La audiencia imputativa en la que cinco personas fueron acusadas de integrar una organización criminal dedicada a llevar adelante extorsiones a comerciantes de diferentes rubros y que permitió descubrir el funcionamiento de una treintena de casinos clandestinos en Rosario y su área metropolitana tomó dimensiones políticas mayúsculas después de que se ventilara que desde adentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se traficaba información al grupo, según publicó ayer este diario. En ese sentido, el propio ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, rompió ayer su silencio de los últimos días y sostuvo que “fue un fiscal y no un empleado de la fiscalía” la persona que brindó esa ayuda.
En declaraciones al programa Trascendental de LT8, el ministro fue contundente al sostener que “este gobierno está comprometido en sacar la basura de abajo de la alfombra”. Y agregó: “Ahora hay una decisión político institucional y, de un sector muy reducido del MPA, de ir para adelante ventilando este tipo de criminalidad de poder. Acá hay puntos graves donde para mi hay un fiscal, no un empleado de la fiscalía, que evidentemente tenía lazos estrechos con esta criminalidad y que fue demostrada ayer (en referencia a la audiencia imputativa que empezó el jueves) y eso da cuenta de una situación extremadamente grave”.
Asimismo, Sain dijo que “hay evidencias de que Los Monos podrían estar involucrados en la red de casinos clandestinos” que de acuerdo a la acusación regenteaba la banda acusada. “Estamos frente a un problema de una gran envergadura, más allá de que la proliferación del juego clandestino a través del juego electrónico es muy alta en el último tiempo”. Y manifestó que lo novedoso de esta situación es que “un grupo abocado a la criminalidad más compleja como Los Monos o un sector de ellos, dedicado a las extorsiones violentas y que fueron protagonistas de la mayoría de las balaceras en el último año, empezara a incursionar en este tipo de negocios”. En este sentido vale recordar que así hizo sus primeros pasos la banda nacida en el barrio Las Flores, mucho antes de ingresar al negocio del narcotráfico y la criminalidad compleja. Para Sain, “lo sorprendente es que algo que era manejado por el sector privado en alianza con la policía, le abre el camino a un sector violento que tiene las manos manchadas de sangre”.
Al retomar el tema sobre el contacto de la banda con alguien que trabaja dentro de la fiscalía, Sain dijo: “Tenemos que sacar la basura de abajo de la alfombra y ponerla arriba de la mesa sea quien sea, policías, sectores de la Justica o la política. El mundo criminal tiene éxito en la medida que tenga una eficaz protección del Estado y esto hay que desactivarlo. El Estado no puede ser aliado de los delincuentes”.
Y explicó que luego de haber escuchado en los pasillos del Centro de Justicia Penal “algunos comentarios” respecto al “desprestigio” en el que caería el MPA ante estas acusaciones opinó que “se desprestigiará porque hay o fiscales infieles, o fiscales aliados del mundo criminal o que no hacen lo que tienen que hacer para investigar estas cosas”.
El ministro se refirió también a uno de los imputados en la causa, Mariano Ruiz. Este hombre, quien hasta anoche permanecía prófugo, ya cumplió una condena a 3 años de prisión que le dictó la Justicia provincial como lavador del dinero ilícito generado por la banda de Los Monos y ser partícipe de esa asociación ilícita. Al respecto el ministro dijo: “Si él compró dos bares en la avenida Pellegrini después de un juicio abreviado, el sistema inmobiliario y financiero debería denunciar cualquier maniobra ilícita”.
Investigar hasta el fin
El titular del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Patricio Serjal, fue otro de los que ayer habló con la prensa en la puerta del Centro de Justicia Penal. “La situación planteada en torno a una banda criminal que recibía ayuda desde adentro de una fiscalía constituye un hecho de una gravedad institucional enorme, pero está todo en plena investigación y no descartamos ninguna hipótesis. Lo cierto es que vamos a investigar hasta las últimas instancias”.
El jefe de los fiscales resaltó “el trabajo de la Agencia de Criminalidad Organizada” que depende del MPA y que está a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Y consideró que “desde que esa Agencia fue creada ha tenido grandes logros. Ese organismo fue creado con la firme decisión de trabajar sobre las bandas y organizaciones que tanta violencia generan en la ciudad y lo está haciendo”, agregó Serjal. “Hay que reconocer el trabajo que hacen a diario practicantes, pasantes, empleados, funcionarios y fiscales. Esta situación no tiene que menoscabar la tarea que realizan los integrantes del Ministerio Público de la Acusación con el compromiso que tienen con el trabajo”, sostuvo.
