Celina Mutti Lovera / La Capital
Sebastián Carranza, vocero de la Fiscalía, dio detalles del allanamiento a la vivienda del fiscal Ponce Asahade.
El mensaje con información "fina" que salió de Fiscalía.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales salen del departamento del fiscal.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
Custodia policial en el departamento del fiscal.
El fiscal de la Unidad de Flagrancia de Rosario Gustavo Ponce Asahad es investigado por la Justicia por su presunta colaboración con una banda vinculada al juego clandestino y que además se dedicaba a realizar extorsiones. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no está detenido por el momento, pero su domicilio en bulevar Oroño al 1217 fue allanado esta mañana por agentes de la Tropa de Operaciones Especiales y de la Agencia de Investigación Criminal.
El vocero del MPA, Sebastián Carranza, señaló que “es un procedimiento que tiene relación a una investigación de la Agencia de Criminalidad Organizada sobre la filtración de información sensible dentro de una pesquisa en curso. Lo que se realiza en domicilio del fiscal es un allanamiento en busca de material de interés para la causa y de teléfonos celulares”.
“El fiscal Ponce Asahad tiene una investigación abierta por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No está detenido. No podemos brindar más información porque hay muchos temas en reserva. Por el momento, esto es sólo un allanamiento para recabar material de interés, incautar el celular del fiscal para poder analizarlo y a partir de eso determinar los pasos a seguir”, señaló Carranza en un contacto con los periodistas que cubrían el procedimiento judicial.
Carranza manifestó que Ponce Asahad, quien también ejerce la titularidad de la Unidad Especial de Covid-19, "sigue en el cargo por ahora", pero aclaró que su situación "debe ser definida por la Fiscalía Regional con los pasos a seguir en las próximas horas".
Las sospechas de que un integrante de la Fiscalía facilitaba datos a miembros de una organización delictiva quedaron expuestas en una audiencia pública en la que se ventiló una trama de extorsiones que llevó a descubrir una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario y en la que fueron acusadas cinco personas, entre ellas un oficial retirado de la policía y un hombre que está preso por instigar el atentado cometido en enero pasado contra el Casino City Center donde un apostador resultó asesinado.
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En ese sentido, Carranza precisó: "Este allanamiento tiene relación con la investigación que pusieron en conocimiento los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que trascendió la semana pasada y que integra una pesquisa más grande como la del homicidio en el Casino City Center, juego clandestino y otras situaciones. Dentro de esa investigación, se supo que desde una fiscalía se había pasado información a una banda. Entonces a partir de esa información se abrió esta investigación paralela".
La investigación busca establecer quien fue el nexo de Fiscalía con uno de los integrantes de la banda que aún permanece prófugo. Ese contacto se dio precisamente tras el atentado al Casino. A partir de la apertura de un teléfono de “Cachete” Díaz, imputado como instigador de aquel hecho , los investigadores supieron que el acusado le pidió a una persona que moviera contactos en el MPA para lograr la liberación de dos hombres, uno de ellos identificado como Hernán Quintero, detenidos por portación de arma.
El que recibió ese pedido es Leonardo Andrés Peiti, un hombre de 46 años con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal, pero que no pudo ser hallado por la Justicia. Peiti, según la investigación de Edery y Schiappa Pietra, se comunicó con alguien en el Centro de Justicia Penal.
Desde adentro de la Fiscalía, el consultado respondió con información fina: dijo que Quintero se había comido un encubrimiento por circular en un auto robado al ser detenido y que tenía un arma calibre 9 milímetros por lo que le imputaron portación de arma de guerra. También agregó algo significativo como para señalar que poco se podía hacer para beneficiar al detenido. “No tengo la causa yo”. No obstante dejó ver que haría una última gestión intercalando “un comentario”. Agregó por último que al no tener antecedentes al imputado en un mes podrían darle la libertad.
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La investigación para dar el origen con esa filtración derivó en el procedimiento de esta mañana en la casa del fiscal Ponce Asahad. Un par de horas después de que se iniciara el allanamiento llegaron al lugar los abogados Franco Gardelli y Fernando Mellado, quienes asumieron la defensa del funcionario del MPA.
Carranza agregó que el procedimiento en la casa de Ponce Asahad estuvo precedido por otro allanamiento hace unos días en la vivienda de un colaborador del fiscal, "a quien se le secuestró material de interés y el teléfono celular para ser analizado".
"Hay mucha información en reserva y que manejan los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada. La reserva es por las implicancias que puedan tener este caso por la posible participación de funcionarios y por el tipo de información sensible que podría conectarse con otra investigación", añadió Carranza.
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