Santa Fe, entre las provincias con mayor litigiosidad laboral del país

La situación de Santa Fe en materia de litigiosidad laboral se consolidó como una de las más complejas del país, señala el informe “Estado de situación jurisdiccional de la litigiosidad” (abril de 2026), elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El índice de litigiosidad en la provincia se ubicó en 267,3 —muy por encima del promedio país de 175,1— y el sobrecosto por trabajador quedó en 263 dólares.

El informe actualizado a abril de 2026 revela que la provincia no sólo integra el grupo de jurisdicciones de alto riesgo, sino que además presenta niveles de judicialidad y sobrecosto que la ubican por encima del promedio nacional y de sus pares regionales. Con un índice de litigiosidad de 267,3 —muy por encima del promedio país de 175,1— y un sobrecosto por trabajador de 263 dólares, Santa Fe se posiciona como uno de los distritos más tensionados en términos de conflictividad judicial vinculada al trabajo. La combinación de ambos indicadores es la que define su clasificación dentro del nivel de “alto riesgo”.

El fenómeno no sólo se explica por la cantidad de litigios, sino también por su impacto económico. En 2025, el sobrecosto laboral total en la provincia alcanzó casi 163 millones de dólares, una cifra que refleja el peso creciente de los juicios en la estructura de costos del empleo formal.

Este escenario implica que, por cada trabajador, las empresas deben afrontar un costo adicional significativo derivado de la litigiosidad. En términos comparativos, Santa Fe supera claramente a otras provincias de la región centro: Córdoba presenta un índice de judicialidad de 138,1 y un sobrecosto de 177,9 dólares por trabajador, mientras que Entre Ríos registra 120,5 y 126,1 respectivamente.

La brecha evidencia que el problema no es homogéneo y que, dentro de una región con características productivas similares, Santa Fe aparece como el caso más crítico.

Un perfil de alta conflictividad

El informe de la SRT también aporta un dato cualitativo relevante: la composición de la litigiosidad. En Santa Fe, el 92,6% de los casos incluye rechazos, determinaciones de “0% de incapacidad” o situaciones no denunciadas previamente en el sistema.

Este indicador sugiere una fuerte presencia de litigios con componentes discutibles o especulativos, lo que incrementa la conflictividad y tensiona tanto al sistema judicial como al productivo. En otras palabras, no sólo hay muchos juicios, sino que una proporción significativa presenta características que complejizan su resolución.

La evolución histórica refuerza el diagnóstico. Santa Fe registra una trayectoria de alta litigiosidad desde hace más de una década, con picos que superan ampliamente los niveles actuales. Tras una caída transitoria en 2022, los indicadores volvieron a crecer y en 2025 alcanzaron nuevamente valores elevados.

En paralelo, la cantidad de juicios también muestra un incremento sostenido en los últimos años, consolidando una tendencia que preocupa tanto a actores empresariales como a organismos del sistema de riesgos del trabajo.

Impacto sobre el entramado productivo

El aumento de la litigiosidad no es un fenómeno aislado. Su impacto se extiende sobre el conjunto de la economía provincial, particularmente en sectores intensivos en empleo como la industria y los servicios. El mayor costo asociado a los juicios laborales se traduce en un encarecimiento del empleo formal, lo que puede desalentar la contratación y afectar la competitividad de las empresas. En un contexto económico ya marcado por la caída de la actividad y el cierre de firmas, este factor agrega presión adicional sobre el entramado productivo santafesino.

Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en la implementación plena del marco normativo vigente, que incluye la creación de cuerpos médicos forenses especializados y mecanismos más eficientes de evaluación de los casos.

En Santa Fe, ya se avanzó en la firma de un convenio marco y en acuerdos institucionales, aunque aún se encuentran en etapa de desarrollo medidas específicas para abordar el problema de fondo. El desafío, según se desprende del análisis, será reducir la litigiosidad sin afectar derechos, mejorando la calidad de los procesos y evitando distorsiones que encarecen el sistema.