Una mujer que estaba prófuga por el crimen de la jubilada María Isabel Pereyra, detenida la semana pasada cuando hacía visitas a un detenido en la cárcel de Francia al 4800, fue imputada como coautora del homicidio. Un caso por el que otros dos hombres se encuentran en prisión preventiva. Rocío G., de 25 años, fue implicada al igual que los otros dos acusados por la figura de homicidio calificado criminis causa, es decir cometido para garantizar un robo, que se pena con prisión perpetua.
La imputación se concretó el sábado en una audiencia ante el juez Gonzalo Fernández Bussy en el Centro de Justicia Penal. La mujer de 25 años es la tercera acusada por el asesinato de Pereyra, a quien atacaron a golpes entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre del 2023. Ese día, un nieto la encontró muerta luego de insistir en vano comunicarse por teléfono. Su abuela estaba sin vida boca abajo, en el pozo ciego del fondo de un terreno en la villa La Cariñosa.
La investigación a cargo del fiscal Patricio Saldutti no tardó en detectar que los atacantes eran vecinos que compartían con la víctima el mismo terreno de Vicente Medina al 4700 y que la atacaron para robarle electrodomésticos de escaso valor. Uno de los sospechosos fue detenido dos meses después y el otro quedó imputado el pasado 14 de mayo. Rocío A.G. estaba prófuga y la detuvieron la tarde del miércoles pasado.
La pesquisa determinó que la joven visitaba a un interno en la Unidad Penitenciaria Nº 6, de Francia al 4800. En ese lugar se apostaron policías que esperaron su llegada y la apresaron con una orden de captura. Desde allí fue trasladada a la sede de la Policía de Investigaciones, donde esperó la convocatoria a audiencia. En ese trámite reemplazó a Saldutti el fiscal Alejandro Ferlazzo, del equipo de Violencias Altamente Lesivas. Además del homicidio criminis causa le endilgó a G. un robo consumado. El juez dictó la prisión preventiva de la joven por dos años.
Un crimen entre baldíos
María Isabel Pereyra tenía 71 años, estaba jubilada y vivía en una casa humilde que alquilaba en la zona sudoeste de Rosario, en una angosta calle de tierra entre baldíos a la altura de Uriburu al 4700. La mujer se había radicado allí unos dos meses antes, en la parte posterior de un terreno que tenía otra vivienda al frente. Vivía sola con su perrito.
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El día anterior al hallazgo había estado con su familia en la celebración de la Navidad. El familiar que más la frecuentaba era al nieto que la encontró sin vida. Al llegar a la casa y tras descubrir el desorden típico de un robo escuchó el llanto del perrito que provenía del fondo del terreno. Se acercó y encontró a la mujer sin vida, boca abajo, en el pozo ciego.
La investigación arrojó que había sido asesinada a golpes para robarle una garrafa, un ventilador de pie, una pava eléctrica, un televisor de 32 pulgadas, un parlante de música con luces de colores, una billetera con documentos, tarjetas y dinero, un par de zapatillas y un celular. El fiscal considera que el crimen fue cometido con la finalidad de facilitar el robo y procurar la impunidad de los agresores, ya que eran personas conocidas de la víctima.
Para Saldutti, los tres agresores trasladaron el cuerpo hasta el fondo del terreno que compartían, lo descartaron en el pozo y lo taparon con ramas. En las primeras horas de la madrugada del 26 de diciembre se presentaron ante los vecinos de la zona y les ofrecieron los elementos robados.
De las tres personas con pedido de captura el primer en caer fue Gustavo Ezequiel C., de 30 años, detenido en febrero de 2024 en Villa Gobernador Gálvez. Hace dos semanas fue imputado Alejandro C. Los dos quedaron en prisión preventiva como coautores de un homicidio criminis causa cometido junto a la mujer imputada el fin de semana, cuya detención completa el cuadro de sospechosos por el caso.