Sin registros
En cuanto a quién fue el fiscal o empleado del MPA que colaboró con el grupo delictivo imputado, el fiscal Matías Edery había adelantado el jueves a La Capital que la filtración informativa se produjo en el mes de enero, durante la feria judicial, y que “no quedó registro” de quién la llevó adelante aunque sí que fue un mensaje de WhatsApp que salió del sistema que archiva los legajos en el MPA y enviado al teléfono del prófugo Leonardo Andrés Peiti, un hombre con reiteradas causas por controlar empresas de juegos ilegal y cuyo abogado adelantó que el lunes se presentará ante la Justicia.
"Tiene que ser una persona que tenga acceso al sistema de legajos del Ministerio Público de la Acusación, lugar al que acceden fiscales y empleados pero donde no queda registro de quién entró a preguntar. Sí se sabe que fue una persona que trabaja acá adentro", dijo en referencia al Centro de Justicia Penal.
Asimismo, Edery sostuvo que "cuando se identifique a la persona de fiscalía que ayudó a uno de los acusados deberá determinarse si se trató de un delito o una falta y qué implicancias tuvo ésto en la causa, incluso si hubo otros mensajes. Ese es una análisis que hay que hacer. Lo cierto es que la persona que recibe el mensaje hizo una captura de pantalla de la conversación con la persona de fiscalía, le recorta el contacto y se lo envía al acusado Maximiliano «Cachete» Díaz (preso por matar en enero pasado a un apostador que fumaba en un balcón del casino City Center). Cuando se secuestró el teléfono de Díaz encontramos esa captura de pantalla".
Órdenes desde la cárcel
Por su parte, el fiscal Luis Schiappa Pietra remarcó que en la audiencia del jueves se presentó sólo una parte de las pruebas. "La investigación es bastante más grande. Tiene otras ramificaciones con otros tipos de extorsiones y modalidades distintas. La constante es que vincula a personas que están alojadas en unidades penitenciarias mandando mensajes a gente que está afuera y que son los encargados de llevar a cabo estos actos".
Finalmente, el funcionario manifestó que estos grupos "tienen un nivel de organización importante, no sólo porque cuentan con personas que tiran tiros y aprietan, sino que además hay un ex policía (el imputado Alejandro «Pipi» Torrisi) que tuvo un rango importante (fue jefe de la Unidad Regional VI con asiento en Villa Constitución) y que se lo detuvo cuando salía de un casino ilegal" con un sobre en el que llevaba 150 mil pesos en efectivo.
Al ser consultado sobre el rol que pudo tener en la trama investigada la banda de Los Monos, Schiappa Pietra dijo: "Si queremos entender a Los Monos como se los veía en 2013 o 2014 va a ser difícil. La banda ha mutado mucho, se han diversificado en un montón de personajes que tienen intereses distintos. Ahora han variado su accionar y se dan un montón de lógicas que no se repiten como se repetían antes. Una de las actividades ahora es la de apretar a cambio de dar seguridad y ámbito de seguridad en negocios ilícitos", lo mismo que hacía el grupo del barrio Las Flores al inicio de los años 2000, cuando su nombre fue ganando terreno en las páginas policiales de los diarios de la ciudad.
Dictaron prisión preventiva a los cinco imputados
Tras dos jornadas de audiencias la jueza Valeria Pedrana aceptó el pedido de los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisella Paolicelli, y dictó la prisión preventiva por el plazo de ley para cinco imputados de integrar una asociación ilícita destinada a obtener dinero mediante extorsiones y atentados contra la vida invocando su vínculo con el líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, para intimidar a las víctimas.
La resolución alcanzó a:
• Maximiliano Damian “Cachete” Díaz, detenido por el crimen del contador Enrique José Ensino cometido el 11 de enero en un ataque contra el casino City Center, por asociación ilícita en carácter de organizador, extorsión en calidad de coautor en grado consumado y extorsión en calidad de coautor y en grado de tentativa (5 hechos).
• Alejandro Alberto “Pipi” Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional VI de policía en Villa Constitución, por asociación ilícita en calidad de integrante, organización y explotación de juego ilegal y tenencia ilegítima de arma de guerra.
• José Sebastian Perlo, por asociación ilícita en calidad de integrante, extorsión en calidad de coautor y consumada.
• Flavia Broin, pareja de “Cachete”, por asociación ilícita en calidad de integrante y extorsión en calidad de coautor en grado consumado.
• Otnniel Almonte De León, de ciudadanía dominicana y preso como coautor del homicidio del policía Cristian Ezequiel Ibarra en julio de 2019, por asociación ilícita en calidad de integrante y homicidio agravado por uso de arma de fuego en carácter de partícipe primario en grado consumado, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego por el asesinato de Ensino.
Según la investigación fiscal, junto a ellos también participaban de la asociación ilícita los prófugos Leonardo Peiti, Damián Díaz, Hernán “Chema” Quinteros, Claudio Humberto Ricaldez y Mariano Ruiz.
