Jauchen dijo que la detención de Tognoli "es una barbaridad con intereses políticos"

Para Eduardo Jauchen, el abogado defensor de Hugo Tognoli, no quedan dudas de que la causa que mantiene preso desde el jueves al ex jefe de policía de la provincia por integrar una “empresa criminal conjunta” en la cual habría protegido a un supuesto traficante de drogas, es “una barbaridad con intereses políticos”. En un diálogo con La Capital (antes de conocer la detención de Carlos Andrés Ascaíni) el profesional se mostró sorprendido por el curso de la causa a la que calificó de “invento”.

   — ¿Por qué volvieron a meter preso a Tognoli?

   — Esto es absolutamente sorpresivo e inverosímil porque la nueva imputación que el fiscal (Juan Patricio Murray) formula y de la cual el juez se hizo eco para llamar a Tognoli a indagatoria y privarlo de la libertad, no sólo tiene falta de sustento sino que es un verdadero invento. Lamento expresarme así pero llegamos a un extremo tal que no encuentro otro modo de decirlo. Es un invento.

   — La idea que hay es que apareció algo novedoso, que ese algo tiene peso probatorio, que fue expuesto por los fiscales y evaluado por el juez, quien en virtud de eso ordenó nuevamente la detención del ex comisario. ¿Dice usted, que nada esto fue así?

   — Digo que ese algo novedoso, como usted lo llama, no existe.

   — ¿No hay un nuevo elemento que incrimina a Tognoli?

   — No lo hay. Por eso digo que es un invento.

   — El testimonio del perito Jorge Likerman, del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (RNPA), ¿no comprometió a Tognoli?

   — No, y le explico por qué.

   — Pero no sólo el fiscal Murray sino el juez Carlos Vera Barros concluyeron en lo contrario.

   — Por eso yo quedé atónito. No sólo yo, todo el mundo. Un diputado provincial a quien no conozco (el radical Maximiliano Pullaro) definió lo absurdo de esta situación al preguntarse por qué si Tognoli era cómplice de un supuesto narco al que protegía, él esté preso y ese hombre siga libre (finalmente Ascaíni fue detenido ayer).

   — Prometió explicarme por qué, según usted, Likerman no compromete a su cliente.

   — Todo invento debe partir de una primera pieza desde la que se construye una estructura, de lo que fuese, pero con fragilidad. En este caso, el fiscal parte únicamente de lo que dijo Likerman, testigo que él trajo, y pretende hacerle sostener, mediante una parcial y descontextualizada lectura de sus dichos, que Tognoli sabía para qué sus subordinados pedían al Registro, mediante las claves autorizadas, datos sobre vehículos. Con la clave del comisario Néstor Fernández, subordinado de Tognoli en la ex Drogas Peligrosas, se pidió al Registro datos de autos que seguían a Ascaíni. Una vez obtenida la información le avisaron que eran autos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que lo perseguían. Por eso encarcelaron a Tognoli la primera vez, basándose en que las claves las gestiona el jefe. Demostramos que aunque las gestiona el jefe luego se suministran a cada uno de los destinatarios porque son personales. Ahora dicen que al firmar el pedido de renovación de las claves, Tognoli convalida su uso. Y si convalida, sabía la averiguación que hizo cada subordinado que efectuó consultas al registro. Un disparate.

   — ¿Por qué es un disparate?

   — Todos los responsables de las instituciones a las se les conceden claves deben renovarlas cada 90 días y comunicar al Registro que se convalidan las consultas hechas por los usuarios de esas claves. Esa convalidación no surge de la ley ni del decreto reglamentario del Ejecutivo sobre el Registro. Surge de una disposición administrativa interna del Registro. Es decir, es un formulario de rutina.

   — ¿Cuál es la acusación sobre el comisario Tognoli?

   — Inventan que Tognoli sería integrante de una organización criminal por haber aportado una ayuda que consistiría en que convalidaba las consultas que realizaban los usuarios de las claves (a las que él no tenía acceso) lo que lo convierte en cómplice del comisario Néstor Fernández y del sargento Carlos Quintana, de quien una escucha telefónica revela una conversación con Ascaíni. Es decir, al firmar el formulario de renovación de las claves en el que se exige la convalidación de su uso, interpretan que Tognoli sabía que Fernández era cómplice de Ascaíni porque le averiguó de quiénes eran los autos que lo seguían y eso permitió su protección. De ahí pretenden elaborar este invento que llaman organización criminal conjunta.

