El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para la
implementación progresiva del nuevo régimen de juzgamiento de delitos en la provincia de Santa Fe.
La iniciativa implica la preparación de la nueva estructura para los juicios que, al ser distintos
de los actuales, demandarán un programa de adecuaciones: leyes para hacer más eficaces los trámites
penales, dar más garantías a los acusados, otorgar participación a las víctimas en los procesos y
generar una estructura apta para que el nuevo régimen funcione, entre otros puntos.
Un punto destacado es que en la primera etapa de entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal se incorpora el juicio oral obligatorio para cuatro de los delitos de mayor
impacto social. Esto abarca los casos de homicidio calificado, tortura seguida de muerte, abuso
sexual seguido de muerte y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Los tres primeros por
prever como sanción la pena de prisión perpetua. El restante por la significación que se le quiere
dar a la persecución de delitos en la administración. La implementación ocurriría a 120 días de que
este proyecto se convierta en ley.
Lo que viene. En este primer lapso entrarán en vigencia aspectos nuevos del
nuevo sistema: las que dan participación de las víctimas en el proceso penal, a través de la
incorporación de la figura del querellante, el que define el principio de oportunidad para
distinguir cuáles son las causas prioritarias a tratar, el que define esquemas de juicio abreviado
para agilizar trámites.
También se pondrán en práctica los mecanismos nuevos que protejan los derechos
de las víctimas y de los imputados. Se define un esquema innovador para garantizar el nuevo régimen
de libertad durante el proceso.
Según explicó a este diario el ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti,
este primer escalón busca remover todas las normas que tiñen de inconstitucional al vigente sistema
de juicio escrito. El gobierno de Jorge Obeid, que impulsó el nuevo sistema de procedimiento penal
aprobado el año pasado, había previsto la entrada en vigencia el 30’ de junio de este año.
Pero eso la nueva gestión lo consideró materialmente imposible.
Cinco leyes. "Pero sí podemos hacer que entren a regir muchas cosas en esta
primera etapa", planteó Superti. La implementación progresiva, según el ministro, producirá una
transición de tiempo que permitirán desarrollar los programas de capacitación para los operadores
judiciales, el análisis y dictado de leyes necesarias para la plenitud del nuevo modelo y el
abordaje de todos los aspectos referidos a las estructuras, infraestructura y recursos
necesarios.
La segunda etapa prevé el envío al Congreso provincial de cinco leyes para su
tratamiento: la orgánica del Ministerio Público de la Acusación (fiscales), del Ministerio de la
Defensa Pública (defensores), la ley de protección a testigos y víctimas, la ley de organización de
Tribunales penales y gestión judicial y la ley de transición.
La tercera etapa es la de la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
La novedad
El nuevo Código Procesal Penal, sancionado el 16 de agosto pasado, termina con
el juicio escrito que ya no rige en ninguna otra provincia del país. El fiscal investiga y el juez
valora las causas (hoy este último concentra ambas funciones, lo que afecta su imparcialidad). Se
prevé mayor rapidez para los procesos.
