputaron a Peiti por juego ilegal en Rosario, Melincué y Rafaela y el propio acusado. Lo que trascendió es que para allegar a ese acuerdo Peiti formalizó una declaración en una audiencia judicial concretada hace diez días y registrada en video en la cual acepta que pagó sobornos a representantes de la política institucional de la provincia. Entre ellos habría mencionado al senador provincial Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), que tiene un pedido de audiencia y a otros legisladores.
El contenido del acuerdo solamente lo conocían las partes. Por un lado los cinco fiscales que investigaron a Peiti, los fiscales regionales de Rosario y Rafaela y el fiscal general de la provincia. Por otro, el propio acusado más su abogado defensor Luis Rossini. Finalmente la jueza de la audiencia Eleonora Verón.
Según fuentes del caso lo que se estableció fue que un abogado llamado Fernando M. que había estado interesado desde hace meses en tomar la defensa de Peiti lo habría visitado luego de la firma del preacuerdo en la clínica que se el lugar donde permanece detenido. Se verificó en el libro de visitas de la institución el ingreso de este profesional. Y con una declaración se habría confirmado que el abogado accedió al contenido del convenio que luego fue difundido por un mail a distintos periodistas de la provincia.
El procedimiento fue concretado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en el estudio del abogado que es ajeno a la causa y tuvo acceso a una copia del convenio de confidencialidad que circuló en medios de prensa. El abogado no fue privado de la libertad pero le fue secuestrado su teléfono celular y podría responder por el delito de violación de secreto. Pese a que no era el abogado de Peiti, explicaron los investigadores, le fue requerida una opinión profesional sobre la conveniencia del acuerdo que luego se filtró.
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