   — ¿Tognoli no sabía que Fernández supuestamente usó su clave para esa averiguación?

   — No. Eso quedó demostrado en la ocasión anterior y por eso este mismo juez le dictó falta de mérito en noviembre pasado.

   — ¿Pero sí está demostrado que una consulta con la clave que pertenecía a Fernández indagó sobre los autos que seguían a Ascaíni?

   — Sí.

   — ¿Y ahora se agrega que esa consulta la convalidó Tognoli?

   — No, no es así. Eso quiere hacer creer el fiscal con una interpretación distorsionada y parcializada de la declaración del perito Likerman. Pretende que el pedido de convalidación que está en el formulario administrativo de renovación de las claves, permite presumir la complicidad de Tognoli. Y presumen mal porque el dolo no se puede presumir; es un abc del derecho penal. La fiscalía, que debe actuar con objetividad, acá lo hace con una parcialidad manifiesta porque distorsionaron totalmente lo que dice Likerman.

   — ¿Qué es lo que dice Likerman en su declaración que, según usted, el fiscal distorsiona?

   — Le leo textualmente lo que dijo el perito cuando el fiscal le preguntó si para la renovación de un nuevo período para el usuario, el responsable debió convalidar la misma: “La disposición 193/05 estipula que el responsable reconoce la cantidad de consultas realizadas para ese usuario y por supuesto tiene herramientas para ver cuál es el detalle de esas consultas, pero nosotros no le pedimos que remita el detalle sino la cantidad de consultas realizadas”. Es decir, lo que se convalida en el formulario de renovación es la cantidad de las llamadas. También cuando le preguntan cuál es el sentido de la revalidación periódica de las claves, dice el testigo ofrecido por el fiscal que “el objeto que tiene ese período de tiempo después del cual hay que revalidar la vigencia del usuario es asegurarse que el responsable sigue estando en funciones en ese cargo y que la totalidad de los usuarios asignados están vigentes y en conocimiento de ese responsable. Con eso nos aseguramos como organismo que cuando hay una rotación de los responsables, no queden usuarios activos sin responsabilidad”. Otra vez es una cuestión meramente administrativa para asegurar que si un titular de clave ya no está en funciones sea dado de baja. Eso es todo. No hay ninguna disposición legal, ni siquiera ésta de la que el fiscal quiere valerse, que le exija a Tognoli saber cuál era el sentido de las consultas. Es una enormidad y una insensatez esta escalera de papel que inventó el fiscal.

   — No obstante, la presunción es que un superior jerárquico es responsable del accionar de sus subordinados y se lo supone enterado de lo que éstos hacen.

   — Así es en el plano administrativo, no en el penal. Extremando el ejemplo, podríamos decir que al gobernador se le puede reclamar por si un enfermero no quiere colocar una inyección en un hospital público pero no se lo puede responsabilizar por si ese enfermero decide golpear a un paciente. Que la inyección se ponga es una responsabilidad administrativa, la agresión pasa a ser un accionar personal y delictivo.

   — ¿Por qué no resulta verosímil que si Tognoli convalidó las consultas al Registro no pueda haber sabido el tenor de las mismas?

   — Como bien lo dijo Likerman, no tenía obligación de revisarlas porque sólo se pide la cantidad y, además, hubiera resultado materialmente imposible hacerlo porque se hacían entre 3.000 y 3.600 consultas cada 90 días. Ponerse a revisarlas hubiera impedido que Tognoli realizara su tarea específica en la que se realizó más de un allanamiento diario por estupefacientes. Y aún así, habría sabido qué se consultó en cada caso pero no lo que el Registro respondió.

   — ¿Cuál sería el interés del fiscal en inventar esa escalera de papel que usted describió?

   — Desconozco. Este exagerado accionar del fiscal y del juez obedece a cuestiones políticas.

   — ¿Cuál sería el rédito político de tenerlo preso a Tognoli?

   — No lo sé. Pero, por mi experiencia, estas barbaridades se cometen únicamente en las causas políticas.