Durante al menos seis meses tres fiscales investigaron a un grupo de personas que en nombre de la banda de Los Monos producían extorsiones para quedarse con dinero. Los chantajes alcanzaron a empresarios, comerciantes y gente que opera fuera de la ley. El método fue la venta de protección que ejercen las mafias más renombradas del mundo. El cruce de actividades sacó a la luz a un capitalista de juego, a un alto oficial retirado de la policía que gestionaba la habilitación de casinos ilegales y a gente dedicada a los aprietes.
Pero la mayor novedad fue que al menos una vez alguien desde una fiscalía de Rosario respondió una consulta que un miembro de la red hizo sobre dos pistoleros detenidos. ¿Quién lo hizo? ¿Un fiscal, un empleado, un pasante? El enigma además de gran revuelo interno ya generó una pesquisa interna para identificar al pasador del dato. “No sabemos quién fue. Pero trabajaremos para saberlo”, dicen en esta entrevista los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
—No cayó bien entre algunos de sus colegas que hayan planteado que desde una fiscalía dieron información a personas implicadas en delitos sin identificar al que lo hizo. ¿Qué tienen para decir?
—Primero que eso fue una medida de prueba. Una evidencia que sirvió para localizar la maniobra previa de dos personas con un arma de guerra y acreditar que eso estaba relacionado con el atentado al casino del 11 de enero. Por ese hecho ya estaba preso Maximiliano (“Cachete”) Díaz que estuvo en la audiencia del jueves imputado por ser un engranaje de peso en las extorsiones violentas que hacía el grupo. El teléfono donde estaba la evidencia de que Díaz había recibido ese dato era suyo. Era una información que no cualquiera podía tener ni dar y a la que accedimos con dificultad porque habían roto el aparato para ocultarla. Si esa objeción existe sería bueno que saliera del ámbito de los mensajes de whatsapp o radio pasillo y se proponga debatirla públicamente. Algo así debe generar un alerta. No es la primera vez que aparece evidencia de que las bandas cooptan empleados de la policía o de la administración de Justicia con consecuencias graves. Estamos hablando de una persona que tiene esto en su teléfono y está imputada de participar en una balacera al casino con el crimen de un apostador como resultado y de extorsiones en nombre de una organización que tiene probados por delitos muy violentos.
—La novedad generó alarma de que alguien colabore con el delito desde adentro de una agencia que debe perseguirlo. ¿Cómo sigue el trabajo para individualizar a quien fue, qué rol tendrán ustedes en eso y qué gravedad le asignan a lo ocurrido?
—Primero hay que decir que ese mensaje dibuja más la importancia de otras personas de esta organización. El que pasa el dato dentro de la fiscalía puede ser un contacto de alguien, no un riñón de la organización. El que da el dato puede saber que estaba respondiendo a un capitalista de juego ilegal (Leonardo Peiti), que es quien hizo la pregunta, y no con el miembro de una banda violenta. Pero el que da ese dato sabe también que le están preguntando por dos personas detenidas con armas de fuego. Ese mensaje tenía mucha importancia para dar dimensión de la estructura de la organización, que contaba entre sus vínculos con un alto jefe policial y con alguien de la fiscalía. Y el mensaje conecta en términos de evidencia a varios participantes del atentado al casino. En una ciudad con graves hechos de violencia hay que ver dónde se prefiere poner el eje. Claro que estas cosas hacen daño a la institución. Ahora hay que ver qué costos queremos pagar. La Auditoría del MPA iniciará una investigación sobre lo ocurrido y pidió la evidencia que obtuvimos. Lo que debemos determinar es si esto es un evento aislado u otra cosa. Como mínimo se presume un delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
—El ministro de Seguridad Marcelo Saín dijo que quien ofreció el dato tiene que ser un fiscal. ¿Les consta? ¿Deberá ser llamado a aportar pormenores?
—Lo que sugirió Saín, según entendemos, es que no se corte el hilo por lo más delgado. Que no termine esto mandando a un empleado al archivo. Veamos la conducta de Leonardo Peiti: cuando tiene que averiguar con un policía lo que pasó con los detenidos con armas le pasa el contacto a Cachete Díaz. Cuando tiene que hacerlo con alguien de la fiscalía llama él mismo y transmite la respuesta. Al contacto de mayor peso lo preserva. Si tiene un vínculo con la fiscalía, lo tiene con alguien con poder de decisión que, nos parece, es más propio de un fiscal que de un empleado. El texto del mensaje dice “La causa no la tengo yo” y menciona por su nombre al fiscal que la tiene (Aníbal Vescovo). ¿Por qué pensar que es un empleado? Además el que habla agrega “dejame ver cómo metemos un comentario ahí”. Nos parece que Saín habló desde el sentido común. Sería bueno preguntar a los empleados cómo se sienten cuando lo primero que se dice es que puede ser un empleado. La verdad es que no sabemos quién es. Pero trabajaremos para saberlo.
