El empresario Leonardo Peiti firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que acepta su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia que será la base de una condena efectiva en caso de homologarse ese documento. El hecho de que este capitalista admita que esta es su actividad no es una novedad porque él mismo lo hizo el año pasado en una nota televisiva en la que dio detalles al respecto. Lo que es nuevo es que acepte que para desarrollar su actividad y expandirla participaba sus ingresos con actores de la política institucional.
La declaración de Peiti se hizo delante de la jueza Eleonora Verón el 10 de septiembre pasado y fue filmada y registrada en audio. En ella complica al senador por San Lorenzo Armando Traferri. El objetivo, según dijo, fue que a través de las influencias políticas de su cargo gestionara la aprobación de un emprendimiento de juego online legal, que lo tendría a Peiti como beneficiario del negocio.
Peiti busca con sus declaraciones obtener una reducción de la pena en expectativa en los tres trámites judiciales que tiene en curso en Rosario, Melincué y Rafaela como líder de una asociación ilícita dedicada al juego clandestino. También involucró de modo directo a otros dos senadores en el cobro de dinero de sus ingresos y a un tercero por parte de su socio de Rafaela David Perona que falleció el año pasado luego de haber sido imputado.
El testimonio de Peiti fue vertido en una larga exposición a puertas cerradas ante la jueza Verón. Participaron los fiscales que llevan la causa de juego ilegal en Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, y el fiscal general de la provincia Jorge Baclini. Por zoom asistieron los fiscales de Melincué Matías Merlo, Guillermo Loyola y Gabriela Lema de Rafaela, y el fiscal regional Diego Vigo de esta última circunscripción. Por la defensa de Peiti acudieron los abogados Luis y Angelo Rossini.
La novedad del testimonio de Peiti es aceptar lo que había dicho en una audiencia el fiscal Gustavo Ponce Asahad, que está imputado y preso por participar de esta asociación ilícita del juego ilegal, el 4 de diciembre del año pasado: que la política institucional de la provincia tenía una pata también en este esquema.
El preacuerdo que dio lugar a esta declaración acepta a Peiti en la condición de imputado colaborador. El punto 10 del texto impone a Peiti el pago de una multa de 536 mil dólares. Son 236 mil dólares en efectivo y 300 mil en inmuebles que son terrenos. Se menciona una pena de seis años de prisión que en virtud de la colaboración ofrecida se puede reducir. La defensa aspira que la reducción sea a tres años de prisión efectiva que es el máximo. Pero eso será motivo de discusión porque la reducción la define el juez encargado de homologar el acuerdo que puede acortar la pena desde un tercio a la mitad. Hay fallos de la Cámara Penal que obliga a quienes firman trámites de juicio abreviado a transitar todos los pasos debidos para la libertad condicional. Peiti está sometido a proceso en tres jurisdicciones diferentes por reiteración del mismo delito.
La situación vuelve a poner a la política institucional al rojo vivo en un derrotero que no dejó de estar caldeado desde el 4 de noviembre cuando Ponce Asahad, condenado hace dos semanas, sostuvo que Traferri fue el organizador de una estructura que conectaba a Peiti con el exfiscal regional también imputado Patricio Serjal y con él mismo. El rol que tenían ellos desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue evitarle a Peiti la persecución penal por sus actividades ilícitas a cambio de sobornos. En esa primera audiencia dijo que el dinero del juego drenaba para financiar campañas políticas.
El valor de esta declaración será sopesado a partir de otra evidencia desplegada en la misma causa. En ese sentido ya existen indicios presentados en audiencia que dieron cuenta de reuniones, llamadas telefónicas con impacto de antena, y mensajes y comunicaciones que entrelazan a actores del juego, los fiscales imputados y funcionarios de la política.
La novedad del preacuerdo puede volver a disparar un pedido de desafuero contra el senador Traferri. La base del planteo vertido en la declaración es que Peiti pagó a Traferri entre otros para que realizara gestiones para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming SRL, que tiene como titular al empresario de juego, la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas por el organismo oficial de la provincia.
Este preacuerdo está actualmente bajo consideración de los fiscales de Rafaela. Cuando llegue a Rosario, lo que podría ser hoy, será elevado a la Oficina de Gestión Judicial para que se defina una audiencia para su homologación, con un juez distinto a Eleonora Verón, que fue quien presidió la declaración de Peiti.