—¿El hecho de que esto haya ocurrido en enero facilita la pesquisa?
—Achica el universo de búsqueda porque en la feria muchas personas están desafectadas.
—¿Qué importancia tiene la red de casinos ilegales en esta investigación?
—Como estructura en sí la red de casinos es muy grande y permite a una organización violenta descubrir que puede hacer dinero por esa vía sin tener que tirar tiros. Se conoce porque hay muchas investigaciones de casinos en la provincia. El teléfono de (el ex jefe de Unidad Regional VI Alejandro) Torrisi en ese sentido es un libro abierto.
—¿Qué relevancia tiene Torrisi en el grupo? ¿Hay otros policías implicados?
—No se puede carecer de la venia de la policía para abrir un casino ilegal. Entendemos que Torrisi gestiona esas venias en los lugares donde Peiti quería poner un casino. Tendremos que dar rumbo a esta investigación a otra más enfocada a lo que hace la policía. Cuando Cachete abre sus casinos Torrisi gestiona el mismo servicio. Lo tiene agendado en su teléfono. Torrisi fue seguido por el Organismo de Investigaciones durante un mes. Conversa con un contacto (Esteban Quito) y le dice que tiene que hablar con el “Dos”. Presumimos que se refiere a un alto jefe policial. Está fotografiado entrando a Jefatura de Policía y también saliendo de casinos con un sobre bajo el brazo. ¿Por qué entra a Jefatura si no está en actividad? Tal vez porque estuvo mucho tiempo haciendo lo mismo. Hay una gran cantidad de indicios y evidencia directa.
—Un capitalista de juego sindicado en el grupo ya sufrió atentados. ¿Cuál es su rol? ¿Cambió su papel luego de haber sido atacado?
—Peiti tiene un arco de negocios vinculados al juego tanto legal como ilegal. Por mucho tiempo el Estado desde su capacidad de monopolizar la fuerza logró manejar esto. Cuando un miembro presunto de un grupo criminal (Los Monos) vio que aquí había un campo rentable en su favor le baleó el frente a su edificio y le dio a elegir: o pagás o no funcionás más. Eso fue un desafío a la policía, ya que el juego ilegal funciona porque tiene amparo policial. Entonces atacar a Peiti era meterse con quien le daba protección. Es muy notable cómo un grupo criminal le disputa con éxito una porción de negocio a la policía. No hay que mirar a Los Monos como en 2013. Varios fueron condenados por usar la violencia para copar territorio y hacer negocios. Pero después empezaron a funcionar en base a esa fama. A Peiti lo tirotearon una vez y luego empezaron a hacer negocios con él. Creemos que él se presentará a decir que es una víctima y seguramente lo fue. Pero últimamente operaba al servicio de esta organización. Por eso se ordenó su captura.
La auditoría del MPA ordenó una investigación
La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició un trámite preliminar para individualizar a la persona que pasó información desde adentro de una fiscalía a alguien que debe ser imputado por un delito. El hecho trascendió el jueves en una audiencia en la que acusaron a cinco personas por extorsiones en nombre de la banda de Los Monos, delitos que llevaron a desnudar el funcionamiento de una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario.
La responsable de la auditoría, María Cecilia Vranicich, abrió un legajo administrativo para que se establezca qué integrante del MPA pudo haber facilitado los datos que se encontraron en el teléfono de un imputado. La información indica que alguien aporta datos sobre la situación de dos personas detenidas con armas dos días antes del atentado a balazos al casino del 11 de enero que ocasionó el homicidio del apostador Enrique Encino.
La pesquisa de índole disciplinaria debe individualizar si se trató de un fiscal, de un empleado o un pasante. El trámite implicará para la auditoría producir diligencias propias y también nutrirse de las investigaciones de los fiscales que revelaron en audiencia los hechos.
En caso de que de las tareas de individualización se establezca que fue un fiscal, se examinarán las evidencias y se realizará un análisis de admisibilidad a fin de saber si el caso tiene la gravedad que actualmente se sospecha, con lo que la auditoría se inhibirá y remitirá las actuaciones a la Legislatura, que tiene el régimen disciplinario.
Si resulta que es un empleado el trámite es distinto, ya que el régimen disciplinario que se aplica es interno. Se designa un instructor para que realice una investigación y entonces es la auditora la que debe efectuar la acusación y el que decide la sanción es el fiscal general